Julio Calzada encargado de la legalización de la marihuana en Uruguay: “El objetivo es controlar la calidad del producto”

Llama la atención que hagas referencia a la legalización de la marihuana dentro de un marco de la defensa de los derechos humanos, ¿cómo es eso?
El consumo de drogas no está penado en la ley uruguaya sino que, al contrario, respaldado por la Constitución, que dice que la injerencia de los magistrados no puede llegar a los actos privados de las personas en la medida que estos actos no afecten a terceros. Entonces podés consumir lo que quieras, pero lo que hacés para consumir esa sustancia está penado. Es una incongruencia desde el punto de vista legislativo que afecta de manera sustancial los derechos de las personas. El segundo aspecto fue cambiar el paradigma desde la criminalización a la salud. El usuario problemático de drogas es un ciudadano que tiene un problema de salud, porque el consumo de drogas le afecta desde el punto de vista sanitario y educativo. Y hay una tercera visión que tiene que ver con un aspecto económico, sanitario y de seguridad. Desde el punto de vista de seguridad en función de la rentabilidad que tiene el tráfico de drogas, no por el costo de producción, sino por los riesgos que lleva hacerla llegar los mercados, se generan inmensas masas de dinero que llegan a manos de organizaciones ilegales que son inescrupulosas, que no tienen problemas en venderla a menores y adulterarlas. En el Uruguay, entonces, comenzó a surgir un fenómeno nuevo que no se conocía y que lo hace aproximarse más a lugares más complejos de América Latina, como son los asesinatos por encargo y los sicariatos. Entonces, aunque tengamos índices de criminalidad muy bajos, el Poder Ejecutivo, en particular el Presidente de la República, apuntó a que la única forma de poder debilitar al narcotráfico es quitándole su base de sustentación: el aspecto económico. Y la única forma que tenemos para eso es regular un mercado que ya existe.

¿Y qué tan grande es ese mercado en un país pequeño como Uruguay?
Uruguay es un país de 3.200.000 habitantes, con 1.570.000 personas entre los 15 y 64 años, de las cuales por lo menos unas 120 mil consumen marihuana una vez al año. Estas personas tienen que vincularse al mercado criminal para hacerlo y le aportan sistemáticamente fondos al narcotráfico. Entonces éstos son los ejes: salud, seguridad y derecho, planteando una regulación restrictiva respecto del financiamiento, la producción, la calidad y el acopio, la distribución y el expendio de los productos. Siguiendo a Einstein, “no se puede obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo”, entonces para obtener resultados diferentes estamos proponiendo otras medidas. Quienes se oponen nos han planteado muchos riesgos, pero los mecanismos de políticas públicas que se han diseñado en estos últimos 50 años han terminado generando más daños que beneficios.

¿Y cuáles serían esos riesgos?
En un problema tan complejo como éste no hay sólo un solo vector. Yo podría decir “yo legalizo y que el mercado regule”, pero no es el mejor camino liberalizar el mercado y que haya competencia entre los actores, porque las drogas son productos no ordinarios que, por ejemplo, no deben caer en manos de la publicidad y el marketing, mediados sólo por el afán de lucro. Pero tampoco estamos planteado un monopolio clásico donde el Estado se encarga de todo. La ley dice que el Estado dará licencias para la producción, acopio, distribución y expendio. De hecho, el Uruguay ya recorrió ese camino: cuando Estados Unidos prohibía el alcohol en los años 20, en Uruguay se estatizaba, con mejores resultados sanitarios que lo que hubo en Estados Unidos durante los diez años que duró la trágica Ley Seca. También Uruguay legalizó y regularizó la prostitución en los años 20, y el juego también es controlado por el Estado. Entonces, el objetivo ahora es controlar toda la cadena de producción para mantener la calidad del producto. El producto que hoy se encuentra en el mercado es de bajísima calidad, una marihuana paraguaya prensada que va con hojas, ramas, semillas, donde los usuarios no saben lo que están consumiendo. Y esto genera riesgos, porque un día consumen sustancias de mejor calidad y no están preparados para los efectos.

