“Dañan la institucionalidad”: el portazo de Guillermo Ramírez y la UDI a las reformas constitucionales de seguridad

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, fijó la posición de la colectividad frente a los proyectos impulsados por el gobierno en materia de seguridad, advirtiendo que las propuestas constitucionales sobre la mesa terminan por erosionar la institucionalidad del país.

En conversación con La Tercera, Ramírez recalcó que “la institucionalidad está por sobre cualquier gobierno”. Asímismo, afirmó que “no conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar”.

“La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente. También así fue como se fue fraguando la reforma agraria”, añadió.

En ese sentido, el presidente de la UDI recordó que “primero, el presidente Alessandri estableció que, excepcionalmente para estos casos, no era necesario pagar al contado, sino que se podía diferir el pago de los terrenos que fueran expropiados, y luego en el gobierno de Frei Montalva se estableció la excepción para predios de un cierto valor. Así, finalmente, las normas constitucionales que protegían la propiedad privada terminaron siendo inaplicables y, por lo tanto, eran imposibles de contener esta reforma agraria”.

“En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, recalcó.

Los cuestionamientos de la UDI

Consultado sobre qué daña la institucionalidad, Ramírez aseveró que “hay reformas constitucionales que se tienen que hacer, como por ejemplo el establecimiento de un nuevo estado de excepción. Eso se hace en la Constitución y sobre eso no tenemos objeción”.

“La discusión acerca de las facultades que puedan tener las distintas instituciones del Estado tampoco me representa un problema. El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional. Por ejemplo, en el nuevo artículo 9 bis que se propone, o en el inciso adicional en el 19 número 2, se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado. Si tú pones eso en la constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en la Constitución y que transforma a la Constitución en un elemento extremadamente vulnerable”, indicó.

En ese sentido, Ramírez añadió que “si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿Qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación y nacionalización de los fondos de pensiones? Cuando tú estableces en la Constitución excepciones que son de orden legal, abres una puerta para que la Constitución termine siendo igual que la del 25, una Constitución ineficaz, capaz de detener o de contener iniciativas políticas contingentes que van en contra de los principios de la Constitución”.

“Algo parecido ocurrió con los retiros de fondos de pensiones, que a través de una norma de carácter transitoria se permitió algo que claramente estaba prohibido por la Constitución por ser de iniciativa exclusiva del Presidente”, acusó.