EEUU

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Existe un dicho: “Si golpeas a un rey, debes matarlo”.

En el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, cinco presidentes de EE.UU. —desde Jimmy Carter hasta George W. Bush— tuvieron el arma potencialmente letal en su contra, pero nunca la descargaron. La semana antepasada, finalmente, el Departamento de Estado publicó documentos que mostraban claras evidencias, provenientes de fechas tan tempranas como 1978, de que Pinochet dio la orden de cometer un atentado terrorista en la capital de Estados Unidos: el asesinato de Orlando Letelier y de una mujer americana.

El golpe finalmente se dio, pero el rey ya estaba muerto. Pinochet reinó en Chile por 17 años y murió en 2006, cuando todavía se encontraba bajo investigación judicial por crímenes contra los derechos humanos. Sin embargo, nunca fue condenado.

“Hubiera tenido un impacto catastrófico para Pinochet”, declaró el embajador chileno en Washington Juan Gabriel Valdés. “EE.UU. podría haber cambiado la historia simplemente acusando al culpable de un crimen cometido en su capital, respecto del cual tenía todo el derecho de pedir justicia y todo el poder para aplicarla”.

La posición de Pinochet como jefe de las fuerzas armadas de Chile se hubiera vuelto “insostenible”, expresó Valdés, pues revelar esa información habría sido un mensaje inequívoco para todos los chilenos —de derecha e izquierda— de que EE.UU. ya no consideraba a Pinochet aceptable.

El regreso de Chile a la democracia —lo que finalmente sucedió en 1990— hubiera sido mucho más rápido y “probablemente hubiera ocurrido sin Pinochet”, añadió.

LOS OCHO INFORMES DE LA CIA

El crimen de que se acusaba a Pinochet ocurrió el 21 de setiembre de 1976. Un coche bomba armado por un agente chileno mató a Letelier y a Ronni Moffitt cuando manejaban por Massachusetts Avenue, en Washington DC. El esposo de Moffitt, que trabajaba para Letelier, también estaba en el auto pero logró sobrevivir. Letelier era un exembajador ante los Estados Unidos y había sido también ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa en el gobierno de Salvador Allende. Exiliado en Washington luego de pasar un año en el campo de detención de Isla Dawson, tenía un acceso extraordinario a los círculos de poder de Washington y era la voz opositora a Pinochet más influyente en los Estados Unidos.

Una investigación del FBI condujo a cargos criminales, en 1978, en contra de varios oficiales chilenos, incluyendo al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, y de un grupo de cubanos anticastristas que llevaron a cabo el atentado. Pero Pinochet parecía haber salido ileso e incluso aceptó entregar a EE.UU. a Michael Townley, el agente de la DINA que armó y colocó la bomba, puesto que era un ciudadano estadounidense.

Sin embargo, mientras dos agentes de la FBI hacían los arreglos para llevarse a Townley de regreso a EE.UU. para enfrentar los cargos, la CIA también se encontraba investigando en Chile. Para ello se valía de sus abundantes fuentes entre militares y civiles de derecha, con quienes había estrechado lazos durante el gobierno de Allende, cuando trabajó de cerca con los sectores más rabiosamente anticomunistas de Chile con el fin de socavar al gobierno socialista y fomentar su derrocamiento.

Un informe de la CIA con fecha 28 de abril de 1978 y enviado a Washington, mostró que ese organismo ya contaba por entonces con evidencia en contra de Pinochet: “Contreras contó a un confidente que él asesinó a Letelier bajo las órdenes de Pinochet”, se leía en el informe, según un documento recientemente desclasificado por el Departamento de Estado. Dicho documento da cuenta de ocho informes individuales de la CIA de aproximadamente la misma fecha, cada uno de ellos atribuido a “informantes extremadamente sensibles” que brindaron evidencias del involucramiento directo de Pinochet en haber ordenado el asesinato y en haber dirigido personalmente su encubrimiento.

Yo le mostré los informes al agente especial Carter Cornick, uno de los oficiales del FBI que se encontraba en Santiago en abril de 1978.

“Como deben sospechar, nada de esto era nuevo para nosotros en ese momento”, me dijo. A Cornick y a su colega Robert Scherrer se les atribuye haber resuelto el asesinato de Letelier. Actualmente, Cornick está retirado y vive en Virginia, a las afueras de Washington DC.

La información en contra de Pinochet, afirma, provino de “testimonios de oídas” recogidos de personas que podían hablar con la CIA pero que jamás aparecerían en la corte.

Así, en principio, no era posible formular cargos contra Pinochet. Pero en la decisión del gobierno de EE.UU. de no revelar lo que sabía pesaba otro factor: “Asimismo —expresó Cornick—, los intereses de EE.UU., según el [Departamento de] Estado, eran que Chile era un país no comunista en América Latina, y por lo tanto, no se justificaba ninguna acción punitiva en su contra”.
En 1980, con la elección del presidente Ronald Reagan, un conservador republicano de la Guerra Fría, las razones para guardar silencio ante Pinochet se volvieron aún más intensas. Llegó un nuevo embajador para Chile, James Theberge, que pensaba igual. Según un nuevo documento, Theberge criticó el daño causado por las medidas “punitivas” en contra de Chile durante el anterior gobierno de Jimmy Carter, en referencia a las investigaciones, juicios y presiones para obtener la extradición de los acusados. De hecho, instruyó a su equipo que dirigiera sus esfuerzos hacia otro lugar: “A mi juicio, y al de los funcionarios de nivel superior, el caso Letelier no tiene ninguna posibilidad de éxito”.

