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El pasado 28 de julio de 2015, tres de los abogados que conforman el estudio FAR Y CIA, ingresaron un documento en el 12° Juzgado de Garantía notificando, a través de un patrocinio de poder, que asumían la defensa del narcotraficante Carlos Riffo Peña, apodado “El Mosca”. En el documento, al que accedió The Clinic Online, aparece el ex fiscal Vinko Fodich y el asesor parlamentario de Nicolás Monckeberg y querellante en el caso Caval, Eduardo Riquelme. Ambos son socios junto al jurista José Luis Andrés y al ex Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en la era Piñera, Gonzalo Yuseff.

Eduardo Riquelme, ex jefe de gabinete de Andrés Allamand en Defensa, es un antiguo militante de Renovación Nacional. En sus tareas en el Congreso asesorando a Monckeberg, según la información de la Cámara Baja, figura la preparación de proyectos de ley, análisis legal, entre otras materias y tiene contrato vigente desde mayo del 2015 hasta 31 de diciembre del 2015 por casi 18 millones de pesos. Además, asesora a la bancada RN en casos específicos como Caval y la interpelación al exministro Peñailillo.

A diferencia del nuevo cliente del estudio de Riquelme, el diputado Monckeberg ha sido un férreo opositor a las modificaciones a Ley de Drogas. Según ha dicho en la prensa, el autocultivo de marihuana facilitaría el trabajo de los narcotraficantes: “Quien crea que esto ayuda a terminar con el narcotráfico está completamente equivocado y refleja desconocimiento de la realidad que viven las poblaciones de nuestro país. Hoy, el narcotraficante que vende marihuana es el mismo que trafica las otras drogas duras, como pasta base, cocaína. De qué combate al narcotráfico estamos hablando. Esta ley facilita su negocio”, dijo a El Mercurio el 7 de julio pasado. También en 2004 lideró la ofensiva contra los indultos presidenciales otorgados por Ricardo Lagos a 140 narcotraficantes.

Riffo Peña, “El Mosca”, es un conocido narcotraficante que integró la banda “La Oficina” en La Legua  Emergencia y fue condenado por asociación ilícita y tráfico de drogas en 2008. Si bien Riquelme comparte oficina junto al ex fiscal Fodich, mano derecha de Cristóbal Lira, el Subsecretario de Prevención del Delito durante el Gobierno de Sebastián Piñera y a Yuseff, en el patrocinio legal no aparece este último. La defensa la conforma también José Luis Andrés, ex defensor público y socio del estudio fundado en 2013.

La Oficina de la Legua

En 2006, el líder de La Oficina y jefe de El Mosca, Israel Salazar, le puso precio a la cabeza del ex fiscal Alejandro Peña, quien había desbaratado varias bandas de narcos de la zona sur de Santiago. Ofreció $30 millones por asesinarlo. La osada amenaza de Salazar desató una cacería policial en la que cayeron cinco miembros de “La Oficina”, entre ellos, Riffo Peña. La banda, dedicaba al tráfico y venta de cocaína, fue bautizada así porque sólo atendía a su clientela de 9:00 a 18:00 hrs, en los domicilios ubicados en la emblemática calle de La Legua Emergencia Sánchez Colchero Sur en San Joaquín.

Carlos Riffo era el responsable del control operativo de La Oficina. Según estableció la investigación judicial, se encargaba de reclutar a los cocineros, vendedores, soldados, recaudaba las ganancias y pagaba a los colaboradores. Por estos hechos, el 22 de julio del 2006, fue formalizado por asociación ilícita y tráfico de drogas en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago. El 5 de mayo del 2008, en procedimiento abreviado, a cargo de la Magistrada Carolina Díaz, “El Mosca” fue condenado a dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio por los delitos antes mencionados. El 15 de abril de 2013 terminó de cumplir su sentencia. Pero el 12 mayo de este año, volvió a ser detenido por tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armamento, delitos por los cuales fue formalizado el 24 de junio en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago. La causa la lleva el Fiscal Alex Cortez de la Fiscalía especializada en Antinarcóticos y Crimen Organizado. Mientras dura la investigación, El Mosca está con prisión preventiva en Colina II.

El 21 de septiembre pasado, Fodich envió una queja al 12º juez de Garantía de Santiago por el trato que recibió Riffo Peña en un traslado al Centro de Justicia el 16 de ese mes. La defensa sostiene que Gendarmería lo trasladó unilateralmente y lo dejó encerrado en los calabozos del Centro durante toda el día, sin avisar al tribunal de su presencia en el lugar y sin recibir alimentación, situación que atentaría contra la salud psíquica de su representado.

Riquelme, en tanto, tiene un artículo publicado en el sitio web del estudio, “El agente encubierto en la ley de drogas. La lucha contra la droga en la sociedad del riesgo”, en que califica de intolerables las escasas garantías de los imputados por delitos relacionados con el tráfico y critica la figura de agente encubierto que incorpora el artículo 25 de la ley 20.000 para la investigación y persecución del crimen organizado relativo al tráfico de drogas, ya que podría violar garantías constitucionales, como el derecho a la intimidad.

Los socios

El estudio, bautizado como FAR y CIA por las siglas de sus fundadores, está ubicado en el piso 17 del lujoso edificio Metrópoli, en la esquina de avenida Apoquindo con El Golf. Según una escritura del Diario Oficial, la oficina de abogados inicialmente fue formada por Fodich, Andrés y Riquelme (“Fodich, Andrés y Riquelme abogados compañía limitada”) y luego se sumaría como socio Yuseff, según consiga el sitio web.

