El fracaso del presidente del CDE para reabrir investigación sobre filtración de documentos de la Armada

El jueves de la semana pasada todos los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que concurrieron a dar cuenta de sus causas al Comité Penal, debieron abandonar la sesión a poco andar. Se iniciaba así una exposición “reservada” en la que un profesional del organismo reveló una instrucción perentoria enviada por el presidente Sergio Urrejola para que se presentara una querella criminal en una causa que lleva la Fiscalía Centro Norte.

Esta última, actualmente archivada, se inició por una denuncia formulada por la Armada de Chile, luego que este diario publicara un documento “secreto” donde el entonces comandante en jefe Edmundo González daba cuenta -en junio de 2011- al ministro de Defensa Andrés Allamand, de los vínculos institucionales con Guillermo Ibieta, el intermediario de armas, formalizado -junto a ex altos oficiales- por lavado de dinero, en el marco de la compra de fragatas holandesas para la Marina. Hoy Ibieta está fallecido.

Hasta allí podría tratarse de un decisión que demuestra que el presidente del CDE actuó con la celeridad que todo funcionario público debiera observar, cuando existe una afectación al patrimonio fiscal o a la seguridad de la nación, sobre todo cuando un caso no avanza.

Sin embargo, la sospechas internas sobre la motivación que tuvo Urrejola, se hicieron patentes a poco andar, ya que nadie sabe por qué “apuró” a los consejeros del Comité Penal a pronunciarse en una causa donde la decisión de archivar que adopta el Ministerio Público es inapelable, salvo que se aporten nuevos antecedentes, lo que no ocurría en este caso.

La discusión interna en el Comité Penal donde estuvo el presidente de la instancia Eduardo Urrejola, su colega Daniel Martorell, la procuradora fiscal Irma Soto y la jefa de Defensa Judicial María Teresa Muñoz, no fue sencilla, porque la orden de Urrejola buscaba a toda costa la presentación de un libelo criminal.

Sin embargo, Urrejola perdió: el Comité Penal, resolvió auscultar un poco más los antecedentes, porque hasta ahora no se establecía con claridad cómo podía haberse afectado la seguridad nacional con la publicación.

Misterio sin resolver

Pues bien, todo indicaba que podría ser la propia Armada la que formuló la solicitud a Urrejola, o bien el Ministerio de Defensa o alguna de las subsecretarías o bien la auditoría judicial de la Marina. Sin embargo, ninguna de estas instituciones, las que fueron consultadas oficialmente por este diario lo hizo.

El único detalle formal que existe hasta ahora, comentaron en la Armada, es que en el departamento legal analizó hace aproximadamente tres semanas solicitar un pronunciamiento del CDE, pero finalmente se desechó la posibilidad. ¿Qué motivó entonces a Urrejola? En la Marina apuestan a que “alguien” de la institución le hizo un comentario de pasillo al jefe del CDE y por ahí comenzó todo, evitando que la institución apareciera involucrada, ya que González pasa a retiro.

Al respecto, este medio consultó a varios consejeros quienes se manifestaron sorprendidos, porque todo indica que Urrejola actuó “de oficio” moviendo así a toda la estructura del CDE sin un respaldo formal para hacerlo, máxime cuando el caso estaba archivado en la fiscalía y un informe de la PDI descartaba cualquier afectación a la seguridad nacional.

Los pares

Luego del rechazo a la idea de Urrejola por parte del Comité Penal, este diario consultó el viernes pasado en el CDE para obtener una versión formal sobre lo ocurrido y conocer la identidad del supuesto peticionario, pero no hubo respuesta. Lo que sí ocurrió es que Urrejola montó en cólera por la filtración, dijeron fuentes de la entidad y hasta el cierre de este edición no se descartaba un sumario. Este lunes este diario envió un cuestionario a Urrejola, el que tampoco quiso contestar.

Hoy martes el CDE se reúne en su pleno, como sucede tradicionalmente y el caso debiera ser sometido al escrutinio de todos sus colegas, donde tendrá que explicar qué motivó esa “instrucción”.

Hipotéticamente, si el CDE se hubiera querellado en este caso y la fiscalía reabierto la causa, una serie de funcionarios habrían tenido que desfilar por el Ministerio Público Centro Norte, ya que serían sospechosos de la filtración. Los primeros, por cierto serían los fiscales oriente que llevan el caso fragatas Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, porque tuvieron acceso al documento. Le seguirían los intervinientes del CDE, los abogados defensores, los detectives que indagaron el caso, empleados del Ministerio de Defensa, la Marina, los miembros del Comité Penal, entre otros, ya que la copia “1 de 1” del documento quedó publicada en The Clinic Online.

El presidente “naif”

Entre los consejeros reconocen que la acción de Urrejola es por decir lo menos “naif”. Hay que recordar que este último ha sido cuestionado en varias oportunidades por sus pares del organismo colegiado.

La primera de ellas ocurrió a pocos meses de que estallara el llamado caso Kodama, donde se frustró el pago de más de 16 mil millones a esta constructora, sin que la Contraloría tomara razón del decreto. A tanto llegó el escándalo que en abril de 2011 la entonces ministra Magdalena Matte debió dejar el cargo y se inició una investigación en la Fiscalía Centro Norte que aún permanece abierta.

Pues bien, en junio de 2011, es decir en plena indagatoria, el abogado Darío Calderón, se reunió con Urrejola, señalándole que patrocinaba a Kodama, proponiéndole que llegaran a un acuerdo económico, porque más allá de los posibles delitos que se configuraran, los trabajos en los corredores del Transantiago se habían hecho y el fisco le debía plata a sus clientes.

Desconociendo por completo el funcionamiento del CDE, Urrejola llevó la propuesta a sus pares, quienes cuestionaron duramente su actuar y no lo apoyaron.

Una segunda oportunidad donde Urrejola ha estado en la mira de sus pares fue la semana pasada, en momentos en que el gobierno ha cuestionado la celeridad con que el CDE ha tratado una posible querella criminal en el caso de los falsos exonerados.

Los consejeros acusaron una presión política a las facultades del organismo y cuestionaron el hecho de que Urrejola no hubiera dicho una sola palabra para defender a la entidad.

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