¿Cuál es la lectura que haces de la absolución de los imputados?
-Estábamos esperanzados en que iba a existir un veredicto absolutorio. Desde un principio planteamos que no existía ninguna corroboración de lo que José Peralino supuestamente había declarado a la policía, y esto fue algo que el tribunal asumió en su veredicto.

¿Te refieres a la declaración donde Peralino da los nombres de los participantes y luego declaró que fue realizada bajo apremios ilegítimos?
-Claro, esa causa que se sigue investigando.

¿Su declaración era una de las pruebas centrales de la fiscalía?
-José Peralino nunca declaró en el juicio. Las únicas que entraron como pruebas fueron las declaraciones de tres detectives, los dos que encabezaron la investigación y uno que hizo los reconocimientos fotográficos. El punto es que si bien la fiscalía intentó incorporar a través de estos testigos de oídas, la supuesta declaración que dio Peralino, lo cierto es que ningún otro antecedente de los hechos corroboran esas declaraciones. Por ejemplo, Peralino planteaba que eran 30 personas las que habían concurrido al sitio del suceso, pero la prueba daba cuenta de dos huellas de pisadas. También supuestamente las personas habrían asistido en camionetas, sin embargo, ninguno de los carabineros que llegaron al lugar vieron algún tipo de vehículo. Decía que habían atacado la casa por dos áreas, pero solamente se encontró evidencias de uno. Es decir, nada de lo que supuestamente decía se pudo corroborar con antecedentes objetivos que le dieran sustento a dicha declaración.

¿Qué pasó con el tema de los reconocimientos?
-Otro funcionario que estaba a cargo de eso no cumplió ningún protocolo. Dentro de los requisitos que exigen para la fiabilidad de un reconocimiento fotográfico, se tiene que mostrar un set de 10 imágenes, en las cuales hay distractores. Pero el detective que tomó ese procedimiento nunca hizo eso.

Otra prueba era la geolocalización de cuatro imputados en la casa de la machi Francisca Linconao previo al incendio.
-En esos informes había bastantes errores. Los sistemas informáticos de geolocalización que ocupó la PDI fueron descargados de Google Play. Esa prueba científica no fue seria. Se pretendía establecer que cuatro de los once imputados –José Perlino, la machi, y Sergio y José Tralcal- tuvieron una reunión previa en el domicilio de la machi. Eso no era así. La geolocalización ubica a un número telefónico dentro de un radio determinado, pero no en un punto fijo. La machi estaba en su casa, Peralino vive al lado de ella, y respecto de los otros dos se pudo acreditar que también estaban en el mismo radio.

¿No había otras pruebas que vincularan a los acusados con el incendio?
-No, todas las otras pruebas fueron con relación a la existencia de los hechos. Es decir, el tribunal dio por probado que existió un incendio, pero sobre la participación no había nada.

¿Había otras líneas investigativas?
-Sí, en el alegato de apertura, la fiscalía señaló que siguió otras cinco líneas que ya estaban cerradas, y que eso los llevó a concluir que la versión de Peralino era la única que tenía respaldo. Sin embargo, en el mismo juicio, al ser contraexaminados los policías, nos percatamos que eso no era así. Esas investigaciones aún están abiertas. Hay testigos que hablan de la participación de otras personas y camionetas que se vieron en el lugar, hilos que quedaron dando vuelta y no se siguieron.

¿Hubo negligencia en la recopilación de las pruebas?
-Ellos no avanzan un centímetro más allá que las pruebas que condenaron a Celestino Córdova en el 2014, no pudieron probar nada nuevo. Evidentemente acá hay un problema de fondo, que dice relación con los mecanismos que utiliza el ministerio público para sus investigaciones.

¿La muerte de los Luchsinger Mackay no es un delito terrorista?
-A mi juicio es un delito de incendio con resultado de muerte. Eso fue lo que se juzgó en el caso de Celestino Córdova, que había un delito de incendio, pero no uno de carácter terrorista. Me parece bastante absurdo que se critique a esta sala por la resolución, en circunstancias que en el juicio de Celestino fueron otros tres jueces distintos los que dijeron que llegaron al mismo resultado.

