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Opinión

23 de Julio de 2014

Huenchumilla sin vuelta atrás

Este académico ha dedicado su carrera al estudio de la cultura y la sociedad mapuche que ha plasmado en una potente obra escrita. Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha integrado comisiones sobre el tema mapuche en los gobiernos de Aylwin y Lagos, entre otras muchas colaboraciones que ha hecho en Chile y en el extranjero sobre el tema indígena. Aquí analiza los últimos dichos del Intendente Huenchumilla, que han incendiado las redes con frases como: “En La Araucanía no puede haber cientos de familias viviendo en una hectárea cuando al lado hay caballeros que tienen 2 mil”.

José Bengoa
José Bengoa
Por

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Francisco Huenchumilla ha sorprendido a la “opinión pública” con sus declaraciones. Bienvenidas. Abre un espeso silencio. Dice lo que muchos saben, o casi todos saben y nadie se atreve a decir o por intereses creados no se quiere decir: acá hay una herida abierta que clama.

Los jardines infantiles de este país se llaman todos o casi todos con nombres mapuche; los niños se disfrazan de “indiecitos”; luego los más grandes estudian con orgullo las hazañas de Caupolicanes y Lautaros; se dice que la “sangre araucana” baña la bandera y de ahí viene todo el mito de “la roja”, de su valentía, de su coraje para enfrentar como David a los Goliat. Así podríamos seguir con las paradojas.

Pero lo que no se recuerda es que a fines del siglo diecinueve el Estado de Chile ocupó militarmente la Araucanía; “redujo” a los mapuche en ese momento denominados “araucanos” a alrededor de menos de 500 mil hectáreas y el resto las remató entre colonos extranjeros y nacionales. Una sociedad que era rica en ganados, como muestra la platería araucana, fue pauperizada a la fuerza.

Más tarde esas tierras que se les había entregado en Títulos de Merced les fueron también, en un alto porcentaje, usurpadas, por los dueños de fundos vecinos, inscritas fraudulentamente en Notarías y Conservadores de Bienes Raíces. Por eso Huenchumilla señala que observa cómo la mayor parte de las familias mapuche vive en una hectárea y a su lado hay predios de dos mil y más hectáreas, y que eso es una injusticia insoportable. Argumenta y propone tres líneas fundamentales, restitución de tierras, combate a la pobreza y derechos políticos.

“Este es un problema político” ha dicho y repetido y no podemos estar más de acuerdo. A partir de esa constatación, tomada en serio, comienzan los caminos de solución de lo que ocurre en el sur de Chile; la reducción de estos asuntos a cuestiones exclusivas de pobreza o de campesinos pobres, de cultura o folclore, no lleva ni ha llevado a ninguna parte. Mi personal experiencia cuando visito a presos mapuche en las cárceles es que uno está conversando con políticos, con dirigentes de un pueblo que va en la senda de su liberación. Estudian, discuten, se preparan para algún día gobernar. Y esa es una realidad que no se puede tapar con un dedo.

Se trata de un “Pueblo” y según el derecho internacional todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, y Chile votó favorablemente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2007 que dice exactamente aquello. A los mapuche les asiste el derecho y eso es absolutamente necesario tenerlo claro.

¿Es posible llevar a cabo este plan que propone el intendente Huenchumilla? Analicemos brevemente el asunto.
La población mapuche que vive en comunidades mapuche rurales del sur de Chile, es de 136.965, personas, según nuestras elaboraciones del Censo del 2007, que dicho sea de paso, es de muy buena calidad técnica. Son 42.655 explotaciones agrícolas que reúnen en este momento 638.737 hectáreas, un tercio (32,6%) tienen menos de 5 hectáreas, el 24,9% menos de de 10 hectáreas, 20,9% menos de 20 hectáreas y el estrato superior de más de 20 hectáreas concentra el 65.9 de las tierras mapuche ya que se trata de comunidades de bosques y cordilleras, 421.038 hectáreas. En las áreas en cambio agrícolas, a las que se refiere Huenchumilla, el promedio es de 2,6 hectáreas por familia, y 0,69 per cápita.

Esas son algunas de las dimensiones y como se puede ver, no son pocos recursos los que se necesitarían, pero no imposibles para resolver el asunto. Pero está claro que no se trata de comprar tierras solamente de acuerdo a lo establecido por el Fondo de Tierras Indígenas de la Ley Indígena vigente que da un marco legal claro y preciso sobre el tema.

