Una de las consecuencias menos esperadas de los escándalos de corrupción y de la operación Huracán ha sido el debate sobre la pertinencia de las tareas investigativas. En principio la institución encargada de la investigación criminal es la PDI, pero por limitaciones de personal e infraestructura se ha permitido que Carabineros avance de forma sólida en su desarrollo. De hecho, en su última cuenta anual se afirma que se realizaron más de 50 mil órdenes de investigar y un número significativo de pericias. ¿Qué implica esta situación? Duplicación de funciones aumenta la rivalidad institucional, la inversión en tecnología, la capacitación e infraestructura, así como diferentes protocolos o métodos de actuación, solo por nombrar algunas complejidades de esta realidad.

La solución no es simple. Considerando que resulta imposible desarmar las capacidades de investigación de Carabineros en el corto plazo, el pragmatismo es necesario para hacer frente a la complejidad de un proceso que sin esa consideración puede terminar con mayores niveles de impunidad en la investigación delictual.

En esa línea, podemos identificar 10 características que definen los procesos de investigación criminal: (a) fiscales definen discrecionalmente qué institución investiga; (b) competencia por los logros en las tareas investigativas; (c) concentración de investigación en casos con imputado conocido; (d) denuncias por delitos cotidianos (hurtos y robos) mayoritariamente se archivan; (e) las tres instituciones han desarrollado áreas de análisis criminal, y no se ha evidenciado claramente su efectividad; (f) duplicación en formación de peritos y falta de especialización delictual; (g) delitos complejos en regiones enfrentan situaciones de menor especialización; (h) escasa articulación en la presentación de la información; (i) bajo nivel de intercambio de las prácticas prometedoras o efectivas y (j) limitada preocupación y atención de la víctima.

Avanzar en una definición efectiva de las responsabilidades investigativas es urgente. Dado que el principal objetivo de Carabineros es la prevención, consideramos que lo más adecuado sería focalizar su atención sobre los delitos cotidianos, los robos, hurtos y algunas lesiones que ocurren cotidianamente en los espacios públicos de nuestro país. No sólo porque puede responder de forma más ágil e inmediata, sino porque esta priorización les permitiría realizar análisis criminal que lleve a aumentar detenciones y posiblemente condenas o a adaptar las estrategias de patrullaje. Asimismo, y dado que se vincularían con preocupaciones y ataques más cotidianos, podrían construir una relación de mayor y mejor calidad con las víctimas, estableciendo, en conjunto con el Ministerio Público, mecanismos para evitar la revictimización, incluyendo una posible coordinación con los mecanismos locales de seguridad municipal.
La PDI también se vería afectada, debiendo dejar de lado las tareas preventivas que por muchos años ha desarrollado sin mayor éxito. Los detectives son formados para investigar, y por ello, dejar de lado los patrullajes y otras tareas preventivas resulta fundamental.

Por otro lado, es necesario aumentar la preocupación por la delincuencia organizada, así como aquellos delitos llamados de cuello blanco. Las tareas de investigación de estos delitos podrían recaer principalmente en la PDI que deberá aumentar los niveles de resolución y efectividad de casos vinculados con narcotráfico, trata de personas, estafas, corrupción, entre otros.

No se puede seguir avanzando duplicando labores o escondiendo información. Se torna urgente conocer cuál es la dotación policial destinada para la investigación en cada comuna, reconocer las especialidades, potenciar las pericias, fortalecer el análisis criminal y terminar con la competencia. Redefinir indicadores de éxito para todos los involucrados y avanzar definiendo estrategias para disminuir la impunidad. Sin duda esta priorización tendrá consecuencias en la forma como el Ministerio Público organiza su trabajo cotidiano, no sólo en la definición de las responsabilidades institucionales por cada tipo criminal sino también en el seguimiento de los casos y la definición de una verdadera política criminal. Algo que hoy es evidente que no tenemos.

[1] Académica de la Universidad de Santiago de Chile
[2] Académica de Derecho UC