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El abogado Rodrigo Logan, uno de los querellantes en la investigación que lleva la fiscalía en contra de la empresa “AC Inversion”, solicitará que declare el director de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), Javier Cruz Tamburrino.

El profesional, funda la solicitud de la diligencia, luego que el Ministerio Público revelara que BFX, uno de los brokers con los que operaba el dueño de AC, Patricio Santos, declarara ante el fiscal oriente Carlos Gajardo que hizo al menos cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas a la UAF.

Básicamente, señaló a la autoridad que Santos había realizado operaciones por $4.500 millones, recuperando sólo 500 palos, hecho que resultaba al menos sospechoso. La entidad, según consignó El Mercurio, aseguró que no es su labor controlar a firmas de estas características, ya que se encuentra bajo el giro de “administración de mercados financieros”.

“Yo creo que el director de la UAF debiera ser citado por la fiscalía. Y ello para conocer si se instruyó o no una investigación y si se hizo a quién se ofició”, apuntó Logan.

Explicó que los funcionarios públicos están afectos a denunciar en las 24 horas posteriores al conocer un hecho que podría revestir caracteres de delitos. A su juicio, en la UAF no se cumplió esta norma.

“El director de UAF al no denunciar, podría haber cometido el delito por omisión. Ahora bien, el también podría señalar que los antecedentes que le llegaron a él no eran constitutivos de delito y creo que esa será su versión, de que eran irregularidades, pero no delitos. Por eso es necesario que el fiscal lo interrogue”, indicó Logan.

Hay que recordar que la UAF se creó en 2003, para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, desde esa fecha hasta ahora, han aumentado sus facultades, como también los “delitos precedentes” para perseguir el blanqueo de capitales. En su página web, la entidad señala que su misión es “ejercer el rol preventivo, la UAF emite instrucciones, difunde señales de alerta, capacita a las entidades que supervisa, y controla el cumplimiento de la normativa que emite”.

Según Logan, con las facultades que cuenta la UAF, la labor para obtener una información sobre la empresa que hasta se sabe habría estafado a más de 5.000 personas, era simple.

“Si un simple abogado como yo pudo averiguar entrando al Registro de Comercio para ver sus modificaciones como empresa, imagínese lo que pudo haber hecho la UAF. Por eso digo que si la UAF hubiese hecho la denuncia, no tendríamos hoy 5.000 víctimas de AC Inversion”, insistió.

Logan reconoce que recuperar el dinero no será tarea fácil para la fiscalía, coincidiendo lo señalado por el perseguidor Carlos Gajardo, cuando el viernes pasado formalizó a Santos por lavado de activos, infracción a la Ley de Bancos y estafa, junto a los socios de AC Rodolfo Dubó y Camilo Cruz. En la oportunidad, se indicó que lo defraudado podría superar los $ 50 mil millones. Al respecto, dijo el profesional, que independiente de los tipos penales usado por la fiscalía, los autores de los delitos podrían recibir una pena con libertad vigilada.

En la misma línea indicó que algunas víctimas que denunciaron podrían enfrentar problemas con el Servicio de Impuestos Internos (SII), ya que muchos podrían haber recibido el pago de intereses por la inversión en AC, pero nunca declararon ante la entidad.

Logan también aseguró que solicitará asimismo que se interrogue a personal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pues a su juicio, también debiera explicarse cómo fue posible que AC operara fuera de la ley. Además que informen si se hizo denuncia penal.

Hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una versión de la UAF.

En tanto, ayer el Ministerio Público profundizó en una nueva arista, relativa a la empresa IM-Forex, respecto de la cual existe una querella presentada por el economista Rafal Garay, donde acusa que la firma operó igual que AC.

Pues bien, ayer la Fiscalía Oriente interrogó a la controladora de IM-Forex, Ivonne Pantoja. Según su abogado Rodrigo González, no existe la comisión de delitos en el actuar de la empresa.