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Durante esta mañana la Sala de la Cámara de Diputados revisa las acusaciones constitucionales contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por la situación del Sename y los jubilazos en Gendarmería. El análisis se produce después de que las respectivas comisiones especiales desestimaran ambos libelos.

Lo primera que se ve es la llamada cuestión previa, vale decir, la viabilidad de que se pueda acusar constitucionalmente a la secretaria de Estado.

De no ver la luz verde, quedarían virtualmente desestimadas las posibilidades de la acciones fiscalizadoras emprendidas por el ex DC, René Saffirio, y la bancada de la derecha.

La ministra Blanco concurre acompañada de su abogado, el constitucionalista Jorge Correa Sutil.

“La acusación contiene una crítica política”, pero no justifica acusar a la ministra de vicios constitucionales, sostiene el ex subsecretario de los gobiernos de la Concertación.

Respecto de la situación del Sename, repartición dependiente de Justicia, el asunto en cuestión son las muertes y la condición en que se encuentran algunos menores; sobre Gendarmería, el hecho son las millonarias jubilaciones de algunos ex funcionarios.

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