Columna de Marco Moreno: La Moneda contra su propio ruido

Resulta llamativo que el principal triunfo legislativo del Gobierno haya obligado al Presidente a salir, apenas unas horas después, a defender políticamente su propio relato. La aprobación de la megarreforma debía marcar el comienzo de una nueva etapa para la administración de José Antonio Kast. Sin embargo, antes de que La Moneda pudiera instalar la idea de un gobierno que deja atrás la instalación y entra en una fase de gestión, el oficialismo volvió a poblar la agenda con debates distintos. La victoria legislativa quedó rápidamente rodeada de ruido político.

Ese ruido explica mejor que cualquier otra cosa la cadena nacional del miércoles. Más que celebrar la aprobación de la megarreforma, el Presidente buscó recuperar la iniciativa. El anuncio de una reforma constitucional para elevar la seguridad pública a rango constitucional no sólo incorporó un tema nuevo. Intentó volver a fijar las prioridades del Gobierno en un momento en que distintos sectores de su propia coalición comenzaban a disputar cuáles debían ser esas prioridades.

No fue casual. En pocos días aparecieron iniciativas que desplazaron el foco hacia una agenda identitaria: el proyecto “Escucha a tu corazón”, la carta firmada por 60 parlamentarios solicitando evaluar indultos particulares para funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos tras el 18 de octubre de 2019, además de otras propuestas que respondían más a las identidades de los partidos que a la estrategia del Ejecutivo.

Lo interesante es que el problema no parece ser de disciplina partidaria. Es otro. Lo que comienza a tensionarse es la capacidad del Gobierno para definir cuáles son las prioridades de la conversación política. En comunicación gubernamental existe una diferencia importante entre tener una agenda y lograr que esa agenda sea también la del país. Aprobar una ley ayuda a lo primero; conducir la conversación pública es lo que permite alcanzar lo segundo.

Toda alianza de gobierno convive con diferencias internas. Lo novedoso es que esas diferencias ya no permanecen dentro de las reuniones de coordinación, sino que buscan instalarse directamente en la agenda pública. Cuando eso ocurre, el gobierno deja de competir únicamente con la oposición. También comienza a competir con las prioridades comunicacionales de sus propios aliados. El riesgo no consiste en que existan discrepancias, sino en que la conversación política termine organizada por agendas paralelas.

Las reuniones que Kast ha sostenido durante las últimas semanas con dirigentes y parlamentarios oficialistas pueden leerse precisamente desde esa perspectiva. No fueron sólo encuentros para contener diferencias. Buscaron restablecer una jerarquía política: que sea La Moneda, y no los partidos, la que determine cuáles son los temas que ordenan la acción del gobierno. En definitiva, reinstalar una idea básica de toda administración presidencial: que la agenda de gobierno aspire a convertirse en la agenda del país.

Al mismo tiempo, comienza a aparecer otra transformación que probablemente tendrá efectos más duraderos. La política chilena está cambiando de escenario. Durante años  -y los primeros meses de la actual administración no hacen sino confirmarlo- la principal tensión enfrentó al gobierno con la oposición. Hoy esa lógica empieza a convivir con otra muy distinta: la creciente tensión entre las prioridades nacionales y los intereses territoriales.

La controversia entre parlamentarios oficialistas del Biobío y el ministro de Hacienda, por la decisión de congelar los corredores de transporte público para el Gran Concepción es una buena ilustración. Formalmente no existe un conflicto entre gobierno y oposición. Existe un conflicto entre una decisión adoptada desde el nivel central y actores políticos cuya legitimidad está anclada en el territorio. Lo mismo ocurre cada vez con mayor frecuencia con alcaldes y gobiernos regionales, cuyos incentivos ya no coinciden necesariamente con las prioridades del Ejecutivo, aun cuando pertenezcan a su misma coalición.

Esta territorialización del conflicto está modificando silenciosamente la gobernabilidad. Los gobiernos ya no negocian sólo con partidos políticos. También deben hacerlo con liderazgos territoriales, bancadas regionales y autoridades locales que poseen capacidad para alterar las prioridades nacionales. La disciplina partidaria pierde eficacia cuando la legitimidad electoral comienza a organizarse desde los territorios.

Cinco meses después de asumir, el desafío de La Moneda ya no parece ser únicamente conseguir votos para aprobar sus proyectos. La megarreforma demostró que aquello es posible. El problema comienza después: mantener la autoridad suficiente para ordenar la conversación política que sigue a esas victorias.

Al final del día queda claro que gobernar no consiste únicamente en producir decisiones. También exige conservar la capacidad de definir cuáles son las prioridades públicas. Cuando esa capacidad empieza a dispersarse entre partidos, parlamentarios y territorios, el problema deja de ser simplemente de coordinación. Empieza a convertirse en un problema de liderazgo político.