Quién es Juan Pablo Rojas, el “Joker del CAE”, el defensor de morosos del crédito estudiantil que llevó a 15 mil personas a su “Plan Moratorio”

Juan Pablo Rojas creó “Defensa Educación” en 2018, un estudio jurídico que ofrecía servicios para defender a los clientes que dejaran de pagar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Cómo deshacerte del CAE en cuatro pasos”, “Ya puedes dejar de pagar el CAE”, “Se atrevió, confió y se liberó”, decía una de las múltiples publicaciones de la empresa en redes sociales. Aseguraban que no pagar no tendría consecuencias, y en caso de tenerlas, el estudio los defendería. A los clientes se les afirmaba que no entrarían en DICOM, ni tendrían problemas para pedir otros créditos.

El “Plan Moratorio” tenía un costo de $380 mil. Una opción era pagarlo con un pie de $50 mil y nueve cuotas, o pagarlo al contado con una oferta de $350 mil.

Sin embargo, el escenario cambió cuando este año la Tesorería General de la República (TGR) empezó a ejecutar el cobro de lo adeudado, llevando a vaciar las cuentas o embargar los bienes de algunos morosos, incluso, de quienes pagaron los más de $350 mil para evitarlo.

Una investigación de BíoBio Chile recoge las denuncias y reclamos por incumplimientos de contrato del estudio de Rojas, donde alegaban haber quedado sin representación y sin respuestas mientras tenían causas judiciales abiertas.

Quién es Juan Pablo Rojas

Rojas estudió Criminalística en la Universidad Tecnológica Metropolitana, antes de estudiar derecho. En una entrevista con Emol en 2024 aseguró que se sentía “estafado por la educación”, y estudió “la politización del endeudamiento de los créditos universitarios” y se volvió un activista en la materia, como deudor.

Como activista obtuvo su momento de fama en 2018, cuando se enfrentó al exministro de Educación, Sergio Bitar y al exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en una sesión de la Cámara Baja que tenían ambos ministros con otras autoridades para revisar la aplicación del CAE. En ese entonces era estudiante.

Ese mismo año creó su página web y consolidó al equipo jurídico de “Defensa Educación”.

“Somos la única empresa LegalTech chilena que diseñó una solución especializada para nuestros 15.000 clientes deudores del CAE. Conectamos revisión documental, análisis de datos y defensa técnica para que puedas entender tu deuda antes de firmar o pagar”, se lee en su página web.

El proyecto nació, según ha explicado el propio Rojas, de su experiencia como deudor y activista, con la intención de ofrecer una defensa jurídica especializada frente al CAE, el Fondo Solidario y otros créditos universitarios. Con el tiempo, el estudio incorporó entre sus estrategias la búsqueda de la prescripción de las deudas y promovió planes que requerían que sus clientes dejaran de pagar.

Según sus propias cifras, al menos 15 mil personas se unieron a su causa. Eso significó contratar sus servicios y por supuesto, dejar de pagar el préstamo al banco. Según consignó a Emol hace dos años, sus clientes son personas de clase media que se tuvieron que endeudar con el CAE para estudiar.

“Mayormente mujeres, porque a ellas la deuda las ataca de peor forma que al hombre; muchas son jefas de hogar, tienen hijos, son trabajadoras. También tenemos clientes que están en el extranjero, en general, personas que tienen rabia, incluso algunas te dicen que se arrepienten de haber estudiado en la universidad”, dijo.

El problema hoy es que sus clientes alegan no tener noticias de él desde el año pasado, el mismo año que las redes sociales del estudio dejaron de estar activas. En agosto del 2025, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lo ofició después de recibir una veintena de reclamos de consumidores por presuntos incumplimientos de los contratos de servicios jurídicos.

“Contraté hace unos meses a la empresa Defensa Educación para que me representara ante una demanda en mi contra por el no pago del CAE. Me llegó un correo por parte de algunos trabajadores que dicha empresa no les pagaba hace meses ni sueldos ni cotizaciones, por lo que la abandonaron, dejando a la deriva TODAS las causas a los que ellos están representando, incluyendo la mía. Pagué lo que se supone fue la totalidad de su servicio de $700.000, sin embargo, en pleno proceso quedé a la deriva”, dice uno de los testimonios que recogió el Sernac.

Sus redes sociales, las que acumulan más de diez mil seguidores, están llenas de comentarios con insultos, llamándolo “estafador”.

Ante las consultas de BioBio sobre la falta de respuesta a sus clientes, Juan Pablo se limitó a señalar que ahora existen nuevas interrogantes: “No queremos que nuestros clientes enfrenten una cobranza discutiendo a ciegas. Queremos que tengan sus documentos, su reconstrucción financiera y una herramienta concreta para ejercer sus derechos antes de que sus recursos puedan verse afectados”.