ILUSTRACIÓN POR @BENJAILUSTRA
Fotos por Jonás Romero Sánchez

La cita, a pesar de ser un poco más modesta que los años anteriores, no dejaba de ser aparatosa: un escenario con gigantografías del logo comunal dispuestos tras un escenario pintado de violeta, con las máximas autoridades de la comuna frente a cientos de asientos vacíos en el Balneario Municipal. Al centro del escenario, el edil René De La Vega iniciaba su segunda cuenta pública al mando del municipio de Conchalí. Era el mediodía del jueves 26 de abril de 2018.

Cuando el alcalde acabó su presentación, seis de los ocho concejales se pusieron de pie, exhibiendo carteles hasta entonces ocultos: “no más acoso laboral”, “con el patrimonio de Conchalí no se juega” y “no más acoso sexual”, rezaban las consignas.

Lejos de allí, desde su casa en Ñuñoa, la geógrafa Carolina Muñoz Elgueta (41) seguía la ceremonia gracias a una transmisión en vivo de un medio local. A pesar de ser la asesora urbanista de la comuna, hace más de dos meses que no pone un pie en el Municipio de Conchalí.

—Me sentía nerviosa, impotente—, reconoce hoy.

Como ella, son decenas los funcionarios que han ingresado demandas ante juzgados del trabajo, recursos ante Contraloría o iniciado investigaciones sumarias, por lo que consideran ha sido una gestión plagada de decisiones arbitrarias, discriminaciones políticas y narcisismo exacerbado. Muchas de ellas, según constató The Clinic, han culminado con indemnizaciones millonarias en contra del municipio.

Entre las causas, se cuentan una denuncia por acoso sexual contra uno de los hombres de confianza de De La Vega.
—El alcalde no ha sabido conducir bien el Municipio. Hay situaciones gravísimas que atentan contra la dignidad de las personas y el patrimonio municipal—, asegura Grace Arcos, una de las concejalas que se hizo parte de la protesta.

Aunque la acción de los concejales pasó prácticamente inadvertida, para muchos funcionarios significó un espaldarazo al calvario vivido hace meses al interior del municipio.

Gestión problemática y despidos

Luego de un reñido triunfo obtenido en las últimas elecciones municipales, René de La Vega asumió como máxima autoridad de Conchalí el 6 de diciembre de 2016.
A pesar del perfil mediático del nuevo edil, el constructor civil Cristián Gaete (63), no había oído hablar de él hasta que supo que había ganado la elección.

— De René De La Vega sólo sabía que había sido cantante. Buscando en Youtube, me encontré que su canción se llamaba Chica Rica—, reconoce hoy, sentado en el living de su casa.
La primera impresión que De La Vega causó en Gaete, no fue la mejor. “Me citó a su oficina junto al que era mi jefe, el director de Obras Municipales, René Alfaro”, recuerda.

La cita, rememora, fue solicitada por el propio alcalde, para pedirles explicaciones por la aprobación de una botillería en uno de los pasajes de la comuna. “Esta cuestión es inaceptable, ustedes no tienen idea”, les habría dicho De La Vega a ambos funcionarios con una trayectoria de más de 35 años en la Dirección de Obras del Municipio (DOM).

— Estábamos los tres, solos, y nos trató muy mal, como ignorantes. Salimos y le dije a Alfaro “este gallo es peligroso”—, recuerda Gaete.

Una entrevista publicada por Las Últimas Noticias, el 12 de enero de 2017, el alcalde dejaba entrever el carácter de su gestión. “Siempre hay funcionarios fantasmas, o poco comprometidos con la gestión municipal (…) ya partimos con la no renovación de 20 contratos y estamos evaluando cada uno de los nuevos departamentos (…) se trata de la no renovación de contratos, no son despidos”, señaló.

Dicho y hecho. En los primeros meses de 2017, la Municipalidad mandató desvincular a una treintena de funcionarios a contrata. Primero, en el decreto alcaldicio N°59, de fecha 31 de enero (13 trabajadores), Luego, el 31 de marzo de 2017, la circular N°284 ordenó poner término anticipado de contrata a otros 13 funcionarios municipales.
En pocas semanas, la primera intuición de Gaete ya se había confirmado. La situación, según cuenta, empeoró tras una reunión que de La Vega sostuvo con todo el equipo de la DOM. “Yo quiero que las cosas se hagan a la pinta mía. Yo soy el que manda aquí, y si no me hacen caso, voy a hacerle sumario a todos”, les habría dicho.

Destituciones arbitrarias

Hace pocas semanas, la asesora urbanística Carolina Muñoz presentó una denuncia por tutela laboral en contra de la Ilustre Municipalidad de Conchalí y de su alcalde, la cual se suma a los más de 10 recursos por despido injustificado y vulneración de derechos, a los que pudo acceder The Clinic.
En la demanda de Carolina, se imputa directamente a De La Vega por actos de “permanente y sistemático hostigamiento y agresión”.

Pero esta no es la primera batalla legal de Muñoz. Ante la Corte de Apelaciones, la profesional ya le había doblado la mano al edil en 2017, logrando la restitución de su puesto tras haber sido removida de su cargo –vía decreto alcaldicio- mientras se encontraba convaleciente por un aborto espontáneo.
Geógrafa y magíster en Desarrollo Urbano de la PUC, Muñoz llegó al municipio vía concurso el año 2009 y, desde el año siguiente, figuró como trabajadora de planta.