Fodich, abogado de la Universidad de Valparaíso, comenzó su carrera como fiscal en el Ministerio Público en el 2000. Participó de la investigación contra el ex senador Jorge Lavandero por abusos sexuales. Junto con el fiscal Carlos Gajardo formaron una dupla que se hizo rápidamente conocida en los medios de comunicación. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, como fiscal jefe de Ñuñoa, Fodich investigó el supuesto desvío de dineros fiscales a la campaña de la Presidenta, -denuncia realizada por el diputado Monckeberg-, que incluía pagos a 22 miembros del comando de la Mandataria con dineros destinados al cambio de mando a inicios del 2006. Por esta causa, emitió una orden de allanamiento para incautar computadores, cintas magnéticas y el servidor de emails de La Moneda, desatando la molestia del Ejecutivo por las filtraciones de las diligencias a la prensa. El caso fue sobreseído.

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A fines del gobierno de Piñera, Fodich contactó a Eduardo Riquelme para formar FAR. Ambos habían sido funcionarios de gobierno. Riquelme, abogado de la Universidad del Mar y militante de Renovación Nacional, trabajó como jefe de gabinete de Andrés Allamand en el Ministerio de Defensa. Antes de aterrizar en el Ejecutivo, en 2006, defendió al alcalde de Arica, Carlos Valcarce, en una causa por fraude al fisco y a Paul Morrison, el hijo de la entonces diputada María Angélica Cristi, acusado de microtráfico de drogas. También es parte del Caso Caval, patrocinando a su partido y es el abogado defensor del ex parlamentario Alberto Cardemil en el caso Penta.

El ex Director de la ANI, Gonzalo Yuseff, es abogado de la Universidad de Valparaíso, y al igual que Riquelme militó en Renovación Nacional, donde conoció al ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter. Muy joven fue elegido concejal de Valparaíso entre 1992 y 1996. A mediados del 2004, renunció al partido y asumió como fiscal de Viña del Mar, donde logró un mediático perfil tras atrapar al “Sicópata de Reñaca”, Sergio Espinoza Mondaca, quien fue detenido e imputado por 27 agresiones sexuales. Ese caso le valió un ascenso como fiscal adjunto de Quillota.

Cuando Piñera ganó la Presidencia, Yuseff fue sondeado para ser Intendente de la V región, pero finalmente asumió como director de la ANI, cargo de exclusiva confianza del Presidente, en el que fue cuestionado por su rol en el Caso Bombas. El actual jefe de gabinete Jorge Burgos aseguró que Yuseff no sabía de seguridad ni tenía manejo del tema. Además, el abogado Mauricio Daza en una dura columna sobre el Caso Bombas, cuestionó su nombramiento porque no tenía ningún conocimiento especializado en seguridad y obtuvo el cargo a través de una designación política por su amistad con Hinzpeter. Daza, además, aseguró que en sus “cuatro años de gestión se destacó principalmente por sus llamativas tesis especulativas que jamás logró acreditar, por las críticas que recibió derivadas del hecho que pasaba gran parte de su horario laboral en las dependencias del café con piernas “Bombay” en Santiago, y por su nulo aporte en la investigación de los atentados explosivos ocurridos en la ciudad de Santiago”.

Inhabilidad y conflicto de interés

La ex presidente del Colegio de Abogados, Olga Feliú, consultada por The Clinic Online sobre este caso y sus implicancias éticas, explicó: “Toda persona tiene derecho a defensa, los abogados son los profesionales a quienes corresponde desarrollarla. Desde ese punto de vista no es objetable que un abogado o un estudio defienda a cualquier persona que es acusada; o investigada por su presunta participación en un delito. Sin perjuicio de lo anterior, los delitos que contempla la Ley N° 20.000 revisten una particular naturaleza de gravedad que la legislación contempla ciertas prohibiciones para los empleados que sirven al Estado. También hay otro tema que interesa, que es el pago de honorarios, pues la ley establece que recibir dineros del narcotráfico es constitutivo de delito”.

En torno a las incompatibilidades entre defender narcos y trabajar para el Estado, la Ley 20.000, en su artículo 61, contempla la prohibición a todo abogado que patrocine o represente a una persona imputada por dicha ley a ejercer en el sector público. A su vez, el juez de garantía o el Ministerio Público tienen obligación de informar a la Contraloría General de la República los abogados que llevan este tipo de causas. En el caso de Riquelme, esta normativa no aplica, porque no tiene estatuto de funcionario público, aun cuando cumpla funciones para un parlamentario y opere como consejero legislativo de éste.

El abogado Riquelme reconoció el patrocinio a The Clinic Online, pero argumentó que la causa la lleva un abogado de su firma y que nunca ha comparecido en ninguna audiencia ni ha firmado escritos a nombre de Riffo Peña. El diputado Nicolás Monckebeg no contestó los llamados de este medio.

En tanto, fuentes de RN explicaron que Riquelme no sólo está asociado a este diputado, sino que mantiene vínculos con otros parlamentarios del partido y, a la vez, lleva varias causas del RN en tribunales.

Documento de patrocinio

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Nota de la Redacción: Ayer, tras la llamada de The Clinic Online, Eduardo Riquelme renunció al patrocinio de Riffo Peña y envió un documento ilegible con su firma vía WhatsApp.