Fiscalía pide al SII rectificación tributaria de empresas del grupo Angelini vinculadas a financiamiento ilegal de la política

A través de un oficio reservado fechado el 6 de abril, la Fiscalía Oriente solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) la rectificatoria que hizo el grupo Angelini de sus empresas Copec, Siemel y Celulosa Arauco, vinculadas al financiamiento ilegal de la política.

La decisión del Ministerio Público se produce a menos de tres meses de que el organismo fiscal solicitara al holding la contabilidad de las mismas compañías, como los libros de retenciones de honorarios y de compras, con el fin de determinar si están acordes a la rectificación. Con esta información se evalúa si procede o no una querella criminal.

Es precisamente en dichos libros de contabilidad donde podrían estar boletas y facturas ideológicamente falsas destinadas a entregar aportes a partidos o candidatos, tal como ha ocurrido en el casos Penta y SQM, dijeron fuentes del SII.

De allí que para la fiscalía sea importante tener la información fresca del SII, porque la rectificación tributaria debería venir, al mismo tiempo, analizada por el propio organismo.

Hombres fuertes

Hay que recordar que los aportes que llegaron a la empresa Asesorías y Negocios (AyN) del operador Giorgio Martelli, fueron decididos por José Tomás Guzmán, quien no está ni querellado ni formalizado. Guzmán fue el hombre más cercano al fallecido Anacleto Angelini y jugaba el mismo rol que Patricio Contesse en SQM o Hugo Bravo en el holding Penta:  de repartidor discrecional. Ambos están formalizado por delitos tributarios.

AyN además ha sido el dolor de cabeza de La Moneda, porque fue a través de ésta que el ex ministro del Interior, el renunciado PPD Rodrigo Peñailillo, dio trabajo a una serie de militantes de la Nueva Mayoría, en la llamada “precampaña” de 2013.

Tal como informó este diario en agosto de 2015, a través de empresas Copec, Celulosa Arauco Constitución S.A y Cruz del Sur S.A (que en 2012 pasó a formar parte del Grupo Security) aportaron por “asesorías profesionales” $ 208 millones a la firma AyN. El nexo para lograrlo fue Jorge Rosenblut, ex presidente de Enersis, tal como lo reconoció el propio Martelli a la fiscalía.

“Al igual que SQM Salar, Jorge Rosenblut me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del Grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut”, señaló Martelli.

Según se sabe hasta ahora, estos pagos fueron incluidos en la rectificatoria que realizaron dichas empresas en 2015 y que incluyen a la firma ligada a la llamada G-90 Harold & Johns & Bussines & Law.

De hecho, de acuerdo a una publicación de revista Qué Pasa, las empresas del grupo Angelini rectificaron $850 millones, que incluyen multas, intereses y reajustes respecto de US$ 2,5 millones en boletas y facturas falsas.

Pescado podrido

No es el único flanco que tienen las empresas del grupo Angelini, también está Corpesca, donde está acreditado por la fiscal Centro Norte Ximena Chong, que la empresa pagó más de $ 230 millones a través de boletas ideológicamente falsas al senador UDI en ejercicio Jaime Orpis.

El parlamentario, quien ya fue desaforado en la Corte de Apelaciones de Santiago por los delitos de cohecho, lavado de activos y fraude al fisco, espera que la Suprema confirme o revoque la decisión. Junto a él también está imputado el ex gerente general de la firma Francisco Mujica, otro de los que reconoció los pagos.

En este caso también es parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que tiene querellado a Orpis, Mujica y a una serie de exasesores del congresista.

Al respecto, en esta causa también ya declararon Roberto Angelini y los directores Eduardo Navarro y Claudio Elgueta en calidad de testigos.

La Fiscalía Oriente solicitó también la rectificación de la empresa Siemel. Esta última aparece ligada al pago a Zarko Luksic y al UDI Iván Moreira, a través de uno de sus asesores, Eduardo Montalva, quien habría recibido 8 millones sin justificación. Este último está formalizado en el caso Penta, luego que el SII se querellara en su contra.