Columna de Luis Cordero Vega: Locos y chiflados

El secretario de Estado de Estados Unidos ha reiterado en estos días sus críticas a la Corte Penal Internacional. Esta vez no se ha limitado a cuestionar la institución. En lo que constituye una descalificación personal -se refirió a los jueces como “locos y chiflados”-, ha convertido sus declaraciones y las acciones del Gobierno del que forma parte en actos de amedrentamiento directo a la función judicial. Ha indicado, además, que su propósito es “derribar” esta institución “ladrillo a ladrillo”.

Sus dichos no pueden ser considerados simples diatribas, porque detrás de esas palabras y de las acciones impetradas contra los miembros del Tribunal existe un propósito deliberado: terminar por destruir el consenso de los últimos 80 años, basado en el multilateralismo, los derechos humanos y el respeto a los principios elementales del Estado de derecho. En ello, paradójicamente, Chile ha cumplido un rol directo y también simbólico, porque durante largos años las razones del establecimiento de este tribunal han sido un tema presente en nuestras vidas, desde la escuela hasta la política.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la evidencia de los crímenes de la Alemania nazi, el mundo convergió en algunas cosas elementales. Por un lado, el respeto a la dignidad humana como elemento básico de convivencia; por el otro, la necesidad de juzgar los crímenes contra ella como asuntos en los que la humanidad en su conjunto es afectada, con independencia del país donde ocurran, lo que justificó la legitimidad de los juicios de Núremberg. Por último, el hecho de que eso solo es posible en la medida en que la paz, como expresión de protección de las reglas internacionales de convivencia común, sea un derecho garantizado de modo universal.

Por eso el mundo inició una etapa de acuerdos internacionales para proteger activamente esos derechos, reconocer que en la cooperación -incluida la económica- estaba la base de la prosperidad, de manera que solo respetando las reglas por sobre la fuerza se podía garantizar una paz permanente.

Durante largos años esos supuestos fueron defendidos y reivindicados. El sistema internacional también reaccionó cuando existió amenaza, y las experiencias traumáticas posteriores a la Segunda Guerra sirvieron como recordatorio permanente de que esos compromisos no podían erosionarse.

Los años noventa fueron un momento clave. La caída del muro, la recuperación de la democracia en diversos países -incluido Chile- y el reconocimiento de la justicia transicional como mecanismo para sanar las heridas se transformaron en momentos de desafío y esperanza. Pero a poco andar, la guerra de los Balcanes y la supresión del adversario mediante la negación de su dignidad nos recordó que la necesidad de una jurisdicción internacional permanente para juzgar los delitos de lesa humanidad era la mejor fórmula para proteger el compromiso colectivo contra los crímenes que lesionan la conciencia de la humanidad sin distinción de fronteras.

Esas son las razones que explican la promoción activa de la Corte Penal Internacional. Chile, a partir de su historia, fue uno de sus promotores y primeros signatarios. También explican por qué, pese a su importancia, muchos se opusieron, argumentando que implicaba una supuesta cesión de soberanía que forzó una reforma constitucional para hacer creíble nuestro compromiso nacional.

Desmontar los cimientos de estas ocho décadas -derechos humanos, multilateralismo y Estado de derecho- es volver a las reglas de un mundo donde la dignidad humana depende de la soberanía del país que puede imponer la fuerza; donde el universalismo de los derechos se ve desafiado por una nueva forma de justificar la jerarquía entre personas según el lugar donde se encuentren; y donde el adversario es fácilmente deshumanizado para validar su supresión sin ningún castigo.

En un mundo que se impone de ese modo no importan las reglas, solo vale la fuerza, y con ello se dan pasos para alentar cualquier matanza justificada simplemente sobre la base de un poder superior. Eso costó la vida de millones de personas en estas décadas y fracturó nuestro país hace poco más de cincuenta años.

Por eso el desafío a la Corte Penal Internacional para “derribarla” desde sus cimientos no es mera retórica geopolítica. Lo que genuinamente se está promoviendo es un mundo sin reglas, o más bien un mundo donde solo vale un tipo de regla, la de quien tiene la fuerza material, no la de quien respeta el Derecho.