Negocios
29 de Septiembre de 2026Plan Chile Despega: Gremios empresariales valoran, pero piden medidas adicionales, mientras la CUT acusa contradicciones del Ejecutivo
La agenda pro empleo anunciada por el presidente Kast moviliza $1,3 billones para crear más de 100 mil puestos de trabajo, en medio de un desempleo de 9,5%. La CChC, la CPC, la SNA y la CCS valoraron la iniciativa, pero no quedaron tan sastisfechos. Por otro lado, desde la CUT criticaron que el Gobierno impulse la inversión pública mientras recorta en 7% el presupuesto de los gobiernos regionales.
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El Gobierno presentó su nueva agenda pro empleo. Se trata del Plan Chile Despega, anunciado por el presidente José Antonio Kast este lunes. La noticia fue valorada por los distintos gremios empresariales, quienes calificaron que el paquete de medidas va en la dirección correcta, pero expresaron que las nuevas acciones deberían ir acompañadas de medidas adicionales.
En términos generales, esta nueva estrategia contempla una movilización de $1,3 billones para generar más de 100.000 empleos, dividido en cuatro pilares: aceleración de la inversión pública, subsidios a la contratación, liquidez para empresas y pymes y despliegue territorial. Las acciones se enmarcan en medio de la crisis laboral que enfrenta Chile, cuya tasa de desocupación del trimestre mayo-julio llegó a 9,5%, según los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sumando casi un millón de desempleados.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Raimundo Rencoret, destacó la agenda anunciada por el Gobierno para enfrentar el panorama laboral: “La movilización de $1,3 billones en inversión, obras y medidas destinadas a generar más de 100 mil puestos de trabajo es una señal positiva y una respuesta necesaria frente a la urgencia laboral que enfrenta el país”.
Rencoret hizo énfasis en una serie de puntos contenidos en el plan. “Destacamos el fortalecimiento de los subsidios al empleo, la aceleración de la ejecución presupuestaria del MOP y el MINVU, la inyección de recursos para obras de rápida ejecución en regiones y comunas, y las medidas para mejorar la liquidez de las empresas mediante pagos a proveedores y el fortalecimiento de FOGAPE”, sostuvo.
CPC y Comercio piden más medidas
Si bien, en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su presidenta, Susana Jiménez, calificó de forma positiva la propuesta, comentó que falta más. “La meta de 100 mil puestos de trabajo puede sonar ambiciosa, pero, con cerca de un millón de personas buscando empleo, diría que incluso tenemos que aspirar a mucho más”, declaró.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, también valoraron el plan. Sin embargo, desde el gremio liderado por Vial manifestaron algunos reparos señalando que “se requieren medidas adicionales en materia de costos laborales -cuyo incremento desproporcionado en los últimos años provocó esta crisis en el empleo- y se transforma en una limitante objetiva para su éxito en el largo plazo”.
La presidenta de la CCS expresó: “El alza de estos costos, inducida artificialmente por regulación en la que no se anticipó el efecto acumulado, afectará permanentemente al mercado laboral a menos que se actúe de manera decidida contra este factor”. En concreto, con respecto a la agenda anunciada, indicó que ”los subsidios a la contratación apuntan en esa línea, pero su efecto es temporal, transitorio y sus criterios de focalización impiden que actúen de manera transversal, pese a que el problema del alza de costos afecta a todos los empleadores y trabajadores del país”.
En ese sentido, remarcaron la necesidad de un sistema nacional de cuidados efectivo (dentro del cual se encuentra el proyecto de Sala Cuna Universal) que permita incrementar la empleabilidad de la mujer, la modernización de los esquemas de contratación y adaptabilidad de la jornada, y un programa de nivelación de competencias en IA para la fuerza de trabajo.
De una manera similar, opinó Jiménez de la CPC: “Tal como se consigna en el informe CPC-CEP, para potenciar estas medidas, es importante proteger la inversión pública en el Presupuesto 2027, asignándole un monto relevante, mejorar su ejecución y priorizar proyectos que puedan contratar más personas. Al mismo tiempo, hay que avanzar en capacitación y en las leyes que facilitan la contratación, como sala cuna, adaptabilidad y contrato por horas. Necesitamos abrir oportunidades de trabajo ahora, mientras las obras se ponen en marcha”.
Por su parte, Walker de la SNA manifestó que esperaba que las medidas se implementaran con rapidez y se traduzcan pronto en nuevos empleos, y que “en aquellas materias que requieran pasar por el Congreso, confiamos en que existan acuerdos políticos amplios”. Y agregó: “Junto con estas medidas de corto plazo, es clave seguir avanzando en las condiciones que permitan generar empleo sostenible: acelerar permisos y proyectos de inversión, dar certezas para invertir y contratar, y fortalecer la seguridad para proteger la actividad productiva y las fuentes de trabajo”.
CUT: “Hay una confusión”
Ante la presentación de la agenda pro empleo del Ejecutivo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, apuntó a una contradicción en la estrategia: “Primero, por un lado propone activar un par de ministerios, Obras Públicas y Vivienda. Y por otro lado les recorta a través del presupuesto de la nación, 7% a los gobiernos regionales, que son, en los territorios, los que mueven la economía a través de subsidios, el apoyo a proyectos y los que se relacionan directamente con los municipios”.
“Hay una confusión que genera estas políticas del gobierno. Por un lado te da, y por otro, te quita”, sostuvo.
Y añadió: “Lo correcto es que el gobierno invierta, los empresarios inviertan, pero esa inversión en la creación de empleo tiene que tener condiciones: trabajo digno y remuneraciones justas, porque con ello también se reactiva la economía nacional, la economía local, la cual está colapsando por la decisión política de aplicar el alza del combustible a la cadena de suministro. Y eso quitó poder adquisitivo a las y los trabajadores, a casi un millón de trabajadores cesantes. Por cierto que es una crisis laboral y en el tiempo se puede convertir en una crisis social”.



