Entre ellas, una persona con discapacidad: los otros casos de “despidos injustificados” del Gobierno de Kast que la Justicia ordenó rectificar

Distintas resoluciones judiciales han llegado a las oficinas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast durante los primeros días de septiembre.

Una de ellas notificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de invalidar un despido que efectuó la Presidencia de la República sobre una de sus funcionarias: Beatriz Ponce, jefa del Departamento de Repostero Presidencial y del Casino del Palacio, quien apeló su salida y resultó victoriosa en tribunales.

Pero su caso no ha sido el único, al menos en los últimos días, pues el Ministerio de Energía y el Ministerio del Deporte también debieron reponer a funcionarios que fueron despedidos en marzo, en las primeras semanas de Kast en La Moneda.

Según pudo conocer The Clinic, en el caso de la cartera que dirige Ximena Rincón, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el 10 de septiembre que se restituyera a Catalina Bravo, ingeniera civil industrial, quien se desempeñaba desde diciembre de 2025 como profesional en la unidad de sectores productivos, y que presentó un recurso de protección en la Justicia para revertir su salida.

Bravo fue despedida por el ministerio el 30 de marzo de 2026. Sin embargo, objetó la medida, pues señaló que ingresó a la repartición en diciembre de 2025 gracias a un concurso público al que postuló para el puesto de Analista de Iniciativas Energéticas, bajo la modalidad a contrata.

El 5 de marzo, a una semana de que el Gobierno de Kast asumiera, Bravo recibió una renovación de su contrato laboral en el que se estableció que al menos emplearía funciones durante el resto del año. Sin embargo, con el cambio de administración, se efectuó su despido, el que fue argumentado por el ministerio por un cambio de autoridades, un “nuevo enfoque de gestión“, además de que sus servicios “ya no eran necesarios“.

Esto último fue un punto de conflicto importante, pues no se daban mayores detalles que argumentaran la decisión de la cartera.

Eso argumento fue considerado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, que acogió el recurso de protección de Bravo, ordenó su reincorporación inmediata en la cartera y, además, pidió el pago íntegro de las remuneraciones y cotizaciones previsionales devengadas desde el 1 de abril hasta su reintegro efectivo en el ministerio.

Para el tribunal, el mero cambio de autoridades políticas no es motivo para realizar desvinculaciones por razones de confianza en cargos de mérito a los que se postula por concurso público.

Una persona con discapacidad despedida en Deporte

Un revés similar vivió el 11 de septiembre la cartera que actualmente dirige el ministro Francisco Riveros, cuando fueron notificados de un fallo de un recurso de protección presentado contra la cartera cuando era dirigida por su predecesora, la exministra Natalia Duco, hoy funcionaria del Segundo Piso de Kast.

Durante su gestión, el 24 de marzo se desvinculó a Nicolás Gutiérrez, administrador público, que se desempeñaba en la cartera como analista de planificación y control de gestión.

Gutiérrez fue contratado el 1 de octubre en la cartera. A ella llegó —al igual que Bravo en Energía— mediante concurso público y en la modalidad a contrata. Asimismo, el funcionario posee una discapacidad física leve por la que tiene un 19% de movilidad reducida.

En diciembre pasado la cartera le notificó la renovación de su contrato por el resto de 2026. No obstante, con el cambio de administración, la repartición que conducía Duco hizo un cese anticipado del contrato laboral de Gutiérrez.

La decisión se fundamentó en el oficio circular N°12 del Ministerio de Hacienda, cartera dirigida por Jorge Quiroz, y que proponía un plan de ajuste fiscal del orden del 3% en cada secretaría de Estado para una reorganización de las arcas fiscales. Ese mismo oficio se usó de fundamento en el caso de la repostera presidencial.

No obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el argumento y acogió el recurso de protección que presentó Gutiérrez. El tribunal consideró que no había motivos suficientes que justificaran la reestructuración interna ni que tampoco había criterios objetivos (como antigüedad o desempeño) para evaluar las destituciones.

Por ende, dejó sin efecto la resolución que notificaba el despido de Gutiérrez de la cartera, se ordenó su reincorporación inmediata y, además, se ordenó el pago íntegro de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales desde que fue apartado del ministerio.

Y si bien el tribunal dejó establecido que el Gobierno o el Estado puede implementar planes de austeridad con reestructuraciones presupuestarias, eso no quita que no se deban justificar debidamente las decisiones —con antecedentes claros— de despido no sean meros caprichos o tratos discriminatorios hacia un funcionario.