Columna/ Reformar el SEIA: ¿corregir fallas o debilitar fundamentos?

El proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social propone modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el propósito declarado de simplificar y acelerar la entrega de permisos. La pregunta es si la reforma va a corregir las fallas del sistema o a debilitar sus fundamentos.

Conviene partir por un dato que suele omitirse. Desde 2015, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados en Chile han mantenido tasas de aprobación cercanas al 90%, según información del propio Servicio de Evaluación Ambiental. El SEIAno es un sistema que rechace proyectos, es uno que los aprueba tarde y con debilidades técnicas relevantes.

La normativa fija plazos de entre 120 y 180 días hábiles para evaluar un EIA, pero en la práctica los proyectos tardan entre dos y tres años en obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Las demoras se deben a sucesivas rondas de observaciones de parte del SEA (ICSARA) y adendas (titular del proyecto), donde los organismos públicos solicitan aclaraciones a proyectos que ingresan con líneas de base insuficientes, campañas de terreno limitadas, escasa información territorial/social y medidas de mitigación, reparación o compensación insuficientes. El cuello de botella no es burocrático: refleja la baja calidad técnica de las evaluaciones.

El proyecto de ley elige atacar los síntomas. Reducir el plazo de invalidación de permisos sectoriales de dos años a seis meses entrega más certeza jurídica a los titulares, pero recorta la ventana que tienen el Estado, las comunidades y los afectados para detectar errores u omisiones en autorizaciones potencialmente deficientes.

A esto se suma otra arista: modificar proyectos con RCA favorable no requerirán nueva evaluación si no implican cambios “sustantivos” en la magnitud o duración de sus impactos. El problema está en la ambigüedad del concepto. ¿Qué se entenderá por sustantivo? ¿Quién lo definirá y bajo qué criterios técnicos? La falta de parámetros claros abre espacio para fragmentar o redefinir proyectos con el fin de eludir evaluaciones más rigurosas.

Si se buscan reducir los conflictos ambientales y acelerar la inversión de manera legítima, el foco debería estar en fortalecer la calidad técnica de los EIA desde su origen: líneas de base robustas, mayor articulación entre consultoras, universidades y organismos públicos, compensaciones ambientales eficientes y sostenibles, y evaluación de impactos acumulativos a escala de cuenca y territorio.

El proyecto omite lo más importante: fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la participación ciudadana e incorporar avances en evaluación acumulativa.

En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, debilitar los instrumentos ambientales no es solo un error técnico. Es una decisión política con consecuencias territoriales y sociales que cargarán quienes tienen menos margen para defenderse.