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“Un proceso largo y doloroso”. Así definió el coronel Clovis Montero sus 15 meses de reclusión en el penal Cordillera, luego que la justicia militar lo procesara por su participación en el millonario desfalco a los fondos reservados de la Ley Reservada del Cobre. “(Estoy) triste por todo lo que ha debido sufrir mi familia”, respondió a The Clinic a través de un cuestionario.

En el manuscrito de 11 páginas, escrito en letra imprenta, Montero detalló de manera exclusiva cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta. “Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.

Montero apuntó en su escrito que los principales responsables de lo sucedido “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”. “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.

Consultado sobre dónde está el dinero defraudado, Montero, sin entrar en mayores detalles, escribió los nombres del cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, el general Héctor Ureta y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer. A renglón seguido precisó que los dineros defraudados habrían sido gastados en “casinos (de juegos), propiedades, caballos y fiestas”.

El coronel, detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, aseguró que descubrir a los responsables del ilícito no es una tarea demasiado compleja. “Se puede detectar viendo sus patrimonios y vínculos con proveedores”, aseguró. Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército y exmiembro de la Contraloría de esa institución, conoce de cerca los secretos financieros del generalato y sabe que su relato cuenta con el respaldo de diversos documentos provenientes de la misma institución. Incluso, aquellos que pareciera que ninguna autoridad civil quiere investigar.

El gobierno, como si el país viviera en los inicios de la transición a la democracia, mantiene hasta ahora silencio sobre estos delitos que involucran facturas falsas, robadas y duplicadas, según reconoció en un oficio reservado el propio comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, al ministro Jorge Burgos, cuando éste era el titular de Defensa.

Ni el actual titular de la cartera, José Antonio Gómez, ni su antecesor, precisamente Jorge Burgos, quisieron aclarar o referirse a los hechos, pese a las solicitudes de The Clinic. Sin embargo, en medio de esta conmoción y sin explicación pública, el coronel Fernando Grossi, jefe del Departamento Financiero del polémico Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), la unidad donde ocurrieron gran parte de estas irregularidades, fue promovido a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, liderada por el socialista Gabriel Gaspar, otrora líder del MAPU y asesor de Enrique Correa.

En ese marco, diversos oficiales del propio Ejército expresaron bajo anonimato a The Clinic su temor por la posibilidad de que estas operaciones no solo incluyan actos de enriquecimiento personal de algunos militares, sino también el financiamiento ilegal de campañas políticas e irregularidades en las operaciones de paz en Haití, apoyadas por Naciones Unidas. El mismo coronel Clovis Montero ratificó que es muy probable que uno de los proveedores involucrados en el desfalco, Raúl Fuentes Quintanilla, sea también “proveedor en las operaciones de paz”.

UNA MÁQUINA DE DEFRAUDACIÓN
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Las operaciones fraudulentas fueron aprobadas al interior del Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de revisar los desembolsos asociados a los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, norma jurídica de carácter secreto que hasta hoy no puede ser conocida por la ciudadanía, relató Montero.

Para no dejar huellas, las defraudaciones habrían sido cometidas con los remanentes de las millonarias compras de armas, autorizadas por los ministerios de Hacienda y Defensa. “Los remanentes se utilizan (generan) por saldos no invertidos que los jefes de proyectos y del Comando de Apoyo a la Fuerza no controlan”, explicó el otrora hombre fuerte de las finanzas del Estado Mayor.

El uso de estos fondos, según el coronel Clovis Montero, “es arbitrario” y muchas veces se juntan saldos, destinando además estos recursos a gastos que no están autorizados por la Ley Reservada del Cobre, como vestimenta y viajes, según admitieron, además, diversos oficiales a la fiscal militar que investiga el caso, Paola Jofré.
En este punto los nombres se vuelven relevantes. Montero apuntó a The Clinic que los generales a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza desde 2011 fueron Antonio Cordero, Jorge Salas, Miguel Muñoz e Iván González. Ninguno fue interrogado por la Justicia Militar hasta agosto.

Al ahondar en el descontrol contable, Montero no tiene dudas de lo ocurrido. “No hicieron el trabajo o dejaron que las cosas sucedieran, ya que los tesoreros (del Ejército) no revisaban”, subrayó.

“Ningún organismo del Ejército revisa la Ley del Cobre. La orden fue del general (Jorge) Salas con (el coronel Fernando) Grossi en 2012”, ahondó Montero. “La orden era digitar solamente (las facturas), no revisar forma y fondo (de los pagos)”, insistió.

Ello explicaría en parte que el Ejército pagó cientos de millones de pesos contra facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. O que tenían orden por robo. O que pertenecían a sociedades con término de giro.

Pero el descontrol no solo atañe a los desembolsos, los que por ley ni siquiera pueden ser supervisados por la Contraloría General de la República, ni el Congreso, ni ninguna autoridad civil, a 25 años de iniciada la democracia.

Otra arista son los nulos estándares exigibles para convertirse en proveedor de los desembolsos secretos del Ejército. “Se deben cumplir mínimos requisitos que deben ser presentados a la Jefatura de Adquisiciones”, precisó el coronel Montero. “No hay control de calidad”, remató.

Coincidentemente, el propio Ejército reconoció a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que las empresas involucradas en estas millonarias defraudaciones siguen operando como proveedores de la institución y ganando nuevas licitaciones, por las que siguen recibiendo pagos con fondos públicos que pertenecen a todos los chilenos.
Estas compañías son principalmente Raúl Fuentes Quintanilla, Inversiones Capellán, Waldo Pinto, Pedro Salinas, Frasim y Tajamar, la que fue creada en 2013 y emitió sus primeras facturas al Ejército por 142 millones de pesos, luego de ser aceptada como proveedor por el general Héctor Ureta.