A comienzos de la década de 1980, Chile vivió su primer movimiento de protesta popular contra Pinochet, y grupos de izquierda y de centro se unieron para impulsar el retorno a la democracia. La revelación pública de que EE.UU. consideraba a Pinochet culpable de un asesinato terrorista hubiera tenido un gran impacto a favor del movimiento prodemocrático. Es la evaluación del embajador Valdés y de varios observadores consultados, entre ellos el exsenador Sergio Bitar, uno de los líderes opositores del momento.

1987: ¿ACUSAR A PINOCHET?

El tema de la culpabilidad de Pinochet surgió una vez más durante los últimos años del gobierno de Reagan. Se empezó a prestar nueva atención a los DD.HH., incluso por parte del Departamento de Estado que era guiado por los republicanos, sobre todo como una forma de mantener la presión sobre la ya tambaleante Unión Soviética. Chile se encontraba aún bajo la dictadura y en 1987 Pinochet anunció que celebraría un plebiscito, consigo mismo como único candidato, para asegurar su gobierno hasta 1998.

Los documentos publicados recientemente muestran que George Shultz, Secretario de Estado de EE.UU., intentó convencer a Reagan de que ya era tiempo de que Estados Unidos “trabajara para la completa democratización de Chile”.

No sorprende que la razón principal usada por el Secretario de Estado ante el presidente conservador fuera que una década más de dictadura de Pinochet “sería muy peligrosa para Chile y para la región en su totalidad; llevaría, inevitablemente, a una seria polarización de la población chilena y a un fortalecimiento importante del numeroso (y creciente, gracias a Pinochet) Partido Comunista, dependiente de Moscú”.

La verdadera sorpresa en el memo de Shultz, con fecha 6 de octubre de 1987, es lo que dice con relación al papel de Pinochet en los asesinatos Letelier-Moffitt. Shultz cita un informe reciente de la CIA: “[El informe presenta] lo que nosotros [la CIA] consideramos evidencia convincente de que el presidente Pinochet personalmente ordenó a su jefe de inteligencia llevar a cabo estos asesinatos”. Pinochet también lideró el encubrimiento de su participación ante la investigación realizada por EE.UU., continúa el reporte, añadiendo un nuevo y escalofriante detalle: el dictador consideraba “hasta la eliminación de su ex jefe de inteligencia [Manuel Contreras]”.

La información de la CIA es similar, en cuanto a alcance y contenido, a los informes generados en 1978. Pero Shultz enfatiza que el nuevo informe es más fuerte. “La CIA nunca antes ha deducido y presentado una conclusión que apunte a la existencia de evidencias tan contundentes de su rol de liderazgo [de Pinochet] en este acto de terrorismo”, le dijo a Reagan.

Shultz sugirió la posibilidad de intentar acusar formalmente a Pinochet, asumiendo que podrían obtenerse “más fuentes públicas de evidencia”. “Sin embargo”, continúa, “esto se trata de un ejemplo flagrante del involucramiento directo de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, uno particularmente perturbador porque ocurrió en nuestra capital y además porque su gobierno era considerado, por lo general, amigable”.

A pesar de ello, el gobierno de Reagan mantuvo en secreto el arma potencialmente más poderosa contra Pinochet.

Otro momento de potencial impacto histórico ocurrió en 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres por cargos contra los DD.HH. asociados a los asesinatos de la Operación Cóndor, incluyendo el de Letelier. En una elogiable respuesta, el presidente de EE.UU. Bill Clinton ordenó la desclasificación de 23.000 documentos sobre Chile y derechos humanos. Sin embargo, se mantuvieron en secreto tanto el memo de Shultz como los informes de la CIA sobre Pinochet.

El embajador Valdés, si bien lamenta el secreto tan largamente guardado, dijo sentirse profundamente agradecido del gobierno de Obama por haber publicado rápidamente los documentos —casi mil páginas— accediendo a un pedido formal de parte de su gobierno.

Cuando uno los lee hoy, aún pueden verse las marcas de clasificación: “SECRETO” y “NEGAR”. Pero esas marcas han sido tachadas. Tienen, finalmente, un sello simple e inequívoco: “PUBLICAR EN TODO”, décadas después de que la CIA descubrió la evidencia de la culpabilidad de Pinochet.

*John Dinges es autor de dos libros sobre el Caso Letelier y otros crímenes contra los DD.HH. en el Cono Sur: Asesinato en Washington (actualizado en 2013 y disponible en versión ebook en openroadmedia.com) y Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur (Ediciones B, 2004).