tuma A1

Nuevos antecedentes surgen del caso que protagoniza el vicepresidente del senado, Eugenio Tuma, a quien a fines de noviembre la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) allanó su oficina parlamentaria en la región de la Araucanía, por eventuales irregularidades con fondos del Congreso.

En su momento la Fiscalía indicó que el procedimiento se debió a una denuncia por fraude al fisco hecha por una ex asesora del militante PPD, tras lo que se decretó la prohibición de informar.

Según consigna este viernes La Segunda, la investigación indaga supuestas asesorías hechas con plata del Senado con el actual gobernador de Cautín, José Francisco Montalva, la consejera nacional de la Conadi Ana María Llao Llao, y la particular Magaly Coronado.

La denunciante, cuyo nombre permanece en reserva, asegura que los eventuales pagos fueron hechos como una manera de apoyar las campañas de Montalva y la hija del parlamenatrio, Romina Tuma, al Congreso, y la de Llao a la Conadi.

En la página web de la Corporación, figuran pagos por asesorías desde abril de 2013 a Montalva, -por $1.500.000 mensuales-, período en el que competía por llegar al parlamento. La denunciante asevera que en realidad dicha asesoría fue realizada por otro colaborador del senador, Marcelo Jara Rojas, quien también figura con un pago similar en la web institucional.

Aunque Tuma no quiso referirse a la denuncia dado el secreto de la investigación, su abogado Gonzalo Cruz aseguró que las asesorías sí se llevaron a cabo, y que fueron realizadas por quien sale como contratado.

Por su parte, la denuncia señala que Romina Tuma, actual seremi de Vivienda de La Araucanía, contó durante su campaña con la ayuda de Magaly Coronado, a quien, sin embargo, se le pagó $350.000 por “labores administrativas de oficina”. Sobre el caso de Ana María Llao Llao, se acusa que se hizo proselitismo para su llegada a la Conadi, y que parte de su financiamiento provino del item “Difusión” que le Congreso le asigna al senador.