Ossa y cia

Cuando los familiares de los brigadistas forestales mártires de Conaf tras morir en un accidente aéreo en Cauquenes, firmaron un acuerdo de indemnización con la empresa Forestal Arauco , no pensaron que tendrían que ceder un tercio de ese dinero al abogado que en un principio los defendía.

Así al menos lo cuenta Patricia Pérez, suegra de uno de los brigadistas muertos, quien señala que el abogado que hoy tiene en vilo a la Minera Los Pelambres tras revertir un fallo en la Corte Suprema que obliga a la mina del Grupo Luksic a proponer obras para restituir el libre escurrimiento de aguas hacia el pueblo de Caimanes, les “quitó” parte del resarcimiento que obtuvieron tras la muerte de sus seres queridos.

Una sentencia de un juicio arbitral de la Corte Suprema le dio la razón al abogado Ramón Ángel Ossa Infante, quien obtuvo 160 millones de pesos de las indemnizaciones a ocho familias de los brigadistas muertos en ese accidente (20 millones de cada una) tras demandarlos por incumplimiento de contrato y exigir el pago de una cláusula penal incluida en sus contratos por revocar poderes por “causa injustificada y para el caso que los mandantes efectuaren negociaciones directas sin autorización de los abogados demandantes”.

Según la sentencia, efectivamente la investigación reveló que hubo causales injustificadas de terminación de contratos con los abogados y por tanto se resolvió el pago de una multa de 1.000 UF contemplada en el contrato de representación. Sin embargo, a seis años del accidente que motivó nombrar el 15 de febrero como el día nacional del brigadista forestal los familiares insisten en que fueron engañados.

Honorarios

“Sentimos que se aprovecharon del dolor de las personas”. Al teléfono, Patricia Pérez, suegra de uno de los brigadistas muertos y vocera de la agrupación de brigadistas, dice que estaban cansados del escaso trabajo de Ossa en la causa y tomando en cuenta que su representación “había caducado” casi un mes antes, contrataron a un nuevo representante legal que los llevó a un acuerdo con Celco.

La vocera dice que estaban muy descontentos con la gestión de Ossa, que no recibieron informes mensuales comprometidos para saber del avance de la causa y que, en un principio, cuando estaban evaluando contratar al estudio de Ossa y Cía u otro buffete de abogados provenientes de Valparaíso, desecharon a la competencia porque esta cobraba honorarios por el 30% de lo conseguido en el juicio.

“Él se presentó en el salón de la municipio de Cauquenes y dijo tener una corporación sin fines de lucro en un principio, que iba a buscar el mejor acuerdo para nosotros. Cuando vimos que la querella no avanzaba, decidimos todos buscar un acuerdo con otro abogado, que lo consiguió de inmediato. Y después tuvimos que pagarle 20 millones, el 30%, por no hacer nada”, dice la madre de la viuda de Felipe Alvarado, un brigadista de 24 años muerto en el accidente aéreo.

Lo mismo comparten familiares de otros brigadistas, quienes dicen no quieren oír el nombre de este abogado, ni saber sobre la resolución que obtuvieron en tribunales después firmar un pacto con la empresa que subcontrataba a “Silvicultura y Manejo del Fuego Limitada”, donde trabajaban sus familiares.

Sin embargo, la versión de los familiares no convenció al juez arbitral que falló esta causa en mayo de 2011, y le dio la razón a Ossa Infante, confirmando el incumplimiento de contrato por parte de ellos.

Según Ossa, su contrato con las familias fue un pacto de “cuota litis”, que deja sujeto los honorarios para el abogado sólo si obtiene éxito en el asunto, en el que se pactó una cifra de 33% con los familiares.

El abogado señala que su contrato cumple con lo que dicta el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados, que señala que en estos casos “la participación del abogado nunca será mayor que la del cliente o, tratándose de dos o más clientes, a la suma que a estos les corresponda en conjunto”. “No es éticamente aceptable que el abogado gane más que el cliente, entonces el límite es ese. Nosotros lo hicimos al 33% o 30%, que es lo que se estila”, dice Ossa.

Por eso Ossa asegura que el acuerdo alcanzado por los familiares con Celco se hizo a sus espaldas, mientras el estaba de viaje en E.E.U.U., y que cuando demandó a sus representados lo hizo por su legítima retribución, ya que estaba a punto de alcanzar un acuerdo mucho mejor que el que firmaron.

“Esto fue una traición. Yo me encontraba en Estados Unidos y me llamaron a la oficina una de estas familias diciendo que la gente había ido a firmar a Chanco y que, en consecuencia, estaban firmando sin respetar el compromiso de que los abogados son los que hacen las negociaciones. Nosotros teníamos, como en Caimanes y en todos lugares donde tenemos representaciones masivas, reuniones mensuales donde se les informa el avance y estábamos a punto de llegar a un acuerdo”, dice.

A diferencia de lo que dice hoy Ossa Infante, la sentencia del juez árbitro de este caso señala que los honorarios pactados por el abogado con las familias sería de 15% de las indemnizaciones que obtuvieran y como premio un 20% si la suma obtenida superaba los 70 millones de pesos.

