La batalla de los pescadores contra la Ley Longueira

Por Efe

El sector pesquero de Chile está estos días en pie de guerra por la reforma de la ley que regula la industria y a los pescadores artesanales, en un país que es el séptimo productor mundial de pescado, pero cuyos caladeros presentan altos índices de sobreexplotación.

La nueva Ley de Pesca -apadrinada por el ministro de Economía, Pablo Longueira- se tramita actualmente en el Congreso, mientras miles de pescadores se han manifestado en el litoral del país, con más de 5.000 kilómetros de costas, contra una normativa que consideran perjudicial.

El Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de los industriales, defiende que esta ley es necesaria para dar sostenibilidad al sector ante la sobreexplotación de los recursos, pero los pescadores responsabilizan de ese colapso a las empresas y temen que los cambios consoliden la “privatización” del mar.

Según cifras oficiales, la pesca extractiva da empleo a unas 128.000 personas, de las que 86.132 son pescadores artesanales, de quienes a su vez dependen 5.000 empleos indirectos.

En tanto, el sector industrial ocupa a unos 5.000 trabajadores en las flotas y a 32.000 en las plantas procesadoras.

Jurel, merluza, congrio, anchoveta, camarón y langostinos son las principales especies de la pesca extractiva, que representó el 0,4 por ciento del PIB en 2011, año en que las exportaciones ascendieron a 1.401 millones de dólares, a los que se sumaron otros 3.488 millones de la acuicultura.

La nueva normativa reemplazará a la llamada Ley Corta de Pesca, aprobada en 2002 durante el Gobierno de Ricardo Lagos y que buscaba dar seguridad jurídica a las inversiones de la industria y adoptar el sistema internacional de cuotas individuales y, para ello, analizó el registro de capturas de los cinco años anteriores.

Pero el problema, como explicó a Efe Juan Carlos Cárdenas, presidente de la organización ecologista Ecoocéanos, es que los pescadores artesanales no solían declarar sus verdaderas capturas por temor a que les cobraran más impuestos.

Las empresas, añadió, sí tenían al día sus papeles que, además, reflejaban la intensa actividad que habían desarrollado esos años.

El reparto basado en esa estadística benefició así a las empresas, que, según Cárdenas, se quedaron con el 90 % de las cuotas globales y, de acuerdo con datos facilitados a Efe por la Subsecretaría de Pesca, ascendió incluso al 95 %.

La Ley Corta otorgó durante diez años el uso en exclusividad de porcentajes de las pesquerías, pero éstas eran de transabilidad limitada (posibilidad de vender, comprar, arrendar o heredar), y se determinó que en 2012 se debía discutir la plena transabilidad y evaluar si ese reparto había mejorado la conservación de los empleos y los recursos pesqueros.

Pero, el 68 % de las pesquerías que se administran bajo el sistema de cuotas individuales transferibles de pesca están colapsadas o cerca de la sobreexplotación, según datos oficiales de 2010, cuando Chile era el séptimo productor mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Entre las especies afectadas por la sobreexplotación está el jurel, que representa casi la mitad de las capturas y cuya pesca ha caído de 4,5 millones de toneladas anuales en 1995 a menos de 300.000 este año.

Pese a su bajo porcentaje en las cuotas globales, la participación en los desembarques de la pesca artesanal aumentó del 22 % en 2000 al 52 % en 2010.

“La pesca artesanal ha aumentado su participación no porque haya aumentado sus desembarques -que se han mantenido- sino porque la industria ha disminuido sus capturas por la sobreexplotación”, explicó Cárdenas.

El punto más cuestionado de la norma es que los límites máximos de captura (LMC) de la industria podrán sustituirse por licencias transables de pesca (LTP), de duración indefinida y que podrán ser plenamente transferibles.

“Este es un intento de expropiación de recursos que son bienes nacionales para entregárselos de manera gratuita y a perpetuidad a siete familias que controlan casi el 90 % de las cuotas globales de pesca industrial”, criticó el líder de Ecoocéanos.

El Gobierno, en cambio, defiende que los trabajadores artesanales aumentarán sus cuotas y asegura que con esta ley podrán aglutinar el 55 % de los desembarques, frente al 45 % de la industria.

Los pescadores, por su parte, piden que se aumenten las millas de protección para el sector artesanal y que sea el Consejo Nacional de Pesca el que siga fijando las cuotas en cada pesquería y no un comité científico, como quiere el Ejecutivo, dijo a Efe Hugo Arancibia, presidente de la Confederación de Federaciones Artesanales de Chile (Confepach).