Por A.M.S. Foto: Alejandro Olivares

Por sus manos han pasado dos de las causas más emblemáticas de derechos humanos, como el Caso Degollados y la Operación Albania. Hoy lleva ocho años en la Suprema, de la que es vocero, y acá analiza por qué el Poder Judicial, pese a todos sus cambios, no ha logrado cambiar su alicaída imagen; responde a las críticas que tildan a los jueces de excesivamente garantistas, analiza los indultos y el hacinamiento en las cárceles y, además, cuenta que en dictadura no era tan raro recibir llamados como el que Mónica Madariaga dice haberle hecho al ex juez Correa Bulo -destuido por faltas a la ética y probidad-, para intervenir en favor de Piñera en 1982 por el caso del Banco de Talca.
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Mónica Madariaga dijo que intervino ante un juez (Luis Correa Bulo) en favor de Piñera por el caso del Banco de Talca ¿eran comunes esos llamados en dictadura de autoridades a los jueces?
-Yo estuve en la Corte Suprema del 80 al 89 como relator de la Corte Suprema y no podía saber los llamados que tenían los ministros, pero hay una diferencia con esa Corte Suprema y la de ahora, o con la Corte del último tiempo, porque antes era mucha la gente que venía a conversar con los ministros para anticipar la vista de una causa, cuestión que a mi nunca me ha parecido correcta. No es que haya sido frecuente, pero por causas importantes venían personas tal vez no con ánimo de convencer a los ministros, pero sí era una mala práctica la de pedir audiencia.

Pero esas prácticas fueron hasta hace poco tiempo. ¿Con Correa Bulo, el único supremo expulsado del Poder Judicial, se acabó eso?
-Bueno, a partir de él ya se toma muy en serio de que es contraproducente que los ministros atiendan a las partes en audiencias privadas respecto de causas que van a resolver más adelante.

O que hicieran vida social con abogados que tramitaban causas que verían ellos mismos.
-Eso salió más ahora último no más, que no resulta conveniente esa actividad a menos que se respete el tema de las inhabilidades, porque tampoco se le puede prohibir a los jueces que tengan cierto grado de amistad. Lo que la gente tiene que saber es que exista ese grado de amistad y que el ministro diga, antes de ver la causa, “mira, yo no puedo entrar porque aquí hay una persona con la que tengo un grado de amistad”.

¿Y eso se ha logrado transparentar ?
-Esa es una tarea que estamos trabajando en transparencia. Desde luego que hay un instructivo de cuando se creó la comisión de ética para evitar estas audiencias de abogados y de partes interesadas en juicios. Pero la idea es tratar de lograr que la audiencia, la agenda del ministro, sea pública y se sepa a quién atendió.

A Correa Bulo se le expulsó por hechos de corrupción ¿qué le parece que opinara sobre el proceso de Piñera tomando en cuenta su pasado?
-Él hace uso de un derecho legítimo de opinar y de contar lo que a él le pasó respecto de este capítulo. El ministro Correa no tenía reparos ni reproches cuando fue ministro de la Corte de Apelaciones en investigación de causas; los reparos se le hicieron cuando era ministro de la Corte Suprema. A él se le investigó por actuaciones como ministro de la Corte Suprema, y antes de eso, por lo menos yo no conozco causas disciplinarias sobre su conducta. Él hace un uso legítimo de hacer ejercicio de opinión respecto de un suceso que a él le consta personalmente y por ser testigo de primera fuente de la causa que él llevaba.

Pero la senadora Matthei cuestionó sus dichos por haber sido expulsado del Poder Judicial.
-Hay que ver la carrera judicial del ministro Correa y creo que él no tuvo nunca medidas disciplinarias hasta antes de estar en la Corte Suprema. Por lo tanto, fue un minsitro bien calificado, que trabajaba bien los asuntos penales y, además, tenía una opinión muy clara respecto de la violación de los derechos humanos.

Él prácticamente se atribuye ser el responsable de haber reabierto las causas de DD.HH.
-No sé si será él el responsable, pero lo que sí advierto es que mientras él estuvo en la Sala Penal de la Corte Suprema, se hizo una apertura más clara y más precisa respecto de la cuestión de los derechos humanos, que ha sido muy positiva para el país. Pero eso no tiene nada que ver con los actos que a él se le reprocharon de inconducta. A él, como juez, en sus asuntos penales, no creo que alguien pueda decir algo en su contra.

¿Entonces no habría por qué dudar de lo que dice hoy Correa Bulo?
-No, yo no dudo. Si él lo dijo, no dudo, porque no era infrecuente que eso ocurriera.