En la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato que presidió el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin, se propuso que se enviara a la Corte Suprema, siguiendo lo ocurrido en Canadá y muchos países que hoy por hoy se dice admirar, una demanda con todos los antecedentes, exigiendo un estudio sobre las tierras usurpadas, las que no deberían ser pagadas. La Corte Suprema debería establecer con detalle esas tierras y su devolución a las comunidades a quienes se las quitó. Una ley de expropiación permitiría resolver a lo menos ese punto conflictivo y crucial.

Calculamos que se trataría de unas doscientas mil hectáreas que alguna vez estuvieron bajo Títulos de Merced y que hoy, según los mapas y planos elaborados por esa Comisión, están en propiedad de particulares y sobre todo forestales. La compra de tierras, por otra parte, mecanismo establecido en la Ley Indígena permitiría la adquisición de tierras necesarias adicionales, de manera de que se constituyan ordenada, homogénea, participativa y adecuadamente los territorios. Estas medidas, llenas de prudencia, darían seguridad jurídica sobre las tierras a todos los actores involucrados y a lo menos marcarían un horizonte claro y definido.

Por cierto que el aumento en la cabida de tierras no es el único asunto que ha señalado Huenchumilla y es preciso dotar a las tierras de recursos, realizar programas contra la pobreza, etc… Hay áreas de comunidades mapuche muy exitosas en materia agrícola, programas de turismo importantes, y muchas actividades que permiten visualizar una sociedad mapuche fuerte y próspera, con fuerte identidad y auto gobierno. En nuestros estudios observamos un tercio de las comunidades, sobre todo en Malleco y Arauco, viviendo en muy malas condiciones, con muy pocas tierras, problemas ecológicos gravísimos (falta de agua, erosión, etc..) y relaciones estructuralmente conflictivas con plantaciones forestales; vemos otro tercio que lleva a cabo actividades agrícolas con relativo éxito y que vería con muy buenos ojos políticas de fomento efectivo y por cierto aumento de sus cabidas de tierras productivas y vemos un poco menos de un tercio de comunidades con grandes extensiones de tierras, bosques, paisajes extraordinarios y que ya llevan a cabo exitosos programas turísticos. Por cierto que hay una gran proporción de la población mapuche que no vive en el campo y que no trabaja en la agricultura, pero que se relaciona en forma permanente con sus comunidades de origen y que participará de estos procesos.

Pero nada de esto tiene sentido sin el reconocimiento de los derechos políticos, punto crucial en las medidas anunciadas por el intendente y a mi modo de ver, punto de partida necesario por el cual se debería partir. Reconocer que se trata de “un pueblo”, y que tiene derechos políticos, es sustancial para cambiar la situación de dominación y subordinación existente históricamente en el sur de Chile.

Las palabras sin sentido como “se quiere construir un Estado dentro del Estado”, solo llevan a un callejón sin salida, no solo acá en Chile sino en todos los países del mundo en que deben convivir pueblos de orígenes diversos. El Estado, el Congreso, en fin, los poderes públicos, a la hora de decidir se han restado. Ha primado el conservadurismo, el temor, el racismo, sino también los intereses y la culpa. Definir un territorio mixto de doble soberanía no implica desmembramiento del país en ningún sentido; lo complejiza y acerca a la realidad. Un gobierno autonómico mapuche con capacidad de decisión sobre todos sus asuntos internos es absolutamente posible de pensar; hay muchos ejemplos en el mundo. La doble ciudadanía de los mapuche, es un horizonte de dignidad y por cierto de paz.

Si es la nueva Constitución la que debe hacerse cargo de este asunto o hay que adelantarse a ella, es un asunto práctico sobre el cual hay que debatir. No veo en las palabras de Huenchumilla una suerte de política “que se vayan todos”, como algunos, desde diferentes sectores, pretenden decir, de manera poco responsable. Es ciertamente posible y en mi opinión deseable la existencia de un territorio compartido, sistemas de gobierno compartido, relaciones múltiples y complejas marcadas no por la subordinación y la explotación como ha sido y es hasta hoy, sino por el respeto y el reconocimiento del otro. Por cierto que esto implica combatir el racismo y todas las formas de discriminación que se filtran en forma permanente en el discurso sobre estas materias.

Los puntos del debate están sobre la mesa. Huenchumilla, ha abierto las compuertas y será muy difícil volver atrás.

*Historiador y antropólogo.

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