“Yo mismo me voy a encargar de que quedes sin dedos por sapo”: El hombre que “sin querer” destapó la Operación Ámsterdam y ahora recibe amenazas de muerte

William Vásquez, director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, salió de su casa en Coyhaique con miedo. En su celular guarda capturas de pantalla donde le prometen “dejarlo sin dedos”, donde alguien le avisa que ocupa el quinto lugar de una “lista negra” y donde un grupo de Facebook publica su fotografía bajo el título: “Aquí está el que sapeo al dispensario de Coyhaique”.

Vásquez no es un simple actor de la Operación Imperio Ámsterdam, la megaindagatoria que en agosto detuvo a más de 40 personas (entre ellas el chico reality Camilo Huerta) por presunto tráfico de marihuana a través de dispensarios medicinales. Es, según su propia versión, lo informado ayer por Mega y según una querella que el Juzgado de Garantía de Coyhaique acaba de declarar admisible, el hombre al que la prensa señaló como el origen involuntario de todo el caso. Y asegura que ese origen fue fabricado.

Antes de convertirse en el hombre señalado como el origen de la Operación Ámsterdam, era el director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, una entidad sin fines de lucro constituida en mayo de 2023 en Coyhaique, cuyo objeto estatutario es colaborar con el tratamiento de patologías y la calidad de vida de sus asociados mediante el uso de plantas medicinales. Su defensa remarca, además, que Vásquez ha ejercido públicamente como presidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de SENDA en la Región de Aysén, el organismo estatal a cargo de las políticas de prevención del consumo de drogas.

Ese mismo mes, la corporación firmó con la empresa Má Botanics SpA –titular de una autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para producir y comercializar flores de cáñamo con bajo contenido de THC– un contrato de abastecimiento, un acuerdo de confidencialidad y recibió una ficha técnica con análisis de laboratorio que certificaba el bajo nivel de tetrahidrocannabinol del producto. Toda esa documentación, dice la querella, acredita “el carácter lícito y regulado de la actividad desarrollada” por Vásquez.

Lo que dice haber dicho a Carabineros

Es en ese contexto donde, según el relato de la querella, Vásquez concurrió voluntariamente en agosto de 2024 a la Sección OS7 de Carabineros de Aysén.

Asegura, no fue a denunciar nada: quería hacer consultas administrativas sobre su proyecto de dispensario medicinal, las coordinaciones que había iniciado con la Municipalidad y el Servicio de Salud de Aysén, y la viabilidad regulatoria del abastecimiento contratado con Má Botanics. En esa reunión, sostiene la querella, entregó voluntariamente sus datos de contacto y antecedentes de su actividad.

La querella es categórica: “En ningún momento formuló una autodenuncia ni una denuncia, ni tampoco relató hechos constitutivos de delito en que él o terceras personas tuvieran participación alguna”.

“Le creemos al querellante porque hemos solicitado la denuncia en reiteradas oportunidades a la Fiscalía y al tribunal, sin que nos haya sido entregada. Si la denuncia supuestamente entregada por él al funcionario Ardiles, ya nos la habrían entregado”, indica la abogada de uno de los socios de MA Botanics Spa, Rocío Berríos.

Cuatro días después de esa visita, el 26 de agosto de 2024, el OS7 remitió a la Fiscalía Local de Coyhaique el Oficio Reservado N° 311, firmado por el suboficial Daniel Hidalgo Garcés y el capitán Pablo Ardiles Herrera. El documento dice que Vásquez “sostuvo una entrevista con el citado oficial para hacer entrega de una denuncia en relación a posible infracción a la Ley de Drogas”, y que él mismo habría afirmado que obtendría marihuana desde Má Botanics “para su posterior cultivo en la ciudad de Coyhaique”.

Ese oficio, según la querella, fue el punto de partida de la causa RUC 2401010514-1 en la Fiscalía Local de Coyhaique, que derivó en interceptaciones telefónicas y seguimientos contra el propio Vásquez y su pareja, y que terminó convertida en la Operación Ámsterdam con Andrés Astorga como uno de sus líderes.

Vásquez niega ambas afirmaciones del oficio: dice que nunca entregó una denuncia y que nunca dijo que fuera a cultivar nada. Su defensa argumenta además que el producto que compraba –flores de cáñamo con bajo contenido de THC, certificadas por un laboratorio– no era apto para propagación, por lo que la acusación de “cultivo” no tendría sustento ni siquiera en sus propios términos.

Sobre esa base, la querella acusa a los firmantes del oficio de falsificación de instrumento público cometida por empleado público, en tres de sus modalidades: suponer la intervención de una persona en un acto que no realizó , atribuirle declaraciones distintas a las que hizo y faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales.

