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Desde fines de 2016, el equipo de fiscales liderado por Pablo Gómez Niada comenzó a indagar una nueva arista de investigación dentro de la causa SQM, esta vez por boletas giradas por una de las sociedades de Cristián Warner, exasesor de la campaña presidencial de Marco Enríquez Ominami, a una conocida empresa argentina de construcción.

Se trata de 14 boletas por un monto cercano a los 25 millones de pesos giradas por la sociedad Cristian Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing EIRL a la empresa Grupo Eling S.A., una firma inversora con intereses en infraestructura y energía, que además impulsa la construcción de dos polémicas represas -Néstor Kirchner y Jorge Cepernic-, en la provincia de Santa Cruz, en la patagonia argentina.

Según diversas fuentes consultadas por este medio, el equipo de fiscales de Valparaíso está cercando la información sobre las platas “argentinas”, datos que surgieron tras una alerta del Servicio de Impuestos Internos (SII) por una boleta por 35 millones de pesos de otra empresa de Warner, en la que es socio con Sergio Novoa: Cono Sur Research, la misma que giró boletas a OAS por el uso del jet privado que usó MEO en la campaña de 2013.

De hecho, el SII le consultó por estas boletas al mismo Marco Enríquez Ominami el jueves 10 de noviembre pasado cuando el líder del PRO asistió hasta las oficinas ubicadas en Amanda Labarca 124, pero éste declinó referirse a ellas. Sin embargo, el Ministerio Público persistió y hoy estaría evaluando indagar los servicios supuestamente prestados en Argentina por Warner que no tendrían respaldo.

Eling, el grupo empresarial cercano a los Kirchner

En Argentina conocen bastante bien a la empresa Grupo Eling, que controla entre otras firmas a la cordobesa Electroingeniería, firma que a su vez tiene participación en Transener, empresa de cables de alta tensión que transporta el 65% de la electricidad consumida en Argentina.

Además, Eling está a cargo -junto a la empresa china Gezhouba- de la construcción del complejo hidroeléctrico que componen las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, pero también cuenta con una central termoeléctrica de ciclo combinado cerca de Buenos Aires e inversiones en Bolivia, Paraguay, Venezuela y otros países de la región.

Eling es controlada por dos empresarios ligados estrechamente al Kirchnerismo: el principal accionista, Osvaldo Antenor Acosta; y sobre todo el vicepresidente del grupo Eling, Gerardo Ferreyra, amigo íntimo de Carlos Zanini, exsecretario técnico de Kirchner y la señora “K” y que compitió como vicepresidente en la lista de Daniel Scioli, el candidato del continuismo que perdió con Mauricio Macri a fines de 2015.

En agosto de 2015, cuando en ese país ya se había desatado el escándalo de corrupción de la empresa de Lázaro Báez (Austral Construcciones), el entonces ministro de Planificación de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, liberó la información sobre los fondos destinados a obras públicas en los últimos 12 años, y apareció Eling como la segunda firma que recibió más dineros públicos desde 2003.

En Chile, la empresa constituyó una sociedad de inversión sin tributación en el país, llamada EISA S.A. En esa firma aparecen como directores los empresarios Acosta y Ferreyra. La compañía no tiene movimientos financieros y solo cuenta con la representación del estudio Espinosa y Cía Abogados, fundada por el jurista experto tributario Jorge Espinoza.

Actualmente Eling S.A. ha enfrentado diversos problemas económicos, a los que suma la presión del gobierno de Macri para reducir el tamaño de las represas en la patagonia argentina, donde el Ejecutivo trasandino tiene una inversión superior a los 13 mil millones de pesos argentinos.

En ese país, además, la empresa estaría siendo investigada en relación a los casos OAS y del empresario Lázaro Báez, que este miércoles cumple un año detenido por evasión tributaria. Consultada por The Clinic Online, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Fiscalía Federal de Buenos Aires, declinó referirse públicamente al tema señalando que se trata de una investigación “aún muy reciente”.

Boletas “argentinas”

La relación entre los Kirchner y MEO comenzó a forjarse en medio de la primera campaña presidencial de éste último, en 2009, cuando el fallecido exmandatario aún era Secretario General de Unasur. En esa calidad, visitó a Enríquez en su casa en 2010. Meses después, Kirchner murió.

La indagatoria sobre las boletas “argentinas” dentro de la causa SQM comenzó luego de la declaración dada por el excontador de Cristián Warner, Jorge Contreras. En ese testimonio del 28 de septiembre de 2016, incluyó información sobre las boletas a OAS y a otras empresas como Eling y Cencosud.

A eso se suma una declaración de la periodista Ana Cisternas, que trabajó en el comando presidencial en 2013, quien señaló que aunque no le constaba, se comentaba entre el equipo de prensa sobre los viajes del candidato a Argentina y México “así que entendíamos que era para solicitar financiamiento”.

Por ese motivo los antecedentes de la investigación los comparten tanto la fiscal Ximena Chong -a cargo de la causa OAS- como el persecutor a cargo del caso SQM, Pablo Gómez. Según fuentes ligadas a ambos casos, Chong estaría evaluando formalizar a Warner y Novoa por las boletas referidas al jet privado que usó MEO en 2013.

Por su parte, Gómez añadiría esas boletas -que sumarían inicialmente 25 millones de pesos- a la causa por delito tributario contra Warner, caso por el que está formalizado, al igual que MEO.

Sin embargo, conocedores del caso señalan que podrían existir más prestaciones de servicios por parte de las empresas de Warner. Lo que queda además sin resolver es cómo el periodista llegó a boletear para el Grupo Eling, tomando en cuenta que ha guardado silencio en sus declaraciones a la fiscalía.

Eso sí, el mismo periodista declaró a El Mercurio en noviembre pasado que “Marco no estaba encima de los temas de financiamiento, eso lo coordinaba yo”.

Actualmente, según relataron cercanos a Enríquez-Ominami, las relaciones con su exjefe de campaña están prácticamente cortadas. Esto, después que el otrora diputado supuestamente se habría enterado de estas boletas al grupo empresarial argentino recién cuando fue requerido por el SII, en noviembre pasado.

Consultado por este diario, tanto la Fiscalía Regional de Valparaíso y el PRO declinaron referirse al tema. La defensa de Cristián Warner, encabezada por el abogado Pelayo Vial, miembro del estudio EH Abogados, no respondió ni devolvió los llamados hasta el cierre de esta edición.

Por su parte, desde el entorno de MEO no quisieron referirse al tema.