Préstamos al presidente, US$355 millones en fondos de pensiones y vínculos con el poder: la trama tras la caída de Ueno Bank y la crisis que desató en Paraguay

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, así comunicó su renuncia el ahora expresidente de Paraguay, Santiago Peña.

La clave de la crisis radica en Ueno Bank. El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de disolución de Ueno Bank tras determinar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El cierre de sus operaciones bancarias dejó a 2,9 millones de clientes sin acceso a sus fondos.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay mantiene inversiones por 355 millones de dólares en Ueno, que además gestiona el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados. 

El colapso desató una crisis política por los vínculos que tanto el presidente Peña como el entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, habían mantenido con la entidad y su grupo empresarial. La oposición acusó a Peña de conflictos de intereses, de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades.

Los cuestionamientos a Peña se remontan a octubre de 2024, cuando el Instituto de Previsión Social adquirió bonos de Ueno por 32 millones de dólares, a un plazo de siete años.

Vínculos de Peña con Ueno Holding

Este jueves la Cámara de Diputados de Paraguay debatió una propuesta de juicio político contra el expresidente por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno Bank.

Entre los argumentos menciona los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno Bank.

Además, menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del Banco Central de Paraguay, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor “83 días después de ese nombramiento”.

También se apunta a una presunta injerencia indebida del presidente en el Instituto de Previsión Social (IPS) para favorecer a Ueno.

La denuncia va más allá y acusa al mandatario de obtener un “beneficio patrimonial indebido”, con indicios de enriquecimiento ilícito. Entre los antecedentes que se mencionan están dos préstamos simultáneos que recibió de Ueno. A esto se suma una supuesta “afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico”.

Para que la acusación avance, la Constitución exige el respaldo de dos tercios de la Cámara Baja. De alcanzar esa mayoría, el caso pasa al Senado.