Por qué las empresas de electricidad y gas dicen que plazos de nueva norma de reconexión en medio de una catástrofe son imposibles de cumplir

Con bastante preocupación están mirando las empresas de servicios básicos, el nuevo artículo del proyecto de ley de reconstrucción que los obliga a reponer el suministro entre 24 a 48 horas, a clientes con deudas cuando sucede una catástrofe.

Una de las razones para esta inquietud es que la norma es muy general y no quedó incorporado en los artículos transitorios un espacio para elaborar el reglamento que defina los aspectos operativos. Tal como está, empezaría a regir el día en que se publique la ley y si hay una catástrofe enfrentarían la complejidad entre cumplir esta obligación o cumplir leyes anteriores que los obliga a priorizar lugares de emergencia como hospitales.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento del gobierno que pedía declarar la inconstitucionalidad de esta norma, y por ello es parte del articulado de la megarreforma.

Además el gobierno cerró la puerta a enviar un proyecto que materialice la operatividad de este artículo. “Fue una decisión del gobierno presentar el requerimiento, no fue acogido, fue fallado en contra y nosotros respetamos y acatamos el fallo. Hoy día el Tribunal Constitucional zanjó una discusión y no son los tiempos para iniciar un nuevo debate”, acotó el biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

Veamos por parte, cómo funcionan las reposiciones en los casos de la electricidad y del gas.

Reponer gas en 48 horas: “no es técnicamente practicable”

“Considerando que los medios requeridos de personal y equipamiento serían cuantiosos, junto con las restricciones de movilidad propias de la catástrofe en sí misma, no sería posible cumplir con el plazo requerido. Estos trabajos restarían tiempo para apoyar a otros consumidores que pudieran requerir ayuda más urgentemente en casos de catástrofes, como son los hospitales, hoteles o en general edificios de refugio de personas o edificios derrumbados”, indica un informe técnico de Gamma Ingenieros que la Asociación de Gas Natural incluyó junto al Téngase Presente ante el TC.

El documento detalla los pasos a seguir cuando un cliente normal debe ser reconectado:

1. Coordinar la presencia de un adulto en el inmueble y considerar si se realizaron intervenciones o modificaciones que afectaran la instalación.
2. El técnico debe observar el estado de sellos, medidor, regulador, válvulas, tuberías, flexibles, artefactos y ventilaciones.
3. Antes de abrir el suministro debe comprobar que las válvulas de los artefactos estén cerradas, que los puntos sin artefactos se encuentren sellados, y verificar la estanquidad de la instalación y realizar una prueba de hermeticidad.
4. Si existen sospechas o evidencia de fuga, no puede reanudarse el abastecimiento sin comprobar su ausencia.
5. Abrir gradualmente la válvula de servicio verificando que no exista escape de gas revisando conexiones. La orden de trabajo debe registrar mediciones, instrumentos utilizados y anomalías detectadas.

Todos estos pasos se exacerban ante situaciones de emergencia como sismos, inundaciones, derrumbes o incendios. “Por normativa se exige considerar resistencia y flexibilidad especiales frente a sismos, clima severo, inestabilidad e inundación, y se prohíbe reponer el servicio ante sospechas de fuga de gas”, remarca el informe indicando que en reposición masiva por catástrofe, las verificaciones deben ejecutarse casa por casa.

La prioridad en caso de una catástrofe para estas empresas es atender primero las eventuales fugas, posibles focos de inflamación y reparaciones de la red (emergencias), priorizando la continuidad del servicio en hospitales, cárceles, albergues y clientes que se encuentren al día.

Recuerdan que para el terremoto del 27 de febrero de 2010, se realizaron cortes preventivos de gas en las regiones Metropolitana y Valparaíso afectando a más de 46.500 clientes, tardando entre tres semanas y cuatro meses en reponer el servicio completo de gas, movilizando a más de 70 equipos de trabajo con turnos de día y noche los siete días de la semana. En ese tiempo no era obligatoria la presencia de un adulto para efectuar la reposición del servicio, “por lo cual, probablemente, en la actualidad, los tiempos de reposición podrían ser mayores”, acotan.

“Por estas razones, plazos acotados de 48 horas como establece la norma podrían ser viables para reposiciones simples y no masivas. No es técnicamente practicable como plazo perentorio e indiferenciado para todos los casos. Exigir dicho resultado dentro del mismo plazo puede poner a la empresa de distribución de gas ante una alternativa incompatible con la seguridad, incumplir el tiempo o generar riesgos al habilitar un suministro cuya condición no ha podido comprobarse objetivamente”, concluye el informe.

Eléctricas: “plazos materialmente imposibles”

En tanto el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas (AG), Juan Meriches, señala los tres problemas concretos que observan en la nueva normativa.

Primero, con los plazos impuestos para que la empresa reponga el servicio a los deudores se puede retrasar la reposición a quienes realmente perdieron el suministro por la catástrofe. “En una emergencia, las mismas cuadrillas que están reparando postes, líneas y transformadores para devolver la electricidad a miles de hogares deberán destinarse también a reconexiones individuales, incluso de suministros que estaban cortados desde antes” sostiene.

Lo segundo, comenta que la norma “impone plazos que son materialmente imposibles y que pueden poner en riesgo a las personas. Exige reconectar en 48 horas aunque haya caminos cortados, redes destruidas, zonas inundadas o instalaciones que todavía no sean seguras. Después de un terremoto, un tsunami o un incendio de gran magnitud, forzar una reconexión por cumplir un plazo puede poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los propios usuarios”, indica.

Y en tercer lugar resalta que no se puede abordar las catástrofes como si fueran todas iguales: “la regulación vigente permite adaptar la recuperación del servicio a la magnitud del evento y al estado real de las redes. Esta norma reemplaza ese criterio técnico por un plazo único y rígido, independientemente de si se trata de una interrupción menor o de infraestructura completamente destruida”.