Es cómo beber un licor desconociendo su graduación…
Y no sólo eso. Por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Viticultura, que controla que el alcohol del vino se produzca sólo de la uva. Para que se entienda, esta ley no busca facilitar el consumo de marihuana, pero tampoco busca restringir su consumo de otra manera, a través de discursos facilistas. La pedagogía del miedo no ha dado resultado y, al contrario, entre los usuarios se ha generado una percepción del riesgo muy baja. Esto es muy peligroso ya que el consumo de la marihuana no es compatible con muchas actividades, como conducir o usar maquinarias: ocupar una máquina para cortar fiambre te puede arrancar los dedos si te fumaste un porro. Por eso, las estrategias relacionadas con la inclusión e inserción social en el desarrollo de habilidades y competencias para que las personas puedan tomar decisiones adecuadas, son las que más contribuyen a tener sociedades que se relacionen de mejor manera con las drogas.

¿Y por qué regular sólo a la marihuana si existen otras drogas que, incluso, pueden ser más peligrosas producto de la adulteración?
Nosotros diseñamos nuestra política de acuerdo a nuestra realidad. En Uruguay el consumo de alcohol tiene una prevalencia en el 82% de la población, entonces estamos trabajando en un proyecto de ley para regular este mercado. Hemos regulado el mercado del tabaco, que tiene 33% de prevalencia, y estamos regulando el mercado de la marihuana, que tiene un 14% de prevalencia. Claro que hay otras sustancias que tienen riesgos para la salud y que se consumen de manera artesanal, como hongos o plantas, u otras en las que interviene un aparato productivo, como la cocaína o el LSD, pero que tienen un índice de prevalencia que no llega a 1%. De todos modos, estas sustancias hay que abordarlas desde otra perspectiva. Por ejemplo, en el caso de la pasta base, su relación con la cocaína es como tener alcohol adulterado con etanol, y su producción representa un riesgo sanitario para la sociedad, un delito de la salud pública. La pasta base no se podría regular porque simplemente es un producto no apto para el consumo humano. En este sentido, tendrías que avanzar regulando el clorhidrato de cocaína, pero para esto es imprescindible una regulación más global. Occidente tiene este desafío, porque hoy en Europa aparecen cinco sustancias por día.

¿Y cómo se avanza en ese camino?
Lo que se debe hacer es sacar a la sustancia del eje de la discusión. El problema de los usos no está en la sustancia si no en los escenarios donde se consume, por eso los usos más problemáticos se dan en los sectores más vulnerables, con menor desarrollo cognitivo y afectivo-relacional. Por esto el uso de pasta base de cocaína está, claramente, asociado a los sectores más vulnerables de Montevideo. Si superpones los mapas de consumo con los mapas de pobreza, son un calco. Tiene que ver con un conjunto de problemas sociales y culturales que hace que las personas más vulnerables pueden tener un uso problemático de drogas con cualquier sustancia: si metés el zoom en este tipo de características te das cuentas que el 98% de estas personas son policonsumidoras. Entonces, sacar la sustancia como el eje del debate nos permite ver el bosque y pensar en otros enfoques.

Según el diario El País de Montevideo, el 65% de los uruguayos está en contra de esta ley, ¿cómo se toman esta clase de sondeos?
El problema es cómo haces política y si éstas se hacen en función de las encuestas. Las políticas las tenés que hacer en función de principios y convicciones, de lo que es mejor para la población, y ponerlas en debate como lo hemos hecho por largo tiempo. Luego se pone al juicio de la población a través del voto, no de las encuestas.