Según Montero los fondos reservados del cobre suman hoy “aproximadamente 5.000 millones de dólares”, una montaña de dinero que por ley es gastada por las Fuerzas Armadas sin supervisión alguna de la Contraloría General de la República. “Nunca nadie revisa nada”, precisó Montero.

Esta cifra equivale a 17 veces lo que el gobierno destinará para la etapa inicial de la gratuidad universitaria, en medio de la contracción económica y el “realismo sin renuncia” invocado ante la ciudadanía por la presidenta Michelle Bachelet, para justificar el menor gasto social.

Este monto, hasta hoy desconocido y reservado, representa solo los recursos sin gastar de la Ley Reservada del Cobre y es independiente de los flujos que anualmente Codelco entregará en el futuro a las Fuerzas Armadas por el diez por ciento de sus ventas, acorde a la ley secreta 13.196.

Ya entre los años 2000 y 2015, ese aporte anual superó los 20.000 millones de dólares, según estadísticas oficiales de la cuprífera estatal. Es decir, 2,5 reformas Tributarias, capaces de financiar la construcción de 30 hospitales, dos mil colegios de excelencia y 100.000 viviendas sociales, por ejemplo.

EL ORIGEN DE UN CRIMEN
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El coronel Clovis Montero no omitió su participación en los hechos. Incluso admitió que entre enero y marzo de 2014, “(el cabo Juan Carlos) Cruz me manifestó que la División de Mantenimiento (a cargo del general Héctor Ureta) necesita sacar unos dineros para unos gastos”.

En este punto, las versiones se contradicen entre los involucrados. Sin embargo, los hechos indesmentibles son que el coronel Montero consiguió en enero unas facturas ideológicamente falsas con la empresa Frasim, representada por Francisco Huincahue. Luego, el cabo Cruz falsificó las firmas de las órdenes de pago y la Tesorería del Ejército canceló raudamente lo solicitado.

Huincahue, tras retener el pago del IVA y quedarse con una comisión, devolvió la diferencia, unos 35 millones de pesos, al general Montero, en fajos de billetes. “En el Club Hípico, le entregué el dinero al empleado civil Danilo Alarcón y el cabo Cruz. Alarcón lo guardó en un maletín negro”, admitió Montero en el escrito enviado a The Clinic.
La operación fue repetida en marzo por un monto similar, pero el nuevo tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, detectó casualmente las firmas adulteradas en las órdenes de pago y la investigación estalló. Los 103 millones de pesos, inicialmente bajo sospecha, pronto escalaron a cifras inabarcables.

Montero, quien al momento de su participación en los hechos era miembro de la Contraloría del Ejército, prevé hoy que las operaciones fraudulentas suman “aproximadamente 6.500 millones de pesos”, unos diez millones de dólares.
Esta cifra, eso sí, abarca lo que la Justicia Militar investigó solo entre 2011 y 2014, pero las pericias indican que los desfalcos pudieron comenzar en 2008, como prueban las decenas de millones de pesos gastados por el cabo Cruz, entre 2008 y 2011, en los tragamonedas del casino Monticello. Hasta ahora nadie ha explicado por qué la investigación no incluye ese período.

Tampoco ninguna autoridad reveló cómo fue posible que el cabo Cruz gastara 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del Monticello, según quedó registrado en la tarjeta platinum que el centro de diversiones le entregó al suboficial.

¿FAVORES A EX CNI?
El coronel Clovis Montero aseguró que las defraudaciones no solo ocurrieron con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. También hubo malversación con fondos del presupuesto regular y con los gastos reservados de la Comandancia en Jefe.

“Recuerdo un departamento que le compraron al teniente coronel (r) Emilio Neira, preso en Punta Peuco (por las muertes en Operación Albania). Estaba el general Óscar Izurieta como comandante en jefe y el general Carlos Cid en la DIFE (Dirección de Finanzas del Ejército)”, aseguró.

Montero añadió que las irregularidades abarcan otras áreas e incluyen hasta a los generales y sus familias. Como ejemplo, apuntó a los supuestos ilícitos cometidos con la compra de pasajes en avión adquiridos institucionalmente a Turismo Latrach y Turismo Costanera. “En estas empresas viajaban los generales en comisión de servicio. Los valores eran abultados y viajaban con las señoras”, precisó Montero en el escrito.

Pero eso no fue todo, según el coronel “a los generales les corresponde (viajar) en primera (clase) y con ese pasaje viajan con señora (pero además) el excedente del pasaje se lo devuelven a ellos”, ahondó.

Entre los supuestos involucrados, citó a los generales Jozo Santic e Iván González, con rutas a Estados Unidos y España, respectivamente.

Montero, además, apuntó a supuestas irregularidades cometidas en el Club Militar de Lo Curro. Argumentó que facturas endosadas a colaciones extraordinarias eran destinadas en verdad a financiar fiestas privadas de oficiales, con montos de “3.000.000 a 6.000.000” de pesos.

“El 2013 los generales del Edificio (Bicentenario) pagaron su almuerzo diario con facturas internas (a las) que les ponían colaciones extraordinarias”, afirmó. “Al general Bosco Pesse, jefe del Estado Mayor en 2013, le compraban todo en alimentos y lo hacían pasar como colaciones extraordinarias”, detalló.

Finalmente, al repasar los hechos y su vínculo a las irregularidades cometidas, el coronel Montero ya no tiene dudas de sus yerros y de los favores hechos a sus superiores. “No debí haber sido tan huevón, yo no necesitaba la plata”, sinceró a The Clinic, tras quince meses preso.