Columna de Juan Francisco Galli: El Primer Comando de la Capital y el temor de los chilenos

Esta semana ha estado marcada en seguridad por una noticia que muchos, incluidos quienes estuvimos en el gobierno, tardamos en dimensionar: la presencia en Chile de estructuras criminales que han aterrorizado a países latinoamericanos. Ya a principios de esta década se empezó a hablar del ingreso del Tren de Aragua, organización surgida en las cárceles venezolanas. Esa organización aprovechó la migración desde ese país durante la crisis económica, social y política generada por el régimen de Maduro y pandemia de covid-19, para expandir su presencia por América Latina y explotar redes de trata y tráfico de migrantes.

Ahora es el Primer Comando de la Capital el que muestra sus tentáculos en Chile. Diecinueve personas fueron formalizadas por la Fiscalía Metropolitana Sur por delitos de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, diez de ellas ya se encontraban en recintos penitenciarios cumpliendo condena. Esa es una de las características de estas organizaciones: operan desde y dentro de las cárceles, demostrando que la capacidad punitiva del Estado no es un obstáculo para su despliegue criminal.

Afortunadamente, este fenómeno aún causa alarma en las instituciones, que reaccionan y se han potenciado para hacerse cargo. En 2023 el Ministerio Público creó los equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para hacerle frente; el gobierno está dedicando presupuesto especial a iniciativas contra el crimen organizado y en Gendarmería se restructuró la capacidad de inteligencia penitenciaria en 2019. El traspaso de Gendarmeríaal Ministerio de Seguridad, con la consecuente eliminación de sus asociaciones funcionarias y la profesionalización de su función, debería potenciar ese control.

Sin embargo, esta presencia mediática de la delincuencia organizada potencia uno de los males que más afecta la calidad de vida de los chilenos: la percepción de inseguridad. Chile viene hace un buen tiempo mostrando cifras preocupantes sobre percepción de inseguridad. La encuesta Ipsos de septiembre de 2026 sobre “¿Qué preocupa al mundo?” compara a Chile con los países latinoamericanos y el promedio mundial y muestra que Chile tiene un comportamiento anómalo. Pese a tener una de las tasas de homicidio más bajas de la región, un 53% de los habitantes de Chile señalan al crimen y la violencia como una de sus principales preocupaciones, apenas por debajo de Perú (59%) y México (56%), y por sobre Brasil (52%). Esto es consistente con lo que acaba de mostrar la última encuesta de la Fundación Paz Ciudadana. 54% señala que los delitos en su comuna son más violentos que hace 12 meses, 47% que son más que hace un año, y 41% creen que aumentarán en el futuro. La buena noticia está en el ‘alto temor’, que tras llegar a 30% en 2023 cayó a 20,9% este año, convergiendo al rango que ha tenido el índice desde el 2000, cuando comenzó su medición.

Los avances valen poco en la conversación pública si los chilenos siguen percibiendo que su seguridad no avanza. La encuesta ENUSC 2025 muestra que la victimización está en susmejores números: un 22,2% de los hogares señalan haber sido víctimas de un delito de mayor connotación social, la cifra más baja de la última década, excluyendo los dos años de pandemia. Incluso los delitos violentos muestran una baja significativa: un 7,9% de los hogares declaran haber sido víctimas de un delito violento. Algo muy similar muestra el Índice Paz Ciudadana: un 33% declara haber sido víctima de un robo o intento de robo contra un 40% que lo hacía en 2019. Los homicidios, que serían la consecuencia del avance de la delincuencia organizada, también han mostrado bajas consistentes desde el peak de 2022, y los números del informe de homicidios del primer semestre de 2026 muestrancifras equivalentes a los años anteriores a la pandemia, aunque una proporción creciente, 41%, ocurre en contextos de crimen organizado. Pese a todo lo anterior, según Paz Ciudadana, el 95% de los chilenos dice haber cambiado sus hábitos por miedo.

Varias conclusiones aparecen de estas cifras. Como bien señala el director de Crimen Organizado del Ministerio Público, el análisis de los grupos criminales extranjeros debe ser más complejo y distinguir entre los casos en que hay vínculos con esas organizaciones de aquellos en que su presencia implica una penetración más profunda en nuestra sociedad, “instalándose de forma más estable”. Poner el foco en organizaciones extranjeras puede distraernos de fortalecer nuestras capacidades para fenómenos propiamente chilenos, que llevan años haciéndonos daño, como la corrupción en las cárceles. Además, existe un doble desacople: el temor o la percepción no está directamente relacionada con la victimización y el temor en el barrio o la comuna de residencia es muy distinto a la percepción que se tiene sobre la situación en el país. Por lo tanto, necesitamos políticas públicas diferenciadas. Unas para transmitir tranquilidad a la población de que se están haciendo esfuerzos consistentes para protegerla y otras para reducir las víctimas de delitos. Los homicidios se concentran en no más de 20 comunas, pero las noticias son nacionales: el miedo de esas comunas se reparte por todo el país. Algo similar se puede decir de los secuestros extorsivos y los ajustes de cuentas, que siendo números aún bajos generan gran impacto público. Y sin duda, las cárceles y la reforma de Gendarmería deberían ser la primera prioridad de la política de seguridad del actual gobierno.