La fórmula que analiza el FA para regular el lobby y la “caza de brujas” que acusan sectores del partido

El 12 de agosto recién pasado, la entonces presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, publicó duras críticas contra el exministro de Seguridad del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, por asumir la defensa de SalmonChile para representar sus intereses ante el Tribunal Constitucional, luego de que parlamentarios de oposición impugnaran artículos de la megarreforma que afectaban a la industria.

“Siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector”, señaló Martínez. Además, sostuvo que “Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile”.

Esto, según la entonces presidenta, dado que el hecho de “haber sido ministro de Justicia y Seguridad implica una responsabilidad más grande que un mandato, sobre todo cuando hay un gobierno de ultraderecha al frente que nos hace retroceder al experimento económico de la dictadura y su fanatismo”.

Martínez fue criticada por su ofensiva contra Cordero y cercanos al exministro, de hecho, reconocen que esta terminó siendo útil para que tuviera una mejor recepción en el mundo empresarial. Si bien esa polémica no escaló, el debate respecto del tránsito de exautoridades de un gobierno hacia el mundo privado sí llegó a la interna del Frente Amplio, pues ahora son sus propios militantes quienes han dado ese paso.

El exjefe de gabinete del Presidente Boric, Matías Meza-Lopehandía, reveló que ahora trabaja en la consultora KOM, una empresa dedicada al lobby. Maximiliano Proaño, exsubsecretario del Medio Ambiente, también se sumó a la consultora.

Aisén Etcheverry, quien fue ministra de Ciencia, vocera de Gobierno y jefa de asesores del Segundo Piso del expresidente, se desempeñó hasta julio como asesora de empresas de inteligencia artificial desde la agencia Crítica.

El ruido al interior del Frente Amplio

Una vez que se hizo público el nuevo lugar de trabajo de Meza-Lopehandía, militantes frenteamplistas comenzaron a comentar la noticia. Por un lado, hubo quienes criticaron al exjefe de gabinete presidencial por entrar al mundo del lobby, apuntando a un eventual conflicto de interés con mundo privado dada la influencia que tuvo y que, sostienen, mantiene el abogado a propósito de su cercanía con Boric.

Otros, en cambio, desdramatizaron la situación y comentaron en la interna que Meza-Lopehandía había dejado el gabinete en 2023, tras la crisis de los indultos, y que había transcurrido un tiempo prudente para que se incorporara al mundo privado o a la industria del lobby.

Con todo, la directiva del Frente Amplio asumió que el asunto se había transformado en un debate real al interior del partido y optó por trabajar una fórmula para darle cauce al dilema partidario.

Fuentes de la dirección nacional de la colectividad cuentan que se han reunido para abordar el tema y que, si bien hay figuras del partido que han insistido en establecer una especie de normativa interna para regular estos casos, la directiva frenteamplista optó por el camino legislativo.

Esto, dado que la presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, participó del ingreso de un proyecto de ley en julio que modifica las leyes Nº 20.880, 18.575 y 18.918 “para fortalecer la probidad e integridad pública en Chile” y que, en definitiva, busca regular la denominada “puerta giratoria”: el tránsito de profesionales entre los sectores público y privado, particularmente cuando exfuncionarios pasan a empresas vinculadas a áreas que previamente regularon desde el Estado.

La iniciativa fue ingresada en julio y actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados. Desde la directiva indican que buscarán empujar y mejorar este proyecto de ley, aunque reconocen que la iniciativa no recoge todas las aprensiones de la militancia.

Por un lado, sostienen que existe consenso en que quienes ocuparon altos cargos políticos, como ministros o subsecretarios, deberían esperar un tiempo antes de pasar al sector privado, por ejemplo, dos años, aun cuando en la discusión interna no existe todavía un plazo definido. Por otro, también se ha planteado la necesidad de tener una regulación con mayor flexibilidad.

Esto último, dado que funcionarios del Gobierno de Boric que no ocuparon cargos protagónicos han tenido mayores dificultades para encontrar trabajo y han encontrado oportunidades en el sector privado. En esa línea, al interior del partido advierten que una regulación que no diferencie entre un ministro y un funcionario de menor rango podría terminar generando una “caza de brujas” por un militante que termine en la industria del lobby.

“No se le puede negar a la gente trabajar, pero sí hay que tener consideración especial con quienes ostentaron altos cargos políticos y de confianza”, señala un miembro de la directiva.