¿Esos llamados de las autoridades a los jueces eran un asunto propio de la dictadura o del Poder Judicial?
-No hablaría de habitualidad, pero antes no era infrecuente que ocurriera un grado de interés externo y que se llamara a los ministros. Tampoco diría que era propio de la dictadura…Lo que pasa es que de alguna manera, el Poder Judicial quedó blindado por un régimen que no era democrático: no había juicio político, no había posibilidad de reclamar contra nadie. Hoy hay un Congreso, un Presidente democrático y una Constitución que se aplica, porque antes se aplicaba la mitad. Son muy distintas las situaciones y por supuesto que en todo régimen que no es democrático, se producen ese tipo de cosas. Antes el poder era amplio y el que tiene más poder, abusa. Y la falta de control hace que la gente se sienta con autoridad para aceptar insinuaciones inconvenientes y que no se pueden producir y son intolerables en un régimen democrático de derecho.

CUESTIÓN DE IMAGEN

El Poder Judicial era de las institiciones peores evaluadas ¿Ha cambiado eso?
-Lamentablemente sigue siéndolo en grado de percepción. Yo creo que el público recibe un mensaje que confunde muchas veces al Poder Judicial con otras instituciones, como el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Investigaciones, Carabineros, Gendarmería, Servicio Médico Legal, Registro Civil…Nosotros no hemos logrado convencer que el Poder Judicial es mucho más acotado y que está conformado sólo por jueces y algunos miembros más. La ciudadanía no percibe todo lo que hemos hecho en nivel de transparencia y probidad y por supuesto, también perjudica que haya actos de corrupción, que de vez en cuando aparecen y que son producidos generalmente por funcionarios subalternos que resulta inevitable e imposible de controlar en un 100 %. Pero si esto lo ponemos a nivel latinoamericano, Chile está a la cabeza de los poderes judiciales más probos. Y hemos ganado cierto espacio en transparencia y probidad.

Ustedes transparentaron también a los ministros con parientes trabajando en el Poder Judicial: en la Corte de Apelaciones 12 de 28 miembros tenía familiares dentro mientras que en la Suprema, 15 de 21 ¿piensa que eso perjudica a la imagen?
-Ahí también hay mucha cuestión que la gente no entiende. El tema no es el parentesco, porque es imposible evitar o prohibir que parientes postulen a un cargo público. No hay una prohibición en ninguna parte del Estado. Es lo mismo que le dijéramos a un parlamentario que de ahora en adelante no puede ser parlamentario su hijo, su cuñado, su padr, su abuelo.

Es el caso de los Girardi: el padre es diputado, un hijo es senador, otro concejal y una era alcaldesa.
-Bueno, mientras la ley no prohiba eso, se puede hacer. Y en derecho público se puede hacer todo lo que la ley no prohibe. Fíjese que en el Poder Judicial hay un régimen de incompatibilidades mucho más cerrado que cualquier institución del Estado. Existen incompatibilidades donde no pueden existir parentescos en cierto nivel, pero no cubre todo. Y por lo tanto, nosotros dijimos que debíamos transparentar para decir que sí había parientes. Ahora, el tema es que mientras ese parentesco no produzaca una incompatibilidad, y no la hay, eso se sepa inmediatamente para tomar las medidas del caso. Además, sería muy injusto prohibir a los parientes que puedan tener ciertas inclinaciones dentro de la carrera judicial. Pero en fin, si es ese el tema, esto se arregla por la vía legislativa.

¿Y qué les queda por transparentar? Antes no lo hicieron con los informes de la Comisión de Etica, que eran secretos.
-Pero la comisión de Etica dejó de funcionar desde el punto de vista hacia abajo, porque hoy es una comisión que nos autoregula moralmente a nosotros mismos.

Pero en su tiempo era otra cosa, juzgó a sus pares, como Correa Bulo, y a subalternos ¿no cree que debió haber sido mejor mostrar los informes?
-A lo mejor pudo haber sido, pero eso ya quedó en el vacío, porque eso es antes de la ley de transparencia. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de hacer públicas muchas cosas que antes eran reservadas y lo hicimos y nos adelantamos a la ley de transparencia. Hoy tenemos más información que cualquier otro organismo público.

A propósito, en 2001, durante el juicio a Correa Bulo, usted investigó la denuncia de la desituida jueza Gloria Olivares respecto de si había o no lazos de Christian Chévesich, un supuesto orperador de los tribunales, con Correa Bulo y otros ministros ¿En qué quedó eso? Nunca se supo el resultado.
-Me tocó investigar una denuncia que hizo la ministra Olivares respecto de hechos que podrían haber sido constituitivos de delitos. Yo traté de investigar si existía algún delito y no llegué a ningún resultado porque no hubo prueba alguna de comisión de delito.

