En plena crisis por Rabat: Tribunal de Valparaíso ordena liberar a condenado por violación pese a resistencia de Justicia a otorgar el beneficio

24 horas. Ese fue el tiempo que le dio la Corte de Apelaciones de Valparaíso al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado por Fernando Rabat, para que emitiera un decreto de reducción de pena a Víctor Manuel Alarcón Torres, condenado a 5 años de prisión por violación de menor de 14 años.

El fallo —al que tuvo acceso The Clinic— llegó a las oficinas de Justicia este jueves 5 de noviembre. En él se recoge el recurso de amparo que Alarcón presentó el 26 de octubre, cinco días después de que estallara la polémica por los 56 decretos de reducción de penas a pederastas brindados por la cartera de Rabat entre marzo y septiembre, los mismos que tienen sumidos al Gobierno de José Antonio Kast en su peor crisis política desde que asumió: con un ministro en la mira de una acusación constitucional y con los partidos presionando por la salida del secretario de Estado.

La polémica ha tratado de ser resistida a través del argumento de la eficiencia jurídica, dado que Justicia por más que apelara la entrega de los decretos, finalmente los tribunales de justicia revertían la decisión. Por ende, en la cartera de Rabat, rigiéndose bajo la “doctrina” de la Corte Suprema, definieron no apelar las solicitudes y otorgarlas por decreto una vez llegaran al ministerio, sin que interfirieran los tribunales.

Primer caso desde iniciada la crisis por Rabat

Sin embargo, el caso de Alarcón fue distinto. El condenado por violación comenzó a cumplir su pena en abril de 2022. En su paso por el Centro de Detención Preventiva de Limache, donde fue ubicado, en julio la Comisión de Reducción de Condena lo identificó con un comportamiento sobresaliente en prisión, por lo que su tiempo en cárcel se podía ver reducido, a partir de lo establecido en la ley N° 19.880 y N° 19.856, que permiten acortar el tiempo en la cárcel para los reos con buena conducta.

Si el beneficio le era otorgado por Justicia —por donde debe pasar cada decreto, que administrativamente firma todos los decretos “por orden del Presidente de la República”—, dejaría el recinto penal el 26 de octubre de 2026. Y aunque solicitó acceder a este, llegó la fecha de su eventual liberación y hasta entonces todavía la solicitud no había culminado su trámite.

De acuerdo a lo recopilado en el fallo, el Ministerio de Justicia no había firmado el decreto supremo de rebaja de pena por el papeleo respectivo entre Gendarmería y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia de Valparaíso.

La institución carcelaria certificó el buen comportamiento de Alarcón y tramitó la postulación con la seremi respectiva. Sin embargo fue en esta última repartición en que hubo una “demora injustificada” de más de un mes para hacer llegar los antecedentes al Ministerio de Justicia de Rabat. Los documentos fueron recibidos por la cartera el 21 de octubre, lo que no les habría otorgado el tiempo suficiente para evaluar el caso.

Como fuera, llegado el 26 de octubre —fecha en la cual Alarcón saldría en libertad gracias a la reducción de condena a la que postuló—, el condenado presentó un recurso de amparo con el apoyo del abogado Humberto Romero, defensor penal público penitenciario. Los argumentos fueron recogidos por voto de mayoría por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que consideró que los trámites administrativos no pueden prolongarse injustificadamente ni dejar sin efecto los beneficios que se otorgan por ley.

Asimismo, consideró que el ministerio realizó una omisión ilegal que incluso amenazaba la libertad personal del afectado, en este caso, Alarcón.

La solicitud de los tribunales es la primera que se efectúa y que mandata a Justicia a aplicar el beneficio desde el estallido del caso. Al interior de la cartera afirman que Rabat apelará el fallo y lo llevará a la Corte Suprema.