Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno de Chile, en vísperas del 40 aniversario del golpe militar de Pinochet, que derogue la ley de amnistía que otorga impunidad a los miembros del régimen.

La organización de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres, ha hecho llegar al Ejecutivo una petición firmada por más de 25.000 personas que exige la abolición de dicha ley de 1978, que exime de responsabilidad a las personas que cometieron abusos entre 1973 y 1978.

Además, pide que se tomen medidas para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas, muchas de las cuales aún siguen desaparecidas cuatro décadas después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

“Es inaceptable que 40 años después del golpe militar todavía haya obstáculos a la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Chile”, declara en un comunicado la subdirectora del programa para las Américas, Guadalupe Marengo.

“La ley de amnistía continúa protegiendo de procesamientos a violadores de los derechos humanos, hay aún largos retrasos en los procesos judiciales y las sentencias no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos”, añade.

AI recuerda que decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

El número oficial de personas desaparecidas o asesinadas en ese periodo es de al menos 3.000 y hay unos 40.000 supervivientes de torturas y encarcelamiento por motivos políticos, indica la ONG.

AI subraya que, aunque algunos jueces han optado por no aplicar la ley de amnistía -que contraviene la legislación internacional-; “su mera existencia es una bofetada para las miles de víctimas del régimen de Pinochet y sus familias”.

Hasta la fecha, unas 262 personas han sido condenadas por violaciones de los derechos humanos y hay más de 1.100 casos abiertos, recuerda la ONG.

Esto es gracias “a la continua lucha de las víctimas y sus familias y algunos jueces y fiscales valientes”, apunta la organización.

Además de la abolición de la ley de amnistía, AI pide que los juicios a militares y fuerzas del orden por abusos de los derechos se tramiten en tribunales civiles, que se tomen iniciativas para proteger la memoria histórica de los abusos y crímenes cometidos, y que la protección de los derechos humanos sea una prioridad en la política chilena.