Resistencia a las reformas constitucionales de seguridad de La Moneda ponen bajo la lupa el rol del ministro Segpres, José García Ruminot

Una seria advertencia han levantado senadores oficialistas durante esta semana: no están los votos para sacar adelante las reformas constitucionales que el Gobierno impulsa como parte de su agenda de seguridad.

El cálculo responde a que las modificaciones a la Constitución impulsadas por La Moneda —entre ellas, la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública y la inhabilitación a sentenciados por crimen organizado y terrorismo para recibir beneficios públicos durante la pena y hasta 15 años después— han levantado serios reparos dentro de la derecha, lo que pone cuesta arriba el alcanzar el quorum de 29 votos (4/7).

Pero el malestar no ha respondido solo al contenido del proyecto, sino también a la estrategia legislativa que ha impulsado La Moneda para sacar adelante una agenda que cuenta con altos niveles de aprobación ciudadana, según las encuestas.

Primero, en los partidos reconocen que no ha existido un mayor trabajo prelegislativo para conocer las directrices de la iniciativa, lo cual, dicen algunos, habría evitado que partidos como la UDI —que se ha autodenominado como la colectividad más leal al Gobierno— hayan advertido que no estarían sus votos si las reformas constitucionales se presentaban tal como se explicaban en los borradores que circularon en los días previos a la presentación del proyecto.

Precisamente, el método de hacer circular borradores y minutas que provenían de la Segpres fue algo que no gustó entre senadores del sector, donde se incluían materias que encendían serias alarmas como la restricción de prestaciones de salud a los condenados por delitos graves, además de cuestiones que, a juicio de la UDI, abrían la puerta a que en el futuro un gobierno de izquierda pudiera expropiar los fondos de pensiones, como manifestó el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, en una entrevista en La Tercera.

Respaldos en duda en materia clave para La Moneda

La compleja situación del sector, así, ha terminado por poner bajo la lupa el rol que ha jugado el ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), encargado de llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, y de velar por el cumplimiento de los compromisos programáricos del Gobierno.

En sectores del oficialismo cuestionan que las medidas propuestas hoy conciten menos respaldo que los 26 votos que habitualmente suele tener el gobierno, dado el desmarque que han planteado senadores como el timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, o los ex-Demócratas Matías Walker y Miguel Ángel Calisto.

Las reformas, asimismo, tampoco convencen a los libertarios —la senadora Vanessa Kaiser ya manifestó que no pretende dar su voto— ni al PDG, que solo tiene representación en la Cámara.

La propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad púbica, que implica una restricción de libertades por 120 días prorrogables por 120 más (ocho meses en total) también ha abierto serias dudas, tanto de Walker, que lo calificó como demencial, como del presidente de los libertarios, Johannes Kaiser, que lo consideró excedido.

“Ha habido 26 voto parejos en general para las votaciones del gobierno y creo que acá no está juntando ni siquiera los 26 propios”, comentó esta mañana Cruz-Cuke, en conversación con Radio Duna.

Fue ahí donde el legislador además reveló que ayer mantuvo una conversación con el ministro García Ruminot para consultar qué había pasado con el trabajo prelegislativo en el caso de las reformas constitucionales. “Hablé ayer con Pepe García, le pregunté qué estaba pasando en el trabajo prelegislativo y me dijo que no había pasado por Segpres. Lo vio aparentemente el Ministerio de Seguridad (liderado por Martín Arrau). Falta más diálogo con los parlamentarios propios”, mencionó el representante de Evópoli.

En los partidos, precisamente, hay quienes consideran que la reforma ha estado encapsulada en el MInisterio de Seguridad y que ha faltado un mayor contrapeso a las propuestas que han considerado como propias de una agenda más dura y más identificada al Partido Republicano.

En la Segpres, no obstante, afirman que el ministro García sí estuvo involucrado en la coordinación del proyecto y recalcan que este pasó por la cartera. De hecho, la reforma tiene la firma del propio secretario de Estado.

La iniciativa, complementan, se abordó en los dos últimos comités políticos ampliados de La Moneda, donde el Gobierno entregó las directrices de los proyectos que estaban en elaboración. Aunque en los partidos insisten en que faltó un mayor diálogo y claridad del contenido.

Anteriores episodios con reparos al rol de García Ruminot

De todos modos, no es primera vez que la Segpres queda en la mira del sector. Ya hace unos días, cuando el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Jorge Quiroz (Hacienda) se enfrentaron públicamente por el desconocimiento del primero del ingreso de un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugar un aspecto de la megarreforma, el papel de la cartera liderada por García quedó en entredicho.

Esa vez, tanto desde Hacienda como desde Interior apuntaron a que Segpres también pudo haber comunicado de la firma del requerimiento a Alvarado, quien quedó en una situación de debilidad y fue apuntado por la oposición.

Otro momento en que se cuestionó su papel fue cuando el Gobierno debió postergar la votación del informe de la comisión mixta sobre las compensaciones a los municipios en el marco de la megarreforma, luego de que solo horas antes de la sesión de Sala se comprobara que La Moneda no tendría los votos para visar el texto, debido a las ausencias y reparos de la UDI. “El Gobierno no había contado los votos en la mañana”, dijo esa vez el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri.

En sectores oficialistas, en esa línea, sostienen que García no lograría imponerse entre los ministros del comité político y varios sostienen que este “no ronca” dentro de La Moneda.

En RN, en cambio, defienden que el exsenador ha jugado un papel esencial para conciliar posiciones con sectores de la oposición y ampliar el respaldo legislativo de la agenda del Gobierno.

El lunes, de hecho, la presidenta de RN, Andrea Balladares, fue consultada en Tele13 Radio por las críticas que han surgido contra el ministro. “No concuerdo con aquellos que han tratado de echar la culpa al ministro José García. Ha sido un gran ministro y hace ese trabajo de coordinar y de escuchar al resto de los ministerios sectoriales, porque obviamente hay una discusión de los ministerios que están en el comité político, que es más de contingencia y día a día”, dijo.

La senadora añadió que “la Segpres ha hecho un trabajo” y destacó que “la forma y personalidad del ministro García ha ayudado a conseguir esas mayorías que se necesitan hoy en el Congreso”. Y remató: “Aquellos que tratan de echarle la culpa a veces creo que son malintencionados”.