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Una exministra que asegura haber sido “amarrada” por su propio gobierno revela algo más serio que una disputa entre colaboradores. Expone un problema de conducción política y en sus declaraciones expresó acusaciones que el Gobierno ha sido emplazado a aclarar. Sedini sostuvo que enfrentó un boicot interno, que recibió información equivocada desde Presidencia y que algunas de sus intervenciones fueron restringidas por funcionarios de La Moneda, que la emplazaron a actuar y ser “fome”.
La respuesta oficial ha consistido en bajar el perfil al episodio. Varios ministros dijeron no haber visto la entrevista y otros evitaron referirse a su contenido. Es una estrategia conocida. Cuando aparece una controversia, nadie sabe, nadie escuchó y las prioridades siempre están en otra parte.
El control de daños puede reducir la duración de una noticia, pero no resuelve el problema político. Tampoco despeja las dudas sobre cómo se toman las decisiones, quién ejerce realmente la autoridad y qué espacio tienen los ministros para plantear discrepancias dentro del gabinete.
Los ministros no son animadores de una campaña ni simples ejecutores de órdenes diseñadas por asesores que permanecen fuera del escrutinio público. Son autoridades de Estado. Administran recursos, conducen servicios, impulsan leyes y responden ante el Congreso y la ciudadanía. La Constitución establece que son colaboradores directos e inmediatos del Presidente, pero esa condición no los convierte en funcionarios mudos. La colaboración exige criterio, capacidad técnica y responsabilidad política.
Un buen ministro debe defender el programa del Gobierno, coordinarse con el resto del gabinete y respetar el liderazgo presidencial. También debe advertir cuando una decisión puede fracasar, cuando una información es incorrecta o cuando una medida tendrá costos que no han sido considerados. La lealtad política consiste precisamente en decir esas cosas a tiempo. Guardar silencio para conservar el cargo puede ser disciplina, pero difícilmente es responsabilidad.
El Presidente, por su parte, tiene derecho a elegir y remover a sus ministros. Lo que no puede hacer un gobierno es seleccionar figuras por su atractivo electoral, utilizar su personalidad durante una campaña y luego pretender que abandonen aquello por lo cual fueron convocadas. Las capacidades necesarias para ganar una elección no son idénticas a las requeridas para gobernar. La campaña premia la intensidad, la simplificación y la conexión emocional. El gobierno exige prudencia, conocimiento del Estado, coordinación y capacidad para procesar conflictos.
El caso Sedini también muestra los riesgos de los llamados segundos pisos cuando acumulan poder sin asumir responsabilidad pública. Los asesores presidenciales cumplen una función indispensable, pero no deberían sustituir a los ministros ni convertirse en un gabinete paralelo. El desbalance debilita a los ministerios y termina deteriorando la confianza dentro del propio Ejecutivo.
Sedini debe responder por sus errores y por las decisiones que adoptó mientras ocupó el cargo. El Gobierno, a su vez, debe aquilatar las prácticas internas que ella denuncia. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Chile necesita ministros que sepan gobernar, no figuras decorativas ni voceros de libreto. Autoridades con atribuciones reales, capaces de defender las decisiones colectivas y dispuestas asumir los costos. Un gobierno sólido no es aquel donde todos hablan igual. Es aquel donde las diferencias se procesan y donde quienes toman las decisiones también responden por ellas.
