Carlos Carmona Santander TC

El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), el abogado Cristián Vargas, relató en calidad de testigo a los fiscales, el pasado 23 de julio, una serie de hechos detallados sobre las presiones que se recibieron de parte de distintas reparticiones del gobierno hacia el servicio en los momentos cruciales de la investigación de la arista SQM del caso Penta.

Vargas dijo que un asesor del Ministerio de Hacienda, que según la información que maneja este medio es cercano a la Democracia Cristiana y trabajó en el SII, le planteó una estrategia para encontrar una solución al problema que enfrentaba en marzo de este año a la fiscalía y SQM por la petición del Ministerio Público de la entrega de la información contable de la empresa que controla Ponce Lerou entre los años 2009-2014.

Según pudo recabar The Clinic Online, dicho asesor le dijo al abogado que la estrategia consistía en que SQM entregaría al SII -y no a la fiscalía- los antecedentes que le estaban requiriendo. La idea, según se lo habrían transmitido a Vargas, habría nacido del entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Vargas agregó que el asesor de Hacienda le señaló que, de ser necesario, el SII podría ir incluso con camiones a retirar la contabilidad a SQM. Un episodio que también lo declaró ante los fiscales el ex director del SII Michel Jorratt el pasado 25 de junio.

Vargas, quien sigue en funciones en el SII pero en un cargo distinto, le confesó a los fiscales que el plan que le sugirieron a él y a Jorratt consistía en que el SII no entregara la información a la fiscalía, lo que provocaría automáticamente una controversia entre el SII y el Ministerio Público sobre las facultades de ambos organismos para investigar delitos tributarios. Y, precisamente esa contienda de competencia es la que debía ser resuelta por el Tribunal Constitucional.

La estrategia que le adjudican a Interior, según Vargas, contemplaba también que el SII no ejerciera acciones penales en contra de los hechos que quedarían al descubierto con los antecedentes aportados por SQM. Y, en caso de haber irregularidades, éstas se deberían perseguir sólo con una sanción pecunaria, es decir, con multas.

Según la información que se manejaba en ese entonces en el gobierno (aproximadamente en marzo), la empresa controlada por Julio Ponce habría estado dispuesta a presentar declaraciones rectificatorias y a pagar todas las multas que el SII les cursara. Lo curioso es que el asesor de Hacienda, junto con plantearle el escenario de la contienda de competencia en el TC, le dijo al mismo tiempo que creía que era una mala idea, que no tenía fundamentos legales y que sólo estaba cumpliendo con exponérsela para que el SII estuviera al tanto del contexto político en el que se estaban tomando las decisiones.

Vargas, a su vez, también le entregó su posición al respecto y le señaló al asesor que lo que planteaba Interior no tenía justificación jurídica y que la fiscalía podía requerir la información al SII en el marco de la investigación de los delitos que ya estaban en curso y que el SII no podía negarla.

Según la versión del abogado, lo anterior estaba en conocimiento del ex director Jorratt, pues Vargas fue convocado a una reunión (con Jorratt) en la que éste le relató los mismos hechos que el asesor de Hacienda y le transmitió que el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, cercano a Bachelet y a la Concertación, estaría de acuerdo con resolver a favor del SII si se planteaba el tema en esa instancia.

Respecto a esto, en junio Jorratt declaró ante la fiscalía que “Andrea Palma (ahora ex jefa de gabinete de Alberto Arenas) me pidió posteriormente analizar si la resolución del Tribunal Constitucional de acoger a trámite el requerimiento de SQM impedía que el SII entregara información a la Fiscalía. Dado que no soy experto en temas legales, pedí a abogados del SII opinión, la que concluyó que no había impedimento legal por lo cual se procedió a la entrega de la información a la Fiscalía, tal como estaba planificado por el SII”.

Si bien, Jorratt en su declaración hizo mención al episodio relatado por Vargas respecto a la contienda de competencia, no se refirió a que habría sido él quien supuestamente mencionó el hecho que involucra el presidente del Tribunal Constitucional.

Carmona había tomado protagonismo como presidente de la institución cuando en marzo acogió a tramitación los requerimientos ingresados al TC por la defensa del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Ese hecho derivó en el congelamiento de la investigación y del accionar de la fiscalía, que por esos días intentaba incautar la información contable de SQM correspondiente a los años 2009 y 2014.

De acuerdo con la declaración de Vargas ante la fiscalía, fue él mismo quien le representó a Jorratt no aceptar la propuesta de levantar una controversia en el TC porque sería artificiosa, carecía de fundamento legal y que, en cambio, la mejor opción era declarar públicamente que los antecedentes contables que había entregado en forma voluntaria SQM al SII, estarían a disposición de la fiscalía si se requerían. También le habría argumentado que esto debía ser hecho antes de que la propia fiscalía se los pidiera formalmente, pues la imagen del servicio estaba siendo cuestionada por la opinión pública. La idea, según el abogado, era dejar en claro que el SII no se prestaría para obstaculizar la investigación.

Vargas no se quedó tranquilo con esa conversación y declaró a la prensa que el SII no podía prestarse para una maniobra que entorpeciera la investigación del Ministerio Público. Lo dijo en distintos medios casi al mismo tiempo que la fiscalía pedía formalmente los antecedentes contables al SII. De hecho, según la versión que Vargas entregó al Ministerio Público, le advirtió a Jorratt que negarse a entregar la información contable a los fiscales podía traerle consecuencias legales e, incluso, configurarse un delito por su eventual responsabilidad administrativa como funcionario público en su calidad de director de Impuestos Internos.

Consultado al respecto, Carmona explicó a The Clinic Online lo siguiente: “No sé qué quiso decir con eso, no me puedo pronunciar sobre algo que no he visto y no conozco”, dijo el presidente del TC. Sobre si alguien del gobierno en ese tiempo o el mismo Rodrigo Peñailillo lo llamó por este asunto, Carmona también lo descarta: “El gobierno nunca llamó para preguntar ni para pedir nada. No corresponde que se haga un llamado de esa naturaleza a un tribunal”.

Por su parte Jorratt explicó brevemente a este diario: “No recuerdo este episodio”, al preguntarle por la mención que él habría hecho de Carmona en ese tiempo.

EL ROL DE AYALA

Cuando la arista SQM había bajado la intensidad en los medios, la declaración de Vargas encendió las alarmas sobre todo en la fiscalía, luego que su jefe máximo iniciara una investigación en contra del fiscal regional Alberto Ayala por las supuestas filtraciones del caso que habrían llegado a oídos del ex ministro Peñailillo. Según la versión de Vargas, había escuchado de parte de Jorratt que un fiscal cercano a la Nueva Mayoría, habría entregado información del caso al ex jefe de gabinete de Bachelet.

La semana pasada tanto Cristián Vargas como Michel Jorratt y Rodrigo Peñailillo declararon por la investigación que abrió el Fiscal Nacional. Según informaron distintos medios, Peñailillo negó tales imputaciones en su declaración frente al fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra. Lo mismo habría hecho Jorratt, quien habría desconocido la información que proporcionó Vargas a los fiscales.

The Clinic Online intentó obtener una versión de Cristián Vargas, pero se excusó y dijo que no haría comentarios sobre su declaración en la fiscalía.