 El texto de la querella lo resume así: la conducta “reviste especial gravedad por cuanto ha operado como fundamento de una investigación penal que ha afectado la vida, la libertad y la honra no sólo de mi representado sino de decenas de personas ulteriormente formalizadas” en la Operación Ámsterdam.

Para Bonnie Amaro, directora de la clínica FarmaCannabis y conocedora del funcionamiento de los dispensarios medicinales, el punto relevante no es dar por acreditada la acusación de Vásquez, sino esclarecer cómo se construyó el antecedente que terminó dando origen a una investigación de esta magnitud.

—Una querella admitida no demuestra que un funcionario haya falsificado un documento, y sería irresponsable afirmarlo hoy. Pero si existe una controversia seria respecto del antecedente que habría originado una investigación de esta magnitud, corresponde reconstruirlo: saber quién generó la información, qué se dijo originalmente, qué quedó registrado, quién la recibió y qué diligencias posteriores dependieron de ese antecedente. Eso no debilita a las instituciones, las fortalece —señala.

“Por sapo”: la escalada en redes sociales

La querella agrega un segundo capítulo, distinto pero encadenado al primero. En agosto de 2026 –dos años después de su visita al OS7– varios medios publicaron notas que identificaban a Vásquez por su nombre completo como la persona cuya información “dio origen” a la Operación Ámsterdam. 

La querella cita, entre otros, al Diario La Segunda, cuyo director habría reconocido por escrito que las publicaciones “usaron el material oficial de la indagación”.

Fue esa exposición pública, sostiene la querella, la que detonó una campaña de acoso y amenazas que su defensa describe como coordinada. El 5 de septiembre, en el grupo de Facebook “Feria de las Pulgas Coyhaique”, un usuario –tras individualizar a Vásquez por su nombre y su apodo, “Colorín”– escribió que se encargaría personalmente de dejarlo “sin dedos por sapo” y de grabarlo “de rodillas pidiendo perdón”. El mismo mensaje menciona a la familia de Vásquez como posible blanco.

El mismo día, en el grupo “Funas Aysén”, otro usuario publicó una fotografía identificatoria de Vásquez bajo el título “Aquí está el que sapeo al dispensario de Coyhaique”; la publicación acumuló 77 comentarios en dos horas, varios de ellos reportando su ubicación física en la calle. 

Por Facebook Messenger, un contacto identificado como “Eduardo” le advirtió que “72 wns presos te van a ir a buscar. Por sapo”; otro, bajo el nombre “Jhon karter”, le anunció que integraba una “lista negra” en el quinto lugar. En Instagram, cuentas como “cahuinpublico” y “angellobragazzi” repostearon las notas de prensa con leyendas como “El sapo es de #Coyhaique” y “Cae el primer sapo”.

La querella pide que se oficie a Meta Platforms para identificar a los responsables de esas cuentas y publicaciones, que se preserve la evidencia digital antes de que sea eliminada, y que se otorguen medidas de protección para Vásquez y su grupo familiar en virtud del artículo 78 del Código Procesal Penal. Como consecuencia directa de las amenazas, sostiene el escrito, Vásquez debió abandonar su residencia habitual en Coyhaique y permanece fuera de la Región de Aysén.

La pelea por sacar el caso de Aysén

La querella no se limita a pedir que se investigue el oficio y la filtración: también solicita al fiscal nacional Ángel Valencia que use la facultad excepcional del artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para sacar la investigación de la Fiscalía Regional de Aysén y entregársela a otra región. El argumento central es un conflicto de interés estructural: la Fiscalía Regional de Aysén, dirigida por Hernán Libedinsky, es la misma que validó las diligencias construidas sobre el oficio ahora cuestionado, por lo que investigar su propio origen implicaría, según la defensa, una “autoinvestigación institucional”.

“De llegar a comprobarse los hechos sería gravísimo porque tendríamos que la investigación es ilícita desde su origen. Lo que debería conducir a la exclusión de prácticamente la totalidad de las evidencias derivadas de la supuesta denuncia a la que se refiere el oficio 311 del OS-7 de Aysén”, añade la abogada Berríos.

A eso suma dos argumentos adicionales: que las diligencias necesarias –auditorías a los sistemas del Ministerio Público, indagatorias a medios de comunicación con sede en Santiago– exceden el territorio de una sola región, y que existe un precedente reciente en que la propia Fiscalía Nacional aplicó el artículo 19 en un caso de alta connotación pública. La querella no acusa directamente a Libedinsky de haber fabricado el oficio, pero advierte que su actuación “también podría quedar en entredicho” si se comprueba que el antecedente que sustentó gran parte de la Operación Ámsterdam estaba contaminado desde su origen.