¿Cómo enfrentan la presión por parte de las grandes farmacéuticas y los productores de semillas? Habrán escuchado los rumores de que Monsanto está detrás de todo, por ejemplo.
Nosotros tenemos una ley que regula todo. Si ustedes se meten en la historia de la prohibición se encontraran que siempre está el tema de las disputas farmacéuticas. Yo no sé que interés podrá tener Monsanto en esto, por lo pronto no creo que quiera cambiar el cultivo de soja por marihuana, es una hipótesis poco plausible. Nosotros hemos tenido entrevistas con gente de laboratorios interesados en producir marihuana con fines terapéuticos. En el mundo hay muchas patentes de marihuana terapéuticas que son utilizadas en países desarrollados, como Sativex, un producto oncológico que está interesado en producir en Uruguay porque no existen muchos lugares donde hacerlo, o Marinol, que también está interesado. También está el tema de que hay países que no tienen su demanda satisfecha de consumo de marihuana. Canadá, por ejemplo, consume 183 toneladas de marihuana al año, y no alcanzan a producirla toda ellos mismos. Ellos tienen interés, pero acá no hay ni acuerdos ni presiones. ¿Ustedes se imaginan al presidente Mujica, que tiene 80 años y que vive en una granja cultivando flores, presionado? Creo que es una hipótesis poco feliz.

¿Y en que instancia se encuentra la ley?
Actualmente está en estudio comisión en el Senado, tras haber sido aprobada en Diputados. Una vez que se tenga el informe listo irá al pleno del Senado para que se vote definitivamente, lo que debería ser a mediados de noviembre.

¿Y una vez aprobada cuál es el camino para la implementación?
Se debe crear una institucionalidad, hay que crear las formas de garantizar a los ciudadanos de Uruguay, en un principio, que lo que se produzca legalmente no va a terminar en el mercado negro, y asegurar a los países de la región que nuestro producto no termine fuera de nuestras fronteras. Se está trabajando fuertemente en los controles de distribución y trazabilidad de la sustancia para que no tengamos problemas de ese tipo. Va a ser una experiencia seguida con lupa por diferentes actores, algunos en contra y a favor, pero lo que yo le digo a la gente que está en contra o que tiene intereses particulares, es que la única forma en que esta ley sea exitosa es que los controles sean tanto o más estrictos que hasta ahora. Si nosotros no logramos aumentarle el riesgo al narcotráfico de producir marihuana ilegal en Uruguay, vamos a tener un competidor muy fuerte. Y en esto hay trabajo para todos.

¿Y cómo ha sido la recepción de los países vecinos?
Respetuosa, sin presiones. Hay diferentes visiones a nivel técnico, aunque todos los organismos técnicos de drogas en los países tienen un componente político. Nosotros les estamos dando la información para que estén al tanto de lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que piensa que se está generando un modelo, hipótesis que nosotros rechazamos porque esta es una propuesta para un país que tiene 1 millón 750 mil potenciales consumidores. Nosotros no estamos pensando, por ejemplo, en los más de 200 millones de habitantes de Brasil y sus potenciales consumidores. Si los países más grandes se orientan a modificar sus políticas en torno a las drogas deberán estudiar propuestas adecuadas a sus realidades particulares. Nosotros estudiamos todos los modelos: Australia, Canadá, Estados Unidos, España, Holanda, República Checa, Portugal, que ha tenido una notable experiencia en términos sanitarios, una política para inspirarse. Tal vez algún país se inspire en lo que nosotros hagamos, pero no es nuestro objetivo.

¿Cuando se pretende entregar las primeras licencias?
Después de aprobada la ley, hay 180 días de plazo, con lo que tendría que ser antes de que termine el primer semestre del año que viene.

Y en términos fiscales, ¿cuánto espera recaudar el Estado uruguayo con todo esto?
Todos son cálculos relativos, ya que están basados en encuestas que nosotros mismos sabemos están subvaloradas. Pero en función de los números que manejamos creemos que es un mercado de 30 ó 40 millones de dólares anuales. Nosotros apuntamos a quedarnos con un aparte sustancial de ese mercado.

Nos comentaste que estuviste hace poco en Chile, ¿qué hacías allí?
He ido varias veces a Chile, la última porque en Santiago se realizó un evento que organizó la OEA para la elaboración del “informe Insulza”, una jornada muy interesante que abrió una nueva puerta de parte de la organización para abordar el tema. Y tuve una escala en el Bar The Clinic (ríe).

¿Y algún legislador o político chileno que haya estado interesado en la propuesta de Uruguay?
No en Chile, pero en Uruguay han estado legisladores chilenos que han participado de algún evento, como Ricardo Lagos Weber. Fue a preguntar y conocer lo que estábamos haciendo.