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Una alusión, innecesaria o no (el tiempo lo dirá), hizo la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, en el improvisado punto de prensa que ofreció este mediodía luego de que se le volviera a rechazar la suspensión provisoria del arraigo nacional, esto con la intención de pasar las fiestas de fin de año en el extranjero. Resulta que mientras se quejaba del trabajo de la fiscalía -acusó imparcialidad y sesgo- la dueña de Caval mencionó a la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, quien ya debió enfrentar cuestionamientos por los servicios prestados a la pyme a raíz de un requerimiento de Gonzalo Vial Concha.

“Para aportar a la investigación, les quiero contar que no son solamente ocho los informes entregados al señor Vial, él tendrá que responder en su momento cuál fue la motivación que tuvo para contratarnos, pero no puedo dejar de señalarles que fiscalía se ha negado a recibir formalmente y por los conductos regulares, otros informes que también fueron parte de todos los entregados por el señor Vial. Dentro de ellos, figura el realizado por la señora Ana Lya Uriarte, y tampoco han aceptado nuevos antecedentes que aporten a la investigación que, con mi abogado presente, hemos querido entregar”, dijo Compagnon.

Para contextualizar los hechos, en una declaración de principios de año, Compagnon había dicho que “contratamos a Ana Lya Uriarte, porque Gonzalo Vial estaba interesado en comprar la central termoeléctrica Los Guindos y se necesitaba saber si la planta era lo que se ofrecía y se le pagó a ella desde la cuenta corriente de Mauricio Valero”.

Posteriormente, en marzo, el socio de Compagnon, Mauricio Valero, había testimoniado que “respecto al ítem Ana Lya Uriarte que figura por el monto de 19 millones de pesos en la planilla, es por un servicio de asesoría en materia medio ambientales para Gonzalo Vial. Esto se pagó en una factura de creo que eran $15 millones de nuestra empresa Caval y alrededor de un millón y medio más de mi cuenta personal del Banco de Chile. No recuerdo fechas exactas de pago, pero fue en 2012”.

Por esta situación, en su oportunidad la UDI ofició a Uriarte para que aclarase el vínculo con el caso. La funcionaria contestó entonces por medio de una carta de 16 páginas en las que afirmó que  “no he hecho más que prestar servicios profesionales dentro del ámbito de mi especialidad, dentro del marco ético y legal, sin más pretensión que ejercer legítimamente mi profesión, sin que haya existido conflicto de ninguna especie en tal actuación”.

“La relación con Caval se desarrolló entre los meses de mayo y julio del año 2012, está debidamente rendida, y durante su desarrollo imperó un trato estrictamente profesional y apegado, también estrictamente, a los términos en que la asesoría legal de carácter exclusivamente ambiental nos fue solicitada”, planteó además.