Columna de Carmen Soza/ Responsabilidad penal adolescente: el problema no es la edad, es la eficacia

Hace unas semanas el país se conmovió con el asesinato de Alejandro Águila, de sólo 12 años de edad y quién fue víctima del violento robo del vehículo en el que viajaba junto a su padre y su tía. Durante la “encerrona”, realizada por una banda compuesta por varios asaltantes menores de edad, fue intimidado y luego de no lograr bajar del auto, fue arrastrado por más de 3 kilómetros. Lamentablemente, su caso no es el único, y poco a poco, nos hemos ido acostumbrando a robos cada vez más violentos protagonizados por adolescentes armados.

Los delitos que cometen no son de poca monta: entre los más ejecutados por menores se encuentran aquellos contra la propiedad (40,49%), tráfico y microtráfico de drogas (13,50%) y porte de arma de fuego y municiones (12,88%). Las estadísticas del poder judicial confirman lo anterior. Para agravar la situación, según cifras de la Fiscalía, los delitos de responsabilidad penal adolescente pasaron de 27.600 en 2022 a 34.756 en 2024, y solo en el primer trimestre de 2025 ya se habían registrado 6.330 nuevos ingresos.

De acuerdo con cifras del SENAME, la reincidencia en casos de delitos contra la propiedad es la más alta (36,8%), seguida por delitos de la ley de control de armas (33,1%) y del tráfico de estupefacientes (33,1%).

Como ocurre cada vez que un caso como el descrito conmueve al país, nos preguntamos si el actual sistema de responsabilidad penal adolescente es efectivo, y, si no lo es, cuáles son las razones del fracaso.

Si el sistema no funciona, ¿la única solución es bajar la edad de responsabilidad penal para que menores de 14 años sean imputables? Esta no parece ser la pregunta ni aproximación correcta, porque la solución no pasa por tocar el piso de los 14 años, sino  que por hacer que el sistema que ya existe funcione, prevenga y desincentive. El problema de la responsabilidad penal adolescente en Chile es esencialmente de efectividad.

La Ley N° 20.084 nació con un propósito legítimo: tratar a los infractores adolescentes conforme a su etapa de desarrollo, priorizando su reinserción por sobre el mero castigo, pero no disuade. Dentro de las principales falencias se encuentra un tratamiento en exceso benevolente, sólo justificado por principios que no se han actualizado ante el actual fenómeno de violencia y crimen organizado. Como nudos críticos es posible encontrar que hoy los delitos cometidos por adolescentes prescriben mucho antes que los de un adulto y que los jueces de garantía suelen rechazar la apelación verbal del Ministerio Público cuando se modifica una internación provisoria, lo que abre la puerta a fugas y libertades apresuradas.

Además, no se aplica la regla de concurso material, de modo que un adolescente que comete varios delitos en el mismo periodo no ve reflejada esa reiteración en su condena. Y, finalmente, que las condenas previas como adolescente simplemente desaparecen del radar cuando esa misma persona reincide siendo mayor de edad. No es un sistema severo que hay que suavizar por humanidad: es un sistema poroso que ni siquiera cumple su propia promesa de reinserción, porque el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil recién completó su implementación en enero de este año y todavía no tiene resultados que permitan evaluarlo.

El proyecto que el Senado aprobó en general esta semana —boletín 15.589-07— contiene cambios sensatos, como terminar con la rebaja automática de un grado en la determinación de la pena para los casos de los delitos más graves —homicidio, secuestro, violación con resultado de muerte, entre otros—, permite separar la investigación cuando participan adultos y menores en un mismo hecho, restringe la salida de imputados en internación provisoria mientras no quede firme la resolución que la revisa, y saca la irreprochable conducta anterior como atenuante para quienes ya fueron condenados por esos delitos. Pero, el proyecto todavía no aborda de frente y con la suficiente profundidad la reiteración delictual ni ofrece evidencia sobre si el nuevo servicio de reinserción está en condiciones de cumplir su parte. Endurecer la sanción sin hacerse cargo de asegurar la reinserción cubre solo una de las partes de la ecuación.

Ahí está el verdadero desafío, y también la trampa en la que no debemos caer. Es cómodo, y casi reflejo, pedir que un niño de 13 años responda como adulto cuando el país está indignado. Pero un Estado serio no se mide por lo rápido que reacciona a la conmoción, sino por si es capaz de construir un sistema que efectivamente disuada, sancione y reinserte. Bajar la edad de imputabilidad no resuelve nada de lo anterior: no se preocupa de por qué ese niño está delinquiendo, no fortalece su reinserción, no arregla la prescripción exprés, no habilita la apelación verbal, no sanciona la reiteración. Es, en el fondo, una salida simbólica que le ahorra al Estado el trabajo más difícil, que es hacer que las instituciones que ya tiene funcionen como corresponde.

Acá además debemos hacernos cargo del origen del problema, ¿porque hay tantos jóvenes delinquiendo? Parece ser un problema de debilitamiento de la familia, de falta de lazos y sentido de pertenencia, de ser vistos y valorados. En la fragilidad, el narco y las bandas criminales encuentran un terreno fértil para captar a niños que ven en ellos un camino alternativo al esfuerzo y un lugar propio, reconocimiento y acceso a bienes materiales. Muchos son meras marionetas que otros criminales utilizan aprovechándose de su inimputabilidad.

La muerte de Alejandro no puede convertirse en otro ciclo de indignación que se agota en un titular. Merece una respuesta seria: sanciones que efectivamente se cumplan, un sistema de internación provisoria que no deje escapar a quien debe responder, y una reinserción que por fin se mida por resultados y no por intenciones. Eso es responsabilidad. Lo otro es solo la ilusión de estar en movimiento y avanzando pero dejando la tarea a medio camino sin terminar.