Querellante en caso SQM asegura que es “inverosímil” que Tohá no supiera cómo se financiaba el PPD

El abogado querellante en la causa que investiga el financiamiento irregular de la política con fondos de Soquimich, entre otros delitos, Mauricio Daza, se refirió a los $57 millones que recibió el PPD entre los años 2010 y 2012 por parte de la minera no metálica. El jurista aseguró que es imposible que la presidenta del partido en ese momento -Carolina Tohá- desconociera las fuentes de financiamiento de la tienda oficialista.

“Es inverosímil, uno no va a pensar que una persona como ella sea tan negligente de dirigir un partido y no saber qué es lo que ocurre en él, pero esa es materia de investigación y será la fiscalía la que determine responsabilidades”, señaló el abogado a radio de la Universidad de Chile.

El representante de Ciudadano Inteligente, sostuvo que según los nuevos antecedentes, “estaríamos frente a un esquema fraudulento para obtener financiamiento a partir de la emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron o que estaban manifiestamente abultados”.

Asimismo, Daza desmintió al propio presidente de la colectividad, Jaime Quintana, quien ha señalado que la legislación que estaba vigente hasta antes del 15 de abril pasado le permitía a los partidos financiarse mediante empresas y corporaciones.

“Acá se ha tratado de levantar la versión de que, por las circunstancias que Chile Ambiente era una organización autorizada para recolectar fondos en conformidad a la ley antigua, entonces la actividad sería lícita y eso es falso (…)ninguna autorización para que alguna fundación u otra entidad sin fines de lucro pueda generar dineros para financiar partidos políticos involucra que pueda realizar actividades ilegales”, señaló.

En esa línea, el jurista señaló que “estamos frente a una situación inédita, hasta el momento todo el financiamiento que se había descubierto era dirigido a campañas o determinadas personas, pero acá hay un financiamiento directo al partido, o sea, Julio Ponce Lerou le estaba pagando el agua, la luz y los sueldos al PPD”.

Daza agregó que “lo que se debe hacer, a partir de estos indicios claros de hechos ilícitos, es que sean investigados hasta las últimas consecuencias, se esclarezca lo que sucedió, la participación de todas las personas que aparecen involucradas y determinar las responsabilidades del caso”.

Según el abogado el financiamiento transversal de partidos políticos sería una estrategia de la minera no metálica para mantener el contrato que tiene con el Estado por el arriendo del Salar de Atacama. “Acá había un fin que era mantener un contrato que corresponde al 50 por ciento de las utilidades que recibe SQM año a año y que se concreta a partir del arrendamiento del Salar de Atacama, de ahí Soquimich saca gran parte de su riqueza, y, de hecho, esa es la razón por la cual, a nuestro juicio, se mantiene esta red de captación de partidos políticos o figuras del ámbito público”, dijo.