NO A LA PUERTA GIRATORIA

¿Cuánto daño le ha hecho a los tribunales el término del lavinismo y la derecha “la puerta giratoria”?
-La puerta giratoria es un slogan político, porque es falso. Hoy por hoy, y lo ha dicho la Defensoría Penal Pública, hay más personas presas que antes, y por lo tanto, los casos de libertad son menos que antes a pesar de que el sistema nuevo se estableció para tener más personas libres que el antiguo.

¿Y por qué entonces hay más presos?
-Porque es más represivo el sistema.

Y las cárceles están colapsadas y hay hacinamiento. Lo ha dicho la fiscal de la Suprema.
-Y eso es precisamente porque no hay puerta giratoria en Chile. O sea, el sistema funciona con mayores factores de ingreso que egresos. De repente hay jueces del sistema procesal penal, que tienen su teoría, y que es muy respetable, y que dicen que ellos respetan ultranza la libertad personal y consideran que una persona debe estar en libertad para defenderse en el juicio. Aquí, la única persona en que se legitima una privación de libertad, es cuando existe una sentencia condenatoria. La otra legitimación es de seguridad, de decir “no vaya a ser cosa de que esta persona siga cometiendo más delitos graves, que atente o se fugue”. Esa es una parte que la sociedad tiene que admitir: que alguien puede ser privado de libertad y sin embargo, puede ser absuelto. Siempre los jueces hemos considerado que es más grave que una persona esté presa injustamente a que una persona que pudiera estar presa, esté en libertad.

¿Por qué en Chile las cárceles están colapsadas si no han aumentado más los delitos.
-Las cárceles se han mejorado y ha aumentado su número, también se han modernizado muchas de ellas, ese es un hecho objetivo, porque hoy por hoy hay más espacios carcelarios que hace 20 o 30 años. Pero igual están colapsados y seguirán así en la medida que se haga más represivo el proceso penal.

¿Cómo ven los jueces los indultos?
-En general, hemos convivido con un sistema en que por la vía legisltiva o ejecutiva, pueden decretar amnistía o indultos. En otros sistemas más modernos, esta situación se supera con la creación de los tribunales de ejecución de pena, en que le entregan a los jueces la tarea de verificar y de otorgar beneficos carcelarios, de tal manera que el gobierno y el legislativo queda excluidos de esa materia. Eso funciona en muchos países, como en Alemania.

Eso habría ahorrado los dolores de cabeza a Frei con el caso de Ángel Vargas Pargas.
-A lo mejor, esto se mejoraría si se judicializa todo ese trámite. Acá siempre estamos reclamando por la judicialización de ciertas materias, pero quizás una de las cosas que debiera judicializarse oportuna y rápidamente, es el tema del cumplimiento de las penas. Eso le quitaría responbabildad a los gobiernos, porque generalmente, cuando resuelven esta materia, siempre se les hostiliza políticamente.

AUTONOMÍA PARA LA DEFESORIA

Usted apoyó a la Defensoría Penal Pública (DPP) su aspiración de autonomía. Fue el único, a diferencia del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia ¿Por qué?
-Sí. Y manifesté mi opinión personal. En mi calidad de juez y docente, creo que hay un desvalance desde el punto de vista de la autonomía entre el Ministerio Público y la Defensoría. Dentro del prinicipio de igualdad de armas, debiera haber un equilibrio entre esos dos organismos públicos. El problema de fondo político es que la Defensoría depende del Ministerio de Justicia, en cambio, el fiscal nacional está sujeto en autonomía a lo que la Constitución le señale. Entonces, es muy difícil remover al fiscal nacional y cambiar a los fiscales regionales, hay todo un procedimiento. Ese es el tema. En consecuencia, cuando hay una debilidad respecto a la permanencia de un organismo tan importante como la DPP , que es distinta a su contraparte natural, evidente que se nota el desbalance que no debiera existir.

¿Por qué cree que se opusieron tanto a la autonomía tanto el Ministerio Público y de Jutsicia?
-Entiendo más bien la postura del Ministerio de Justicia, porque es el jefe natural de la Defensoría Penal Pública, pero no entiendo la aprensión del Ministerio Público, porque ellos tienen autonomía y deben actuar dentro de un cierto grado de funcionalidad de su Ministerio.

Hay mucha rivalidad entre Fiscalía y Defensoría.
-En general, jurídicamente son partes antagónicas en un juicio, y generalmente siempre se produce no una rivalidad, sino que cuestiones profesionales entre ellos motivan desencuentros. Pero no esperemos que estén en un plan de armonía absoluta, porque alguien postula para que sea condenada una persona y el otro para que sea absuelta.

¿Cree que el Minsterio Público tiene demasiado poder?
-No. Yo creo que tiene un adecuado poder y una autonomía bastante adecuada.