Pero además destaca la inclusión de una multa penal de 1.000 UF en caso de un incumplimiento de contrato. Un dato que las familias dicen haber desconocido cuando firmaron el contrato con ese estudio y que, ante la inconformidad de su gestión, decidieron terminar anticipadamente y negociar con otro abogado directamente con la empresa Celco.

Ossa dice lo contrario. Según el abogado, que además ha litigado con éxito en casos como Eurolatina, la misma vocera de la agrupación de familiares de brigadistas convenció a los demandados de buscar un acuerdo “por fuera” para evitar el pago de honorarios profesionales y para que revocaran los mandatos judiciales que les habían otorgado a Ossa y cía.

La vocera aludida, Patricia Pérez, rechaza las acusaciones y dice -tal como en el juicio arbitral que perdieron- que el contrato no se celebró con éxito y que algunas demandas laborales fueron distribuidas pero no tramitadas y que los abogados no les transmitían las ofertas de indemnización a las familias.

Consultado por este tema, el abogado que firmó como representante de las familias el acuerdo indeminizatorio con Celco y perdió en el juicio arbitral contra Ossa, Cristián Pincheira, dijo a The Clinic Online que las personas querían celebrar el acuerdo porque no se les comunicaba los avances y no estaban contentos con la gestión, por lo que buscaron revocar el mandato.

Según Pincheira las personas estaban prácticamente bloqueadas para llegar a un acuerdo y cuando obtuvieron una oferta satisfactoria de la empresa, intentaron ubicar a sus abogados pero no lograron dar con ellos.

Ossa, sin embargo, rechaza las acusaciones y argumenta que un fallo del máximo tribunal, tal como el que obtuvo en octubre pasado con el litigio contra Minera Los Pelambres, le da la razón. “Ellos recibieron su plata, se hicieron los tontos y tuvimos que ir a la misma justicia para que la justicia los condenara”, dice.

Peor aún, según el abogado esto es algo que se repite en el caso de la pugna de Caimanes contra la minera Los Pelambres, donde también se ha propiciado que los afectados lleguen a un acuerdo “por fuera” y también se ha tratado de establecer en el pueblo que su función sólo es para sacarle plata a la minera del Grupo Luksic.

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¿Ramón Ossa Infante o Ramón Guzmán Rojas?

El 21 de octubre de 2014 Ramón Ossa Infante consiguió una de sus mayores victorias judiciales como profesional. Hasta el mismo se sorprendió, dice, cuando supo que su estudio -que además integran su esposa, la también abogada Sandra Dagnino, y el abogado Roberto Arroyo- había logrado revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena y que había ganado, por tres votos contra dos, en la Corte Suprema.

El fallo determinó que Minera Los Pelambres -de propiedad del Grupo Luksic- debía entregar en el plazo de un mes “un plan que permita el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro”. Una resolución judicial anhelada por buena parte del pueblo, que hasta hoy espera la resolución del Tribunal de Los Vilos.

Pero para llegar a ser profesional, Ramón Ossa debió sortear varios episodios en los que se vio involucrado. Y antes de ser el abogado Ramón Ossa Infante hoy conocido por ganarle juicios a los Luksic fue Ramón Ángel Guzmán Rojas, su nombre original. Según consta en el Registro Civil, Ramón Guzmán comenzó a llamarse legalmente como Ramón Ángel Ossa Infante el 29 de noviembre de 1991.

Según lo relatado al diario El Mostrador, la decisión la tomó ya que su padre era “hijo natural” y fue reconocido por un señor Guzmán, aunque su verdadero padre era un señor de apellido Ossa. Y sobre su segundo apellido, el abogado dice que su madre no habría tenido una relación buena con su familia y fue excluida de una posesión efectiva años después.

Antes de ese cambio, Ossa -o Guzmán Rojas, para ser exactos- fue estudiante de Derecho de la Universidad Central, aunque no terminó sus estudios en ese plantel. Tal como consta un informe reservado de la universidad dirigido a la Corte Suprema, Ramón Guzmán Rojas cursó hasta el cuarto año de esa carrera, dejando algunos ramos pendientes.

Sin embargo, durante el mismo mes que cambió de nombre, la Universidad Central inició una investigación sumaria para determinar la implicancia de Guzmán Rojas en una adulteración de una nota. El sumario, eso sí, concluyó sin resolución ya que el entonces estudiante de Derecho no se volvió a matricular en ese plantel.

Según consta en la historia de Ossa, terminó sus estudios en la Universidad de Las Condes (hoy Universidad del Desarrollo). Sin embargo, sus problemas para egresar y jurar como abogado no terminaron. Según consta en un documento al que accedió The Clinic Online, el 30 de julio de 1998 el Consejo de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana su caso fue estudiado por dicha institución.

