Hoy en Chile los ciudadanos que nos encontramos en el medio libre, hemos sido testigos de las grandes campañas electorales que han levantado particularmente los candidatos a la presidencia, quienes, a través de sus programas de gobierno, buscan dar solución a los problemas que aquejan a la sociedad. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuántas de esas propuestas consideraron la opinión y/o intereses de quienes se encuentran privados de libertad?

En el mismo sentido, ¿es para las autoridades, y para quienes pretenden serlo, relevante lo que ocurre al interior de las cárceles? ¿Sabrán ellos que las y los privados de libertad, al igual que todos nosotros, tienen también preocupaciones que requieren ser atendidas?

La respuesta pareciera ser lógica, y es que el olvido en que vive la población penal es de tal magnitud que ningún sector político ha sabido hacer frente a los problemas y a las condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo actualmente los presos y las presas en nuestro país.

Las personas privadas de libertad no solo son titulares de derechos fundamentales. Son también ciudadanos, habitantes de un barrio, padres, madres, o hijos, usuarios de un sistema de salud y seguridad social, y tienen, como todos nosotros, el derecho a elegir a quienes representen sus ideas en el Congreso, a quienes tomen decisiones en el Gobierno, y a quienes administren los recursos de sus respectivas comunas. Negarle a las presas y presos el derecho a votar en las elecciones populares supone excluir su participación en las decisiones que lo afectan directamente, dentro y fuera de la cárcel, marginándolo aún más de esa sociedad en que decimos querer que se reinserten.

Llama particularmente la atención, de hecho, y ante un inminente nuevo proceso de elecciones, que ningún sector político se pronuncie sobre la restricción de facto que vulnera el derecho a sufragio de quienes, estando privados de libertad, se encuentran legítimamente habilitados para votar. Hablamos particularmente de quienes hoy se encuentran en la cárcel por estar sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva y de quienes se encuentran cumpliendo condena inferior a 3 años, a quienes ni la Constitución ni las leyes los privan de este derecho, sino que esta privación se produce de facto por no habilitarse locales de votación al interior de los establecimientos penales.

La Corte Suprema, así como también distintas Cortes de Apelaciones del país, ya se han pronunciado a tal efecto, calificando las actuaciones de Gendarmería de Chile y el Servicio Electoral de Chile como ilegales y arbitrarias al impedir, elección tras elección, que las personas presas habilitadas puedan sufragar.

Ahora, frente a un inmediato período eleccionario presidencial, nuevamente vemos cómo las instituciones llamadas a generar las condiciones idóneas para que las personas privadas de libertad puedan votar no han tomado una posición activa – como esperábamos que tuvieran- en la generación de condiciones que permitan el legítimo ejercicio de este derecho; situación que viene a evidenciar la nula voluntad de estas instituciones para dar cumplimiento a lo ordenado por nuestros tribunales de justicia Por otro lado, también ha sido posición de Gendarmería de Chile evitar la responsabilidad que supone asumir un proceso eleccionario, esperando en una posición pasiva la iniciativa del otro servicio público involucrado.

Lamentamos la ausencia de voluntad política y práctica para dar cumplimiento a una demanda que ya parece histórica en la población penitenciaria: el reconocimiento del derecho constitucionalmente consagrado a participar en las próximas elecciones. Nos preocupa que desde Gendarmería de Chile y el Servicio Electoral se esté haciendo caso omiso a una resolución judicial emanada del máximo tribunal del país. Las evasivas de Gendarmería ante nuestros reclamos no resuelven ni resolverán el problema, sino que solo vienen a dar una tranquilidad institucional como si se estuviese dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema.

Hacemos público, una vez más, nuestro rechazo a tal pasividad institucional. Excluir de la comunidad política a las personas privadas de libertad impide avanzar en materia de reconocimiento y reivindicación de los derechos de la población penal, tarea que Gendarmería está legalmente llamada a cumplir.

*Coordinador General Leasur