Gobierno presenta proyecto para revertir y frenar el alza de combustibles y propone financiar su costo con venta de activos públicos

Este jueves el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados la “Ley Frenazo” calificada con “discusión inmediata”. La iniciativa propone medidas para contener las alzas de los precios de la gasolina automotriz y el petróleo diésel y aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga.

Asimismo, contempla revertir el incremento cercano a $40 por litro aplicado este miércoles 11 de noviembre y establecer un límite transitorio a los nuevos aumentos de los combustibles, lo que fue conversado con los dirigentes de los camioneros anoche como salida para detener la paralización que mantienen con bloqueo de rutas.

Si bien el proyecto había sido anunciado formalmente la noche de este martes, fue retirado a primera hora del miércoles. Desde el Ejecutivo explicaron que preparaban “ajustes” del articulado.

En concreto, la propuesta faculta al Ministerio de Hacienda para modificar, por única vez, el componente variable del impuesto específico a los combustibles, de manera que los precios informados por ENAP vuelvan a los niveles vigentes al 4 de noviembre.

Además, establece que, hasta el 3 de febrero de 2027, las gasolinas y el diésel no podrán registrar variaciones positivas durante los períodos de ajuste de 21 días contemplados en el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco). A partir del 4 de febrero volvería a regir la normativa actual.

El proyecto también incorpora dos medidas dirigidas a las empresas de transporte de carga. Por una parte, permitirá que los montos negativos asociados a la recuperación del impuesto específico al diésel sean declarados como débito fiscal y compensados con créditos de períodos posteriores, evitando que las compañías deban desembolsar inmediatamente esos recursos. Por otra, establece un aumento transitorio de los porcentajes de recuperación del impuesto específico durante 2027, con tasas diferenciadas según los ingresos anuales de cada contribuyente, que van desde 31% hasta 80%.

El Informe Financiero que acompaña el proyecto admite que “la reversión de la última alza en los precios de los combustibles, así como el límite transitorio -hasta el 3 de febrero- a las variaciones positivas de los precios de venta en cada período de ajuste posterior, implicará menores ingresos fiscales”.

El monto de gasto asociado al proyecto es de $172.969 millones el primer año de vigencia, y de $365.905 millones para el segundo año, que deberían corresponder a 2026 y 2027, respectivamente.

“El efecto fiscal que signifique la aplicación del proyecto de ley se financiará mediante la venta de activos disponibles del Tesoro Público”, señala el Informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

En tanto, el otro componente asociado a la modificación del tratamiento de los montos negativos del impuesto específico a los combustibles no tendrá efecto fiscal ya que “no condona ni extingue estos montos”, se acota.