¿Es necesario modificar la ley antiterrorista?
-Hay muchas cosas que son necesarias modificar. Esta es una ley que no da pie a las necesidades de Chile. Vulnera muchos estándares, como la presunción de inocencia, y derechos fundamentales, como la intervención de teléfonos.

RACISMO
¿Por qué la fiscalía llevó este caso tan lejos con las pruebas débiles que tenía?
-Acá existe responsabilidad de la fiscalía, porque no pudieron dirigir una investigación de una forma adecuada. Ellos tienen un mandato legal para seguir el principio de objetividad, es decir, que investigan tanto para condenar, como para descartar la participación. Y en este caso nunca se investigó a fondo. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta que estas personas no tenían nada que ver, que no tenían móviles para realizar un incendio. Yo creo que ellos le prometieron a la misma familia Luchsinger un resultado que no podían cumplir.

¿Generaron sobreexpectativas?
-Sí. La fiscalía se empecinó con una tesis y se dejó llevar por prejuicios e ideas preconcebidas acerca de la machi y otros líderes, como el caso de Sergio Catrilaf.

¿De qué habla esta derrota?
-La fiscalía comenzó a buscar a los sospechosos de siempre, a criminalizar la figura de la machi Francisca, una mujer anciana, que es absolutamente imposible que hiciera todo lo que le están imputando. En el caso de mis representados, solamente existía una persona que dijo que eran ellos. En este sistema, una persona puede estar presa por un año y medio solo por lo que dijo otra persona. Eso dice que estamos bastante mal como sistema judicial.

¿Existió racismo de parte de la fiscalía?
-Eso es algo que nosotros planteamos desde un principio. Eso generó mi salida de la defensoría, cuando dije que el fiscal Alberto Chiffelle era racista. Acá no es la primera vez que este mismo equipo investigativo -Chiffelle y Luis Arroyo- realizan investigaciones que no se sustentan en prueba alguna. El trasfondo que hay ahí es la criminalización de las ideas y del legítimo derecho del pueblo mapuche a luchar por su cultura y sus tierras. La fiscalía decía que Sergio Catrilaf era el líder de su territorio y por lo tanto tenía un móvil para cometer un ilícito. Por decir cosas como esa deberían ser mandados a capacitarse.

¿Que los fiscales estudien?
-A los colegas les falta formación en derechos humanos y entender que vivimos una realidad donde existen comunidades indígenas que plantean un proceso de reconstrucción. Eso no significa que exista terrorismo. Acá pasa mucho que los persecutores tienden a mediatizar los casos. Utilizan los medios de comunicación para generar dentro de la opinión pública la convicción de que los imputados son personas culpables, pero cuando uno conoce las carpetas investigativas te das cuenta que nada es así.

¿Quiénes son los responsables de este fracaso?
-El año 2014, Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la utilización de prejuicios y estereotipos en contra de personas mapuches, y por el hecho de homologar sus legítimas demandas territoriales con terrorismo. Los mismos fiscales cuando hacían sus alegatos criminalizaban que alguien tuviera ideas proclives a la demanda mapuche. Ser dirigente era para ellos un indicio claro de que son terroristas. Acá operan muchos prejuicios.

¿Para ti esto es un montaje?
-Yo creo que hay muchos antecedentes que dan cuenta de ello. No solo lo que pasó con Peralino. También está el video de la detención de la machi, donde aparecen policías de civil entrando y saliendo con mochilas, y luego resulta que se encontraron panfletos y un arma.

¿Cuál sería la razón de este montaje?
-Existe una presión política por llegar a un resultado. La fiscalía tenía la carga de dar respuesta a una de las situaciones más graves que han sucedido en la Araucanía, pero las presiones significaron generar una investigación absolutamente parcial, con claros rasgos de prejuicios y racismo. Intentaron llevar a la cárcel a personas sin realizar una investigación objetiva.

