Durante la manifestación de la semana pasada en el centro de Santiago, convocada para apoyar al movimiento ciudadano por Aysén, un vecino disparó con un rifle a postón a una manifestante, hiriéndola en la cabeza y el alcalde de la Alianza, Pablo Zalaquett declaró, sin eufemismos o ambages, que no se podía castigar a quienes incurrían en estas actitudes, pues se había llegado a tal nivel de saturación e impotencia que los vecinos afectados habían terminado en actos que buscaban resarcirse por sus propias manos.

Es entendible el cansancio de los vecinos con los desmanes que se producen al término de las manifestaciones, pero que una autoridad aliente o siquiera permita la justicia por la propia mano es inconcebible. Aunque no nuevo.

No vivimos en una selva y Zalaquett no es Tarzán, aunque avale la ley del más fuerte, y aliente desde la comprensión incomprensible una justicia que desprecia y prescinde de las instituciones de nuestra democracia.

Parece que el alcalde de Santiago ha declarado oficialmente abierta la temporada de caza. Es válido, parece, avalar, deshacerse del peligro; es preferible el uso de la fuerza a recurrir a una policía que no entrega resultados.

Pero ¿puede sorprendernos su actitud complaciente con la violencia ciudadana defensiva? ¿Se escapa su aquiescencia a la del resto del gobierno que entiende diálogo como batalla?

La justicia por la propia mano parece admitirse cuando las instituciones del Estado son incapaces de entregar satisfacción adecuada a los conflictos. Admitir por las propias autoridades que esto es tolerable, no es sino admitir la incapacidad de dar respuestas adecuadas, a la ineficiencia en la entrega de soluciones frente a los requerimientos de nuestra comunidad.

Reclama el alcalde que el gobierno no ha sabido “poner garantía de orden público”. ¿Y qué debemos entender por tal?

El orden público es un concepto amplio, que comprende elementos de seguridad, orden en sentido estricto, tranquilidad y sanidad pública. Pero el Ejecutivo, como lo demuestra su proyecto llamado Ley Hinzpeter, lo entiende como garantía de normal desarrollo de las actividades de la comunidad con ausencia de alteraciones de ningún tipo, impidiendo que ésta se exprese, con manifestaciones silenciosas que no se noten, atribuyéndoles el dominio de los excesos que puedan producirse en dichos espacios.

El proyecto de ley de Hinzpeter para endurecer las normas en casos de desórdenes con ocasión de manifestaciones públicas y ejercicio del derecho de reunión consagrada en la Constitución, y con él el de expresión y petición. No aporta nada en relación con figuras penales ya existentes y no es sino un ejercicio populista de la peor técnica legislativa, la que reacciona con nombre y apellido (en este caso, represión de manifestaciones estudiantiles, y hoy aplicable a todo tipo de manifestaciones ciudadanas) a situaciones concretas y específicas.

El país no necesita más mano dura. Identificando artificialmente manifestaciones con saqueos, excesos y violencia, se pretende acentuar un concepto de orden público que sólo busca mayor control, exacerbar el silencio de la comunidad y evitar los cuestionamientos al desempeño del gobierno.

La ironía es que el camino para la obtención del ansiado y a veces esquivo orden público, es el de la violencia estatal, el abuso policial tolerado e incluso alentado. Para lograr que la comunidad no se desordene en sus peticiones, se les debe reprimir. Y en la campaña de la maldad del alma se pretende identificar derecho de petición con agresión ciudadana.

Hoy, los postones son los aceptados. ¿Qué impedirá que mañana sean las balas de verdad?