El documento revela que la entonces presidenta del Consejo, María Eugenio Jaña Saavedra, dio a conocer una apelación presentada por un postulante Ossa Infante para aprobar su práctica profesional. La apelación se debía a que durante un primer período su práctica fue considerada deficiente y se le sancionó con un período complementario de seis meses.

Sin embargo, durante ese período se recibió una denuncia de una patrocinada que dijo haber entregado 300 mil pesos a Ossa para impedir el embargo de sus bienes, algo que no ocurrió, y que Ossa se había quedado con ese dinero.

Finalmente, Ossa realizó un tercer período de práctica profesional en la corporación de El Quisco, donde finalmente pudo aprobar en julio de 1999. Según relató a El Mostrador, esa situación ocurrió porque una persona reclamó a través de una de sus colegas que le había pagado 300 mil pesos y “yo la mandé a la punta del cerro. No sé si era un pago o si yo tenía que hacerle un pago. Ella (la abogada) señaló que yo le había faltado el respeto y me hicieron un sumario por no haber sido respetuoso con la colega”.

Absuelto en la Suprema

Antes de su cambio de nombre y su polémica carrera profesional, todo pudo cambiar para el abogado Ossa. El 21 de octubre de 1996, Ramón Ossa Infante fue condenado a seis penas de 61 de presidio menos en su grado mínimo pasar por hacerse pasar como abogado en la tramitación de adopciones hacia el extranjero de siete menores chilenos.

Sin embargo, el 27 de abril de 1999 -mientras realizaba su práctica profesional en El Quisco- fue absuelto por la Corte Suprema, aún cuando un año antes la Corte de Apelaciones de Antofagasta había confirmado la sentencia e interpuesto una pena única de 541 días. En la época, era representado por el abogado Fidel Reyes, ex defensor de Manuel Contreras y del ex líder de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer.

Según consta en la sentencia, Ossa fue absuelto porque no se advirtió “que el inculpado se presentara como abogado ante el Tribunal, teniendo conocimiento el Juez suplente que era sólo estudiante de Derecho, circunstancia que está en total oposición al suceso fijado por los jueces de la instancia”.

Sobre este tema, Ossa dice efectivamente “tramité adopciones como estudiante de Derecho. Fue la época justo cuando el diputado (Esteban) Valenzuela saltó con una red de tráfico de guaguas, que efectivamente en Santiago hubo una cantidad de adopciones irregulares. Hubo gente condenada, entiendo que secretarios de tribunales que sacaban de forma express la sentencia. Eso explotó todo. Y este diputado en Antofagasta hizo esta cuestión. ¿Y la Corte Suprema qué dijo? Que el juez de Antofagasta había actuado con falta de criterio absoluto, que había dado tratado de darle sentido de un delito que nunca hubo una gestión ni un acto delictual”.

Sin embargo, en un informe elaborado por el Sename de la época por encargo del Tercer Juzgado del Crimen de Antofagasta, se dio cuenta de las solicitudes de autorización de salida del país presentadas ante el servicio por Ossa Infante.

En ella se detalla que el entonces estudiante de Derecho solicitó 27 solicitudes de manera exclusiva y otras 23 con otros abogados patrocinantes. Pero además, en el informe se detalla que Marco Guzmán Rojas y Pablo Guzmán Rojas, hermanos de Ossa Infante, también presentaron dos y una solicitud respectivamente.

Consultado por este tema, Ossa le señaló a este medio que “sí, eran hermanos míos, pero que tramitaban. Lo que pasa es que, cómo se tramita en Sename, para tramitar en Sename en esa época no necesitabas ser abogado. La tramitación de estas causas las podía hacer cualquier persona”.

Según Ossa, esto correspondía a un trámite previo sobre las solicitudes de matrimonios de extranjeros y que, luego, con las carpetas con documentos, se hacía la tramitación a Sename para ir postulando a distintas instituciones u hogares.

Demasiado duro

Con todo, Ossa señala que estos temas sobre su vida han salido a la luz siempre cuando se encuentra en juicios complejos, como los de los brigadistas mártires de Cauquenes y ahora el de Caimanes. Incluso señala que hay una persona involucrada en ambos temas: un profesional que estuvo en Asuntos Públicos de Forestal Arauco y que hoy está en Antofagasta Minerals.

Dice que cada cierto tiempo aparece esta “campaña de desprestigio”, la que -a su juicio- no ha sido tomada en cuenta en Caimanes porque los hechos le han dado la razón. “Nuestro gran éxito ha sido tener la razón. Pero claramente la minera trata de, a través de sus empresas, de levantar estos temas. Y todos ellos los puedo contestar. Yo hoy soy abogado y nunca he sido condenado”, cuenta Ossa.

¿Pero es normal que un abogado tenga un “historial” con tantas cosas de este tipo? Usted dice que no es condenado, pro el hecho de tener una vida así da pie para que se hable.

La verdad de las cosas es que yo creo que efectivamente, quizás es la forma de vivir. Quizás es el precio de ser muy agresivo o haber sido muy agresivo. Es un precio. La forma en que tú te desenvuelves te trae consecuencias.