¿Hubo presiones desde el ministerio del Interior?
-El ministerio del Interior es querellante. Acá hay una responsabilidad del Estado en lo que le hicieron a estas personas.

CAMPAÑA PIÑERA
Jorge Luchsinger criticó al juez José Ignacio Rau, quien dio el veredicto, por unos comentarios que antiguamente había realizado en redes sociales, donde ironizaba con el terrorismo en la zona. ¿Por qué crees repara en eso ahora?
-El querer personalizar esta decisión respecto al juez Rau es bien débil, porque en otras causas, como la de Guido Carihuentro, él lo condenó a ocho años por el delito de incendio.

Otra cosa que le criticaba Luchsinger fue la vestimenta, la famosa chaqueta roja con que el juez anunció el veredicto.
-El juez tenía chaquetas de todos los colores. A veces usaba una verde, una ropa bien rara. A mí no me gustaba su chaqueta, pero creo que no tiene nada que ver con el caso. En el fondo, como la fiscalía le prometió que iba a llegar a un resultado positivo, Jorge Luchsinger anda buscando ahora explicaciones en otros lugares. Si sus abogados hubieran sido diligentes y consideraban que eso era una causal de imparcialidad, deberían haber ejercido as acciones correspondientes, y no alegar al final, cuando ya perdió.

¿Qué opinión tienes de Jorge Luchsinger?
-Me parece que es una persona que está viviendo un trauma. Ya dos veces ha estado en juicio, reviviendo lo que le sucedió a sus padres. En sus declaraciones él fue bastante honesto, decía que no sabía a ciencia cierta quién había cometido el delito. Yo lamento lo que le pasó, la situación en la que se encuentra viviendo, pero no me parece que a partir de eso se genere otra circunstancia, como su aprovechamiento político. Me parece válido que él participe del comando de Sebastián Piñera, pero utilizar el juicio como una plataforma política no lo considero adecuado.

¿Se utilizó el juicio políticamente desde la campaña de Piñera?
-Claramente, la primera en visitar a Jorge Luchsinger fue Cecilia Morel. Hay una utilización de la derecha para exacerbar la situación que vive la Araucanía.

¿Es una mala señal para las demandas mapuches que Piñera salga electo?
-Ni la Nueva Mayoría, ni la derecha, han sido capaces de enfrentar y hacerse cargo de la situación de los pueblos indígenas. Chile es el único país de Latinoamérica donde no existe reconocimiento constitucional, y el único donde los indígenas son acusados de terrorismo. La misma presidenta Bachelet prometió en el 2006 no utilizar la ley antiterrorista en contra de los pueblos y lo siguió haciendo. Más que un candidato u otro, acá hay un problema de Estado, de falta de políticas y de un desconocimiento de una cultura.

¿Ves en algún candidato ideas que puedan ayudar a solucionar estas demandas?
-Para llegar a espacios de diálogo real no es suficiente que haya uno u otro candidato. Este es un proceso que tiene que ir de cara con las realidades y necesidades de las comunidades. Hoy no veo que existan desde la política electoral clásica, alguien que represente a las comunidades.

¿Y Francisco Huenchumilla?
-Él me parece terrible. En el video en que apareció demostró que no existe una verdadera voluntad de avanzar en consensos y políticas públicas. Él planteaba que había que repartir plata, porque así la gente se quedaba conforme. Fue grosero y burdo. Esto profundiza el conflicto, porque Huenchumilla se posicionaba como una persona que podía generar un puente entre ambos mundos, y al mostrar esta cara genera más desconfianza. Tiene un discurso servil a los intereses de las forestales, que no sólo tienen un conflicto con los pueblos indígenas, sino que también con el medioambiente. Es muy fome lo que pasó con él.

“Si me ven cojeando en la plaza no me crea”, dijo.
-Pasa mucho con la casta política que representa Huenchumilla. Él es de una generación que ha contribuido mucho a la situación de conflicto que hay.