PDI “sugiere” que nombres de agentes de inteligencia indagados por tortura sean mantenidos bajo reserva

La PDI solicitó a la Fiscalía que mantenga bajo reserva los antecedentes e identidades de los agentes de la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) que son materia de investigación en las torturas sufridas por el estudiante César Reyes, hecho ocurrido en mayo 2013, durante una protesta.

La información consta en el informe enviado por la PDI el pasado 31 de enero a la Corte de Apelaciones de Santiago, a cuya copia accedió The Clinic Online en una fuente policial.

Según los detectives, el sólo hecho de levantar el secreto sobre los datos para que terceros a la indagatoria tengan acceso, pondría en riesgo la seguridad de los agentes, como también su participación en “futuras diligencias en las que participen”.

En dos páginas, el director de la PDI Marcos Vásquez Meza explica todo el tinglado legal por lo cual no habían entregado la información -pese a ser requerida en cuatro oportunidades- apuntando a que el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) requiere del secreto como fórmula para funcionar.

La semana pasada, luego de una verdadera negociación con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el titular de la Fiscalía Centro Norte Andrés Montes logró que la PDI liberara la información, pero no fue tan sencillo. Porque hasta el 30 de enero ello no había ocurrido, por lo que montes presentó un recurso ante el tribunal de alzada capitalino para lograrlo.

Fuentes de la fiscalía informaron que la causa contra los detectives de inteligencia se tornó altamente compleja, ya que la PDI no prestó la colaboración necesaria y la petición de reserva resultaba altamente inconveniente para la indagatoria. Primero porque si bien es cierto los detectives podrán ser interrogados, habrá distintos pasos para lograr, eventualmente, formalizarlos. Lo anterior, porque si los antecedentes están amparados por la Ley de Inteligencia, la audiencia de imputación de cargos debería ser secreta, cuestión que atenta en contra de la publicidad de los actos en los que se sustenta la reforma procesal penal.

En la fiscalía se aseguró que si en los antecedentes aparecen elementos necesarios para la investigación, nuevamente deberán recurrir a la Corte de Apelaciones para que se levante el secreto, atendido que habría que conocer si los procedimientos usados para el seguimiento y el uso de medidas intrusivas se apegaron a la legalidad. De allí que no es descartable que pudieran existir indicios de operaciones solicitadas por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). También es posible que los detectives hayan actuado “de oficio”, cuestión que complicaría a los agentes que se trasladaban en el vehículo patente BR-GG-95 el día de los hechos.

Un caso similar se vivió en 2010, en el marco del llamado caso bombas, cuando el entonces fiscal Alejandro peña obtuvo una información desde la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), referida a las cuentas corrientes europeas desde donde obtenían financiamiento anarquistas chilenos indagados en esa oportunidad. El tribunal de alzada estimó que era procedente y Peña pudo utilizarlos.

Lea el informe de la PDI

Lea el informe de la petición de la Fiscalía Centro Norte