La ofensiva del Frente Amplio contra las granjas de bots y el uso de IA en campañas electorales que fue respaldada por el Servel

La sede del Servicio Electoral (Servel) en calle Esmeralda, a pasos de la casona en la que funciona el Frente Amplio, fue visitada el viernes de la semana pasada por dos diputados de ese partido: Gonzalo Winter y Constanza Schonhaut.

Los parlamentarios sostuvieron una cita con la presidenta del servicio, Pamela Figueroa, y con el subdirector del control del gasto y financiamiento electoral, Guillermo González, con una finalidad en particular: presentarles a ambos un proyecto de ley que busca prohibir la contratación, el financiamiento y la operación de granjas de bots en campañas electorales.

La iniciativa también busca establecer obligaciones de transparencia sobre los servicios digitales que sean contratados en comicios, sean estos para la elección de una autoridad popular o plebiscitarios, junto con regular el uso de contenidos generados o alterados a través de la inteligencia artificial (IA).

La idea de legislar al respecto surgió luego de la detención del consultor argentino Fernando Cerimedo en agosto pasado, en Bolivia. Cuando las pertenencias del exasesor de los presidentes Javier Milei (Argentina) y Rodrigo Paz (Bolivia) fueron requisadas en el país andino, la policía pudo dar cuenta de que el empresario contaba con granjas de bots.

Ese antecedente levantó sospechas sobre si Cerimedo habría operado en Chile contratado por algún partido político o grupo civil en los procesos electorales de los últimos años.

Si bien fue vinculado con la Casa Común por el Rechazo —organización que en 2020 estaba en contra de realizar modificaciones a la Constitución y de la que habrían participado actuales integrantes de La Moneda, como Alejandro Irarrázaval y Felipe Costabal—, en septiembre el Servel, ante un requerimiento del diputado Juan Santana (PS), solo constató que el argentino fue requerido por las campañas electorales de tres candidatos a la Convención Constitucional, entre ellos Mariana Aylwin.

Como fuera el caso, la situación derivó en que en el mundo parlamentario se levantaran alertas sobre los posibles vínculos del argentino en Chile. De hecho, actualmente rige una comisión especial investigadora que se ha encargado de despejar los lazos de Cerimedo con autoridades gubernamentales. El propio vicepresidente, Claudio Alvarado (UDI), participó de la instancia y descartó cualquier vínculo a partir de integrantes del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) desde el 11 de marzo en adelante.

Para Schonhaut, el proyecto de ley presentado en el Congreso busca garantizar tres elementos centrales: “Por un lado, la integridad de los procesos electorales. Por otro, la igualdad de condiciones en la competencia de las distintas candidaturas. Y por último la promoción de las ideas“.

Servel activo

La propuesta contempla que candidatos, partidos políticos, pactos y opciones plebiscitarias informen al Servel los contratos de posicionamiento digital que hayan sido celebrados hasta un año antes de la elección respectiva, independiente de que se contraten servicios fuera del período legal de campaña. Asimismo, se solicita que las agencias y empresas de consultoría dejen en claro que no utilizarán cuentas automatizadas para los procesos electorales.

“Estamos muy preocupados porque las granjas de bots y las cuentas automatizadas están interviniendo en las democracias de América Latina y, sobre todo, porque están violando el principio de que nuestro proceso democrático tiene que definirse en Chile. Estas plataformas están definidas desde otros países, especialmente desde Estados Unidos, y no podemos aceptar, porque de hecho ya está fuera de nuestra ley, que desde Estados Unidos, de manera oscura, opaca, estén definiendo las democracias de América Latina”, planteó el diputado Winter.

Por su parte, Figueroa sostuvo que el Servel ha impulsado iniciativas a nivel institucional ante la ausencia de un marco regulatorio específico. De aquello dio cuenta el propio servicio cuando respondió el requerimiento de Santana, en el que señalaron que había un “vacío normativo” respecto a la regulación de noticias falsas y bots, dado que la legislación vigente de partidos políticos (19.884 y 18.700) solo regulan gastos, la oportunidad de estos y la contratación de propaganda, pero no está tipificada la difusión de desinformación ni el uso de cuentas automatizadas como infracciones.

En esa misma respuesta dijeron que tampoco tenían facultades para acreditar la contratación de empresas extranjeras, pues el sistema actual está diseñado para la declaración de sujetos o intermediarios locales.

De todas formas, el organismo ha promovido la conformación de una mesa de gobernanza con plataformas digitales como espacio de coordinación y cooperación, así como la creación del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política.

Al interior del servicio han realizado capacitaciones con recopilación de evidencia comparada y colaboración con otros organismos electorales e instituciones internacionales para identificar respuestas frente a los desafíos que plantean el entorno digital.