Ex fiscal de La Araucanía asegura que hay “entrenamiento paramilitar” en la IX Región

El ex fiscal de La Araucanía, Francisco Ljubetic, se refirió en extenso a los supuestos vínculos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos grupos relacionados a la causa mapuche en el sur del país. En entrevista con La Tercera, el fiscal que investigó el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, confirmó que esos antecedentes se conocieron gracias a Sebastián Piñera: “Después de un viaje a Colombia, el ex Presidente y una delegación llegaron con esta información, la cual deriva del bombardeo a un campamento de las Farc. Entonces la fiscalía de Colombia, a través de los agentes policiales, lograron recuperar los discos duros internos y externos. Hicieron una revisión de todo este material y lo que entregaron a Chile fue un dossier con información relacionada con los correos electrónicos que decían relación con nuestro país”. Ljubetic agrega que fue en la Fiscalía de Pudahuel, a cargo de Emiliano Arias, la que investigaba “la posibilidad de que algunos grupos nacionales pudieran tener financiamiento externo, y que de eso derivara algún delito de asociación ilícita o financiamiento al terrorismo (…). A partir de eso, se indaga la posibilidad de que personas de la etnia mapuche, y en particular, los que están involucrados en algunos hechos (de violencia), habían viajado a Colombia a perfeccionarse en materia de guerrilla rural”.

Dijo, más allá de los mails que se dieron a conocer, que “hay casos donde se detectó entrenamiento paramilitar de grupos en la IX Región. Lo puedo afirmar, dije que había una especia de guerrilla rural porque en eso consiste: grupos que se reúnen y planifican ataques. Todo esto se confirmó con la emboscada que le hicieron al fiscal (Mario) Elgueta y a la comitiva policial, donde se logró establecer que fue un lugar escogido, donde los fusileros que atacaron a la comitiva se encontraban en un paredón superior, o sea dispararon en altura, y después uno ve una cartilla (de las Farc) y se ve cómo se tiene que hacer un ataque de emboscada y el dibujo es exactamente igual a cómo ocurrió en ese caso”.

El ex fiscal aseguró que un caso clave para detectar estos vínculos fue el ataque a Jorge Luchsinger, en junio de 2005: “Esa vez el matrimonio fue sacado de su vivienda, quemaron casas de varias personas. Los atacantes estaban vestidos de negro, con botas, mimetizados, con armamento al cinto. Era un grupo absolutamente coordinado, con un jefe central que impartía instrucciones y que casi no hablaban”. Agrega que en un segundo ataque, a un campamento forestal en Lumaco, cerca de Traiguén, en 2009, “los trabajadores del campamento fueron sacados por un grupo armado, vestido con botas y que tenía armamento. Los atacantes se fueron trotando de dos en dos. Luego, a unos 200 metros del lugar, detuvieron a un motociclista, que era un trabajador forestal que cuando vio el humo, pensó que podía ser un incendio en el campamento. Y cuando se enfrentó a estas personas, lo atajaron y le quemaron la moto”.

Señala que gracias a esos dos casos “se pudo corroborar que había actividades paramilitares concretas. Son dos casos muy claros en orden a la forma de actuación y grupos organizados, una célula con una planificación previa, con tareas asignadas, con una jefatura. Los testigos dicen que uno de los que dirigía tenían acento extranjero, las presunciones eran de que esta persona era peruana o boliviana y nosotros lo indagamos”.

Aseguró que este tipo de entrenamiento estaría directamente vinculado con Colombia, ya que “se da cuenta de que estos grupos tenían apoyo de otra naturaleza. Las armas ya no eran la excepción, sino que era la regla general”. Agrega que “hay una evolución del conflicto y justamente los años que salieron estas personas con destino a Colombia, disminuyeron sensiblemente los hechos de violencia. Y luego -al ver las estadísticas- empiezan a suceder los hechos de mayor gravedad en la región. Hasta ese momento, los episodios que ocurrían eran tomas de fundo, algunos incendios más o menos grandes, pero luego comenzaron los ataques que tenían otro carácter, y de la ruralidad se pasaron a la Ruta 5 y comenzaron la quema de camiones”.

Dijo que si bien se trata de “presunciones”, exista una “relación directa”, señalando que “Esas eran actividades de preparación clandestinas, pero que les permitía a estos grupos radicalizados adquirir otros elementos para realizar actividades en sus propios países. Es como si fueran a hacer un máster al extranjero y luego llegan a aplicar esos conocimientos. Uno de los datos interesantes que justifica esta salida (de Chile) y su entrenamiento, es que ninguno de estos individuos fue a trabajar a ese país. No tenían recursos de ninguna naturaleza para estar por mucho tiempo ni en Ecuador ni en Colombia, pagarse los viajes y estadía. Ahí está la presunción de que fueron recibidos, mantenidos y devueltos a su país”.

EL ex fiscal agrega que varios de quienes viajaron al extranjero “habían sido condenados por otros hechos y no guardaban relación con este tema”. Señala que la investigación no prosperó porque cuando el gobierno colombiano pidió la extradición de Manuel Olate, la Corte Suprema de ese país “declaró que las evidencias recogidas en los campamentos bombardeados eran ilegales, por cuanto estos campamentos se ubicaban en territorio ecuatoriano, estaban a un kilómetro de la frontera para evitar que la policía o las tropas del ejército colombiano los detectaran (…) Esa prueba no sirvió ni en Colombia ni en Chile para fines procesales, pero como información, en la IX Región, las incorporamos como prueba en dos investigaciones”.