Los diputados PDG que amenazan al Gobierno con apoyar la acusación constitucional contra Rabat y brindarle mayoría a la izquierda en la Cámara

15 integrantes son con los que cuenta el Partido de la Gente (PDG) en la Cámara de Diputados, número crucial tanto para La Moneda como la oposición.

El flanco abierto en el Ejecutivo a raíz de la reducción de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, otorgados con la firma del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de sus subsecretarios Luis Silva (Justicia) y Pablo Mira (RN), ha motivado a la izquierda a impulsar una inédita ofensiva contra la administración de José Antonio Kast con el fin de remover al titular de la cartera.

Así, ante la decisión de Kast de retener a su ministro, en la oposición respondieron anunciando una acusación constitucional contra Rabat. Para ser efectiva esta necesita ser aprobada por mayoría simple de los diputados que se encuentren en el hemiciclo al momento de la votación. Si concurrieran los 155 parlamentarios, ese número respondería a 78 votos.

Actualmente, la oposición contabiliza 64 integrantes en la Cámara, cifra que constituye la base sobre la que ha diseñado su estrategia. En ese escenario, el PDG se erige como un actor clave para el futuro de la acusación: si la bancada decidiera respaldarla, aportaría lo necesario para que esta prospere.

Por ende, una señal que vio la izquierda en los últimos días por parte de ese sector provino de las resoluciones que se votaron el miércoles, luego de que Rabat se sometiera a una sesión especial en dicha corporación. Ese día, al plantearse que el Presidente Kast le solicitara la renuncia al ministro Rabat —que contó con 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones—, militantes del PDG estuvieron de acuerdo con esa petición.

Así fue en el caso de Patricio Briones, Paula Olmos, Fabián Ossandón, Tamara Ramírez, Eileen Urqueta, Guillermo Valdés y Cristián Contreras —este último militante PDG, pero apartado de la bancada—, quienes estuvieron de acuerdo con la salida del titular de Justicia y de sus subsecretarios del gabinete.

Pese a las interpretaciones que tomó la izquierda por tales adhesiones —que sumada a descuelgues oficialistas permitirían acercarse a la meta del sector, calculan—, en el PDG afirman que sus definiciones las toman en grupo y que recién tomarán una postura una vez que conozcan los antecedentes de la acusación, la que se contempla que sea presentada la próxima semana.

Vaivenes del PDG con La Moneda

Sin embargo, en los últimos días han sido visibles las posturas encontradas que hay al interior de la colectividad fundada por Franco Parisi. Este lunes, por ejemplo, la diputada Pamela Jiles señaló a La Segunda que estaba por “salvar” a Rabat, dado que tenía sus dudas respecto al nombre con el cual el Ejecutivo decidiría reemplazarlo.

Eso sí, al día siguiente y tras revelarse los delitos y los perfiles de los condenados que recibieron el beneficio, el propio Parisi señaló a The Clinic que “Pamela Jiles es una tremenda diputada que tiene un olfato político extraordinario, pero creo que ahora está muy complicado el ministro Rabat. Si el Presidente no lo saca o Rabat no renuncia, será otro problema que tendrá Kast acumulado”, a la vez que sostuvo que el mandatario fue elegido “para cuidar a la gente, no andar cuidando ministros“.

La visión otorgada por el economista contrastó con los acercamientos que el partido había mostrado con el Gobierno hasta entonces. A inicios de semana, de hecho, la presidenta del PDG, Denise Catalán, sostuvo una reunión junto al Presidente —y el resto de partidos del oficialismo— en La Moneda.

Asimismo, en esa jornada la diputada Zandra Parisi fue hasta el Ministerio de Justicia con otros parlamentarios al ser citada por Rabat para dar con una solución legislativa para evitar nuevos decretos que redujeran condenas.

Días antes, la izquierda trató de sumar al PDG en una declaración conjunta de la oposición para presionar a Rabat con la acusación constitucional. No obstante, la bancada parlamentaria del partido decidió no sumarse al escrito.

Tales posturas dieron esperanza al Ejecutivo, percepción que cambió en los últimos días a través de la presión que se ha ejercido sobre quienes están a favor de respaldar a Rabat, dado que ese apoyo podría traducirse en una “validación” de que presos por delitos sexuales contra menores reciban beneficios carcelarios, por más de que no estén de acuerdo con ello.

En el PDG pretenden mantener la incertidumbre respecto de su posición hasta el “último momento”, aunque brindando señales para promover negociaciones con La Moneda.