beatriz silva

Beatriz Silva es la directora de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. Hoy se encuentra en Washington D.C. para exponer mañana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tope de la remuneración que reciben las mujeres en el permiso parental, conocido como el posnatal de seis meses. Junto a ella viajaron la abogada Ana Fullerton, la fiscal Érika Maira y su hija de ocho meses, como una de las afectadas por esta situación. Como explica Silva, luego de las primeras 12 semanas remuneradas, “vienen otras 12 semanas, y esas se pagan con un tope de la remuneración de 66 UF (cerca de un millón seiscientos mil pesos)”. Al sueldo de las mujeres que superan esa cantidad, se les aplica un descuento que va desde un 30% a un 70%. Entre más alto el salario, más alto el descuento. Esta situación afecta a las madres del sector público y privado, aunque en este último sector existe la posibilidad de negociar, mientras que en el primero está fijado por reglamento.

Para la fiscal esta es una discriminación no sólo contra las mujeres, sino contra la maternidad, ya que ninguna otra licencia médica recibe este tipo de descuentos. La iniciativa legal se suma a una similar presentada el año pasado por más de mil juezas y jueces reunidos en la Asociación Nacional de Magistrados ante el mismo organismo internacional con la esperanza de que recomiende al Estado de Chile modificar la legislación.

¿Este tope afecta a mujeres en el sector público y en el privado?
Afecta a ambos. Nosotros sostenemos que esto es una discriminación de género respecto de todas las mujeres. Pero en el sector privado la diferencia es que muchas veces existen sindicatos o negociaciones colectivas en que se logra que el empleador pague la remuneración completa por sobre lo que no le paga el subsidio. En el caso del sector público no existe esa negociación sino que los sueldos están fijados por ley o por reglamento. Por lo tanto no se puede dar una negociación en ese sentido.

¿Se agotaron todas las instancias en el país antes de llegar a la Comisión?
Exactamente. Hay que agotar todo lo que son recursos judiciales en la vía nacional. Nosotros partimos con recursos de protección en la Corte de Apelaciones, se pasó también por Tribunal Constitucional, y finalmente por la Corte Suprema; y no se obtuvo nunca un pronunciamiento favorable, sin perjuicio de que hubo algunos votos a favor, pero los pronunciamientos siempre fueron negativos. Y una vez agotada esa vía, entonces ahora ya podemos recurrir a la vía internacional.

¿Por qué no se fallaba de forma favorable?
La verdad es que se dieron varios argumentos, pero lo que nosotros sostenemos es que acá hay una visión patriarcal de la sociedad y sesgada por género. Porque en el caso de los funcionarios, sean estos hombres o mujeres, cualquier otro tipo licencia médica, sea que dure 6, 7, 8 meses, se van a dar las remuneraciones completas. Entonces esto evidentemente constituye una discriminación en la forma de mirar el mundo, en que lo que se castiga es específicamente la maternidad. Se castiga específicamente eso y ninguna otra cosa. Entonces esta es una visión en que implica, por ejemplo, pensar que las mujeres siempre van a tener algún apoyo en una pareja, en un marido, y que el fin de esto es suplementario. Y eso no es así, porque tal como lo dijo la Presidenta en el discurso del Día de la Mujer, cuatro de cada diez hogares tienen una jefa de hogar y se da mucho en el caso de las profesionales que son ellas las que sostienen la casa.

Y hoy ha aumentado el número de madres solteras o separadas o que no tienen el apoyo del padre.
Exactamente. Entonces son ellas principalmente las que mantienen a sus hijos. Entonces esto implica una visión de la sociedad de que la mujer tiene ingresos suplementarios, de que en el fondo si la mujer profesional gana más es casi como una concesión graciosa; en circunstancias que estamos ya en una época en que en Chile estamos liderando el tema de la paridad a nivel regional, tratando de impulsar leyes, por ejemplo, como la que propugna la igualdad de salarios. Entonces si bien la igualdad de salarios se verifica en el sistema público porque están fijados por reglamento, se produce necesariamente esta disparidad en el momento que esas mujeres profesionales, que hacen el mismo trabajo que los hombres, son madres.

¿Por qué no se consideró que fuera una discriminación hacia la maternidad?
La verdad es que consideramos que esto parte por un tipo de visión de sociedad. Porque para nosotros la discriminación que se está ejerciendo con las mujeres, y no sólo con las del sector público, el hecho de que tengan un tope es una discriminación para todas las mujeres que deciden ser madres y que muchas veces en el caso de las profesionales postergan su maternidad, incluso. Para poder seguir estudiando y luego, en vez de recibir algún tipo de compensación por estos estudios, por su esfuerzo, reciben un castigo en el momento que quieren ser madres, cuando se supone que lo que se intenta en Chile es ir subiendo nuestra tasa de natalidad que ha bajado mucho.

Además es una especie de castigo al poco porcentaje de mujeres que ha logrado tener altos cargos y altas remuneraciones, ¿o no?
Exactamente. Y si te fijas, ese argumento de que “ustedes ganan más que el promedio”, es una argumento que sólo se da respecto de las mujeres. En cambio a los hombres se les aplaude y se les felicita cuando ganan más, se ve como un logro. Pero en el caso de la mujer hay una crítica velada. Pero más incluso que la discriminación respecto de la mujer, es una discriminación respecto de los niños.

¿En qué sentido?
Porque entonces la ley está haciendo una diferencia entre los niños que tienen una madre que gane estas 66 UF y puede quedarse con su madre los seis meses y esa madre no sufre ningún recorte en su remuneración. En cambio un niño que tiene una madre que gana más dinero, esa madre se va a ver en la disyuntiva de ver si se queda con su hijo o gana el sueldo completo. Y muchas veces no es ese puro hijo, tiene que mantener a otros niños. Entonces eso va a significar que la madre, en vez de elegir quedarse los tres meses completos, va a elegir volver media jornada, para poder ganar un poco más de remuneración o llegar al extremos que se han dado en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que es derechamente renunciar a ese permiso parental y volver a los tres meses para poder seguir ganando el sueldo completo.

¿Esta exposición está en la misma línea de la que presentaron las juezas y los jueces el año pasado?
La idea es que todas las organizaciones que quieran subirse a esta iniciativa son todas bienvenidas. Porque nosotros sostenemos que este es un tema de género que nos afecta a todas, las mujeres del sector público y el sector privado. La idea es ir emparejando la cancha de todas pero hacia arriba. No hacia abajo. ¿Qué pasa con el sector público? Que si nosotros elimináramos este tope, eso no le saldría un peso más al Estado.

¿Por qué?
Porque sucede que nuestro presupuesto se fija en la Ley de Presupuesto. Y por ejemplo, si el Ministerio Público tiene 180 fiscales que son mujeres, el Ministerio ya tiene en sus arcas el dinero para pagar la remuneración de todas esas mujeres. No sabe si se van a embarazar o no. Entonces no es que les cueste más dinero, sino que es dinero que ya está presupuestado para ese ítem. Y eso también para el mundo privado. La idea es que se elimine el tope. Porque acá lo que se trata es de incentivar la maternidad. Entiendo yo que eso es lo que estamos buscando como país.