La Contraloría rechazó 13 nombramientos de jefes de departamento en la Subsecretaría para la Fuerzas Armadas (SSFFAA), dirigida por el RN Alfonso Vargas, luego que descubriera que los concursos fueron arreglados para que ganaran los candidatos que quería la autoridad. Asimismo descubrió graves problemas de probidad administrativa en los mismos, de acuerdo al dictamen que publica íntegramente The Clinic Online.

En el documento de cuatro páginas, el organismo fiscalizador acogió la denuncia hecha por Antonio Jiménez de la Federación de Funcionarios de la cartera de Defensa y descubrió que en el concurso se agregaron requisitos adicionales de manera ilegal para postular al cargo.

Básicamente, señala la entidad de control, se impusieron porcentajes arbitrarios a determinados factores y subfactores para la postulación, los que “se transformaron en condiciones que excluyeron del certamen a los postulantes que sólo cumplían las exigencias legales para ejercer las plazas concursadas y, además, dado que en la mayoría de ellas fueron seleccionados quienes las servían como suplentes, permiten suponer que aquellas fueron dirigidas a obtener la nominación de personas determinadas.”

Pero no fue lo único que descubrió el órgano dirigido por Ramiro Mendoza. Sucede que el jefe de la División de Presupuestos y Finanzas, Gustavo Arcaya Pizarro fue el nexo con la empresa consultora que armó los perfiles de los postulantes a los cargos, pero además participó en la elección de dos personas que trabajaron con él en la municipalidad de Papudo y que eran los suplentes en los cargos.

Al respecto, la Contraloría estableció que el hecho se trata de una grave falta a la probidad y “conflicto de interés” que pone en duda la transparencia de todo el proceso, por lo que en el futuro, señala el documento, deberá abstenerse de dicha conducta.

Por último, el organismo fiscalizador cuestionó la formalidad legal de los nombramientos, ya que estos documentos debieron ser firmados por el ministro de Defensa Rodrigo Hinzpeter y no por el subsecretario Alfonso Vargas.

Esta no es la primera llamada de atención que le entidad de control le hace a Vargas. Hace algunos días le refrendó el contrato con el BCI para la contratación de un seguro para la subsecretaría, tal como lo publicó la semana pasada este diario.

Sucede que la SSFFAA dejó fuera de la licitación a través de Chilecompra a uno de los postulantes por no cumplir con las bases.

Sin embargo, cuando la Contraloría revisó lo obrado con el BCI, descubrió que esta entidad financiera tampoco cumplió con la normativa y, es más, rebajó la cobertura para siniestros en la cartera de manera arbitraria. Por lo anterior ordenó que se realice un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los hechos. De acuerdo a fuentes ministeriales, quien estuvo detrás del contrato fue el propio jefe de finanzas Gustavo Arcaya.

Consultada la secretaría de Estado se indicó que la autoridad cuestionó el contenido del pronunciamiento y resolvió presentar una reconsideración del criterio.

El documento, que fue allegado por la propia SSFFAA, sostiene que más allá de los cuestionamientos de la Contraloría, revocar los nombramientos, de los funcionarios, implicaría “un duro traspié al afán modernizador del sector, comprometiendo su eficacia y eficiencia”.

“(…) mucho más importante, constituiría la frustración de las carreras profesionales de los trece jefes de departamentos que en la actualidad se desempeñan en sus cargos, en la confianza y el convencimiento de que sus nombramientos se ajustaron a derecho”.

Lea el dictamen de Contraloría completo

Dictamen contra la SSFFAA

Lea el oficio que la SSFFAA envió a la Contraloría

Reconsideración de la SSFFAA