El alza de cobros a comercios de Transbank que busca evitar la Fiscalía Nacional Económica en la Corte Suprema

Este lunes se dio a conocer que Transbank aplicaría un alza en tarifas al comercio. Esto se informó a la Fiscalía Nacional Económica mediante una carta, luego de realizar un análisis a sus costos económicos. Precisamente, esta última entidad recurrirá a la Corte Suprema para evitar esta medida.

La nueva disputa entre ambas entidades, según Diario Financiero, inició cuando el órgano perseguidor económico ingresó un recurso de no innovar ante el máximo tribunal. El fin era impedir esta subida de cobros.

De acuerdo al medio citado, el nuevo esquema de cobros fija una misma tarifa en UF para todos los comercios, pero que es más alta que la anterior al 1 de abril. Por ello, en un cálculo de la FNE, este aumento de Transbank será de un 6,9% a lo que se cobraba con anterioridad.

Y es que, este aumento tendría un costo anual de 11.800 millones de pesos anuales para los comercios. Esto significaría un perjuicio que podría llegar a los 900 millones de pesos.

Esta solicitud se presenta en el marco de un recurso de queja ejercida contra los ministros del Tribunal de Libre Competencia. Anteriormente, ellos rechazaron el cumplimento forzado de Transbank a una resolución de la Corte Suprema que declaraba en 2022. Esta decía que el primer sistema tarifario que propusieron era contrario a la libre competencia.

Enfrentamiento judicial por alzas tarifarias de Transbank

En el texto presentado al máximo tribunal, citado por Diario Financierio, la FNE señaló que este incremento “producirá un daño efectivo a la libre competencia”. Además, acusan que el plan de Transbank “contradice las obligaciones, parámetros y criterios que dicha compañía debe aplicar en su determinación de tarifas, en desmedro de todos los comercios y, en definitiva, del consumidor final. Las tarifas que pagan a Transbank ya se encuentran por sobre los niveles ordenados”.

Desde Transbank presentaron otro escrito, donde se plantea que los reclamos de la Fiscalía no corresponden y que su recurso es improcedente. Argumentaron que esta táctica legal “parece ser un intento por tomar atajos y sorprender a la judicatura”. Además, acusaron que “trataría de burlar todas las etapas procesales que establece la ley ante el Tribunal de la Libre Competencia e imponer con ello su interpretación de la sentencia de 2022”.