JUNAEB

En la Corte de Apelaciones de Santiago, el representante legal de la empresa Verfrutti presentó ayer un recurso de protección en contra de la Junaeb para dejar sin efecto el “acto ilegal y arbitario” de excluirla de la reunión con empresas que convocó el servicio para suplir a la recién sancionada Dipralsa.

Tras detectar que dicha empresa no entregó la información necesaria para ser adjudicataria y que la consultora externa contratada por el organismo para evaluar a todas las compañías oferentes habría falseado la información, el viernes pasado la Junaeb invalidó el contrato con dicha empresa y comunicó que convocaría a nuevos actores para hacerse cargo de la entrega de 276.964 raciones alimenticias para estudiantes en la Región del Maule.

Pero al dejar fuera a Verfrutti de esa convocatoria -por estar involucrada en una investigación penal de posible fraude al fisco por el mismo tipo de licitaciones-, la empresa decidió iniciar acciones legales, sumando un problema más a la delicada situación que vive actualmente la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Un flanco que se suma a una querella por fraude al fisco y un posible paro  de las manipuladoras de alimentos  y los funcionarios.

Exclusión arbitraria

El viernes pasado, la Junaeb tuvo que tomar una decisión sobre la licitación adjudicada a Dipralsa. Después de reunirse con el contralor general, Jorge Bermúdez, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga -que en ese momento oficiaba como ministra subrogante- cruzó a La Moneda y junto con el ministro Jorge Burgos tomó la decisión de terminar el contrato con dicha empresa y volver a revisar todo el proceso de licitación.

Tras hacer pública la decisión, la Junaeb se puso a buscar contra el tiempo a nuevas empresas para generar un contrato de trato directo y cubrir el vacío generado por la exclusión de Dipralsa. De esa forma, el servicio se contactó con varias empesas para llevarlo a cabo.

Pero, dada la publicación de The Clinic respecto de que al menos cuatro empresas cuestionadas en la licitación anterior (Alicopsa S.A., a través del Consorcio Lonquimay; Hendaya S.A.; Nutriplus Alimentación y Tecnología S.A. y Las Dalias Alimentación S.A.) se adjudicaron unidades de negocio de la más reciente licitación, el servicio decidió poner como requisito para el contrato por trato directo que las compañías no estuvieran siendo investigadas por supuestas irregularidades.

Y con ese argumento, Verfrutti quedó fuera ya que es una de las empresas que aparecen en la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el 4 de febrero por haber sido supuestamente favorecidas por el ex secretario general José Miguel Serrano Silva, operación que le habría ocasionado un perjuicio al Fisco estimado en 5 mil millones de pesos, según un informe de Contraloría y los cálculos del CDE.

“Durante su mandato, y abusando de su cargo, intervino en la asignación de Unidades Territoriales, revocando un proceso concursal ya iniciado, declarando desierta una segunda licitación, para, fraudulentamente, generar un trato directo que beneficiara a las empresas Verfrutti S.A y Hendaya S.A”, dice la querella del CDE.

Sin embargo, Verfrutti señala en el recurso interpuesto ayer en el tribuna de alzada que la decisión de excluirlos de este nuevo proceso es infundada y “carece de criterios objetivos y racionalidad”.

Además, la empresa asegura que ni sus dueños ni ningún trabajador de Verfrutti figura bajo la figura de autor, cómplice o encubridor de los ilícitos perseguidos por la Fiscalía Oriente de Alta Complejidad del Ministerio Público, los cuales fueron denunciados por el Consejo de Defensa del Estado y otras dos empresas (Servicios de Alimentación Outfood SpA y Sociedad Agrícola y Comercial Santa Cecilia S.A.).

Frente a estas acusaciones, desde el Ministerio de Educación comentaron a este diario que la Junaeb está facultada a establecer nuevos requisitos en un contrato por trato directo, como ocurre en este caso, y que se trata de un proceso distinto a la licitación pública.

Anteriormente, con respecto a la presentación de la querella de Socer, la Junaeb indicó que “las empresas que quedaron fuera del proceso de adjudicación del Programa de Alimentación Escolar -vigente desde marzo próximo hasta febrero de 2019- tienen a su disposición los mecanismos que la ley contempla para hacer sus reclamos y, por lo tanto, eso debe seguir su curso normal”.

Pero los problemas legales de la Junaeb no terminan ahí. La presentación de Verfrutti se suma a la que ya realizó a principios de esta semana la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser) que interpuso una querella criminal por fraude al Fisco ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por su marginación en la esa misma licitación pública para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), contemplada para los años 2016, 2017, 2018 y febrero de 2019.

La empresa asegura que su oferta para esa licitación era más económica para la Junaeb en un total de $8.597.899.965 de pesos durante todo el periodo del contrato; es decir, casi $ 2.865 millones más barata para la entidad pública por cada año contemplado. Y aludió directamente a la detección del supuesto fraude cometido por el consultor externo que debía revisar la solvencia financiera de todas las empresas competidoras.

Además, el propio consultor se descargó en el diario El Mercurio señalando que él había alertado a la Junaeb sobre los papeles que la empresas concursantes no presentaron y “se avanzó igual” y que en dicho proceso hay otras seis compañías que “tienen más de un documento rechazado por estos auditores”.

Y posteriormente, la propia Dipralsa afirmó en ese mismo medio que la falta de documentos por las que fueron excluidos no fueron pedidos por la Junaeb en el proceso regular.

Manipuladoras amenazan paro

Con todo, el servicio corre contra el tiempo para solucionar el problema que generó la exclusión de Dipralsa. El seremi de Educación de la región del Maule, Rigoberto Espinoza, señaló que los primeros dias de clases las empresas que consigan el trato directo tendrán que “entregar alimentos simplificados” a los estudiantes, pero que el 7 de marzo la situación debería estar regularizada.

Junto a eso, la Asociación de Funcionarios de Junaeb (AFAEB), también se reunió con el director nacional Cristóbal Acevedo, para discutir un plan de fortalecimiento a la institución, algo que habían demandado los años anteriores y que durante el 2015 desencadenó un paro de actividades que se prolongó por cerca de 15 días.

La reunión, que se llevó a cabo este miércoles, dio buenos frutos y ahora, aseguran desde el Mineduc, están a la espera de la aprobación de presupuesto por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para ejecutarlo.

“Este es un problema estructural de un servicio que tiene una planta reducida de funcionarios para el presupuesto que maneja. Si tuviéramos mejores herramientas para funcionar, los funcionarios podríamos dar un mejor servicio”, dice Anita Sarabia, presidenta de la asociación.

Y para colmo de males, ahora la Federación Nacional de Manipuladores de Alimentos (Fenama) amenazó con un paro desde el próximo lunes. El gremio asegura que ya había acordado algunos términos en negociaciones colectivas con algunas empresas, lo que podría verse perjudicado con los nuevos términos.

En esa línea, el pasado lunes un grupo de manipuladoras de alimentos mantuvieron tomada la sede de Junaeb en calle Antonio Varas, exigiendo que se cumplieran sus demandas.