Columna de Juan Francisco Galli/ Gendarmería: un peligro inminente

El Capellán de Gendarmería, Luis Valenzuela, dio una entrevista a Revista Sábado que debió habernos escandalizado a todos. Señala el sacerdote que los internos “lavan la comida que les dan y después se la comen, por desconfianza”. Que ellos tienen que pagar para conseguir cosas dentro del penal, lo que ya no es de extrañar. Sin embargo, revela algo que no era de conocimiento público, lo que denomina las “famosas permutas”. Cuatro o cinco millones de pesos pagarían funcionarios de Gendarmería a sus colegas para cambiar su destinación de una región a otra.

Quizás no hubo escándalo porque la corrupción carcelaria ya dejó de sorprendernos. Ya no son solo las celdas VIP o las estafas telefónicas desde las cárceles; en diciembre de 2025 se destapó la “Operación Apocalipsis” que desnudó la existencia de un tarifario de pagos a gendarmes por ingresar todo tipo de especies a la cárcel, incluyendo drogas, celulares y hasta hamburguesas. 47 funcionarios de Gendarmería cayeron presos en esa oportunidad por ser parte de una red de sobornos y corrupción en las principales cárceles de Santiago.

La reacción pública fue potente y el gobierno del presidente Boric aprovechó la oportunidad para lograr una reforma ampliamente anhelada: traspasar a Gendarmería al nuevo Ministerio de Seguridad y transformarla en una institución de orden y seguridad pública, como son Carabineros y la PDI. El cambio constitucional además trajo un triunfo potentísimo: por el solo hecho de ser instituciones de seguridad quedaban sin efecto las asociaciones de funcionarios de gendarmería, lo que quebró uno de los obstáculos más importantes para los necesarios cambios en el sistema penitenciario.

La reforma constitucional se tramitó en tiempo récord. Fue asumida por el presidente Kast como una política de Estado y fue finalmente publicada en abril de 2026. Sin embargo, de ahí en adelante se perdió el momentum. Ya no hablamos de Gendarmería, ni de las cárceles. Por el contrario, la reciente y trágica muerte de un niño en una encerrona nos devolvió a la discusión de aumentos de penas y disminución de la edad de la responsabilidad penal. Sin considerar que esas penas (si logramos aplicarlas) y esos niños presos deben tener dónde ir y no caer en manos de instituciones con serios vicios de corrupción y una incapacidad probada de resguardo y reinserción, si no queremos -incluso desde el punto de vista meramente utilitario- tenerlos como adultos 10 o 15 años después cometiendo delitos más graves.

La reforma constitucional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente. La estrategia de seguridad debe tener como uno de sus ejes más relevantes a Gendarmería y a las cárceles. Si no llevamos adelante los cambios institucionales, organizacionales y culturales que siguen, esto podría no ser más que un cambio en el organigrama del Estado.

Por lo mismo, es clave definir los objetivos que tendrá el cambio de dependencia a Seguridad, la creación del Servicio de Reinserción y la reestructuración completa del sistema de custodia de condenados e imputados. Lo descrito por el capellán muestra no solo episodios de corrupción sino verdaderos negocios institucionalizados en el servicio penitenciario. Acabar con los negocios ilícitos requerirá cirugía mayor.

La reflexión del padre Valenzuela va más allá. Él propone romper con esta lógica punitiva señalando que “a todo el mundo lo queremos encerrar” cuando en realidad deberíamos volver a la lógica de última ratio del castigo penal y revisar la sobrepenalización que ha cundido en el último tiempo. Y esto no es por misericordia o conmiseración, sino principalmente para darle una salida efectiva a quienes incumplen la ley para que puedan escapar del círculo criminal, y reservar para aquellos delitos graves y violentos la privación de libertad. No hay que dejar pasar el hecho de que lo que el capellán llama un “reservorio humano”, es el terreno más apropiado para que nuestras cárceles se transformen en centros de reclutamiento de la delincuencia organizada. Ante la falta de esperanza, el narco puede pasar a ser la única salida.

Ya han pasado tres meses y el silencio es ensordecedor. El gobierno debe decirle a la ciudadanía qué va a hacer, cuándo y cómo. No para cumplir un trámite comunicacional, sino porque la reforma al sistema penitenciario es uno de los desafíos más relevantes para el control del crimen organizado.

“Gendarmería no tiene que tener miedo de mostrar la realidad. Es del Estado, que la dejó sola por décadas”. El capellán tiene razón. Y la pregunta que debemos responder es si el Estado está dispuesto esta vez a asumir esa responsabilidad o si volveremos a esperar otra Operación Apocalipsis para recordar que las cárceles existen.