Cuando se anunció el triunfo de de La Vega, el alcalde saliente, Carlos Sottolichio, lo llevó a la casona municipal para presentarle al personal. Al llegar a la pequeña oficina que Carolina y una colega compartían en la casona patrimonial de Independencia #3499, les inquirió: “¿ustedes no están muy solas acá?”.
Una semana después, ya asumido como alcalde, de La Vega volvió a visitar la oficina de Muñoz para informarles que “ya no podían seguir trabajando ahí”. “Nos dijo que teníamos que trasladarnos a la Secretaría de Planificación (Secpla) lo antes posible”, sostiene Muñoz.

—Yo quedé helada. ¿Cómo un alcalde va a ir personalmente a tu oficina a decirte que te vayas? Para esa clase de trabajo hay otras personas en el Municipio —, rememora.
El alcalde siguió frecuentando el despacho de Muñoz. Una, dos y hasta tres veces a la semana, con la misma pregunta: “¿Por qué no se han ido de esta oficina aún? ¿Qué sucede?”.

Pero Carolina no alcanzó a dejar su despacho. Poco tiempo después, De La Vega ordenó trasladar a toda la Secpla desde la casona hasta el Auditorio Municipal, ubicado en otro edificio. “Fue muy raro, porque ese era el Auditorio de la Municipalidad. Si venía un presidente o había algún acto oficial ése era el lugar”, relata Muñoz.
Del viejo auditorio no quedaba nada. El alcalde –arquitecto de profesión- había diseñado una nueva disposición para albergar a todos los trabajadores de la Secpla. “Los escritorios daban la espalda a una gran pecera, que era donde estaba el director. Era como una fábrica textil antigua, donde el jefe miraba si la gente trabajaba o no”, bromea hoy Muñoz.

“Cuando el alcalde visitó la nueva oficina, nos miró y nos dijo ‘así me gustaría haberlos visto, como un call center’”, acota la funcionaria.

Ya instalada en la nueva dependencia, Carolina concurrió a un control de rutina por su embarazo. Según consta en el recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones, en mayo de 2017, los hechos sucedieron así:
“En el curso de los últimos días de marzo, presentando un embarazo de 7 semanas, (Carolina) concurrió a un control de rutina, en donde se le informó que presentaba un cuadro de aborto retenido, siendo necesario realizar un procedimiento quirúrgico, por lo que la recurrente solicita al Secretario Municipal, abogado Daniel Bastías, suspender la presentación del plan regulador (…) pidiéndole que le comunicara de su situación al alcalde”.
Cuando retornó a su trabajo y, sin haber recibido notificación alguna, Carolina se enteró que el alcalde había instruido destituirla el mismo día de su procedimiento médico. Mediante decreto, ordenó la designación de Narval Ansaldo en calidad de Asesor Urbanista. “Cuando volví a trabajar, me informaron que ya no tenía mi puesto, y que en cambio me habían destinado a atención ciudadana”, cuenta.

Un mes después de ingresar el recurso, en mayo de 2017, la Corte ordenó al municipio restituir a Muñoz sus funciones. Los ministros estimaron que la autoridad administrativa municipal, es decir, el alcalde, “decidió (…) dejar sin efecto el nombramiento aludido, sin justificar ni sustentar la decisión (…) si bien no se desconoce que la autoridad tiene tal facultad; no puede aceptarse la discrecionalidad administrativa; por ello si un acto administrativo nace sin un motivo que lo justifique, es simplemente arbitrario”.

—Cuando volví a mi puesto, el más perjudicado fue Narval. Él no tenía la culpa, y debió quedarse ahí, sin que le asignaran trabajos de ningún tipo, hasta que fue despedido. Era una situación inverosímil—, rememora Carolina.

Reincorporaciones

Como Carolina, fueron muchos los funcionarios –de planta y a contrata- quienes iniciaron acciones por despidos que consideraban injustificados y arbitrarios.

Margarita Soto, funcionaria de planta desde 1997, demandó al Municipio tras haber sido desvinculada –sin indemnización- mediante decreto alcaldicio por “salud incompatible con su cargo”. Soto sufría, hace seis años, de diabetes tipo 2. Actualmente su caso está siendo litigado en la Corte de Apelaciones.

Violeta del Carmen Espinosa, secretaria con 22 años en la Municipalidad y con excelentes recomendaciones de su jefatura directa –como consta en la denuncia-, fue desvinculada mediante otro decreto alcaldicio, a seis meses de obtener su jubilación. Lo curioso, es que este despido se produjo incluso luego de un primer rechazo de la Dirección de Control del Municipio, la que acusó “falta de acreditación”. Finalmente, Violeta Espinosa llegó a acuerdo extrajudicial, por 4 millones de pesos.

—Además, del daño a la dignidad humana, el daño al patrimonio es evidente. Por cada despido injustificado que el alcalde termina perdiendo en tribunales, hay que pagar—, sostiene María Guajardo, concejala PS.
Sucesivamente, dictámenes de Contraloría, y fallos en los Tribunales Laborales de Santiago ordenaron el reintegro de una serie de trabajadores.

El problema vino cuando a estos reintegros se sumó un nuevo decreto alcaldicio (N°386), fechado el 8 de mayo de 2017, mediante el cual se designó la contrata de 93 personas, 60 de las cuales eran funcionarios traídos por la nueva administración.

Esto generó un imprevisto dolor de cabeza para la alcaldía. Ahora había cargos municipales que contaban con dos trabajadores. Ello derivó en nuevos despidos o “cese anticipado de contrata”, los que, irónicamente, también se volvieron contra el alcalde.

Por ejemplo, Narval Ansaldo, el profesional que llegó a reemplazar a Carolina Muñoz cuando ella se encontraba convaleciente, fue “cesado” cuando esta regresó a su puesto original. Ansaldo decidió demandar al Municipio. Y ganó. El tribunal ordenó a la Municipalidad pagar cerca de 13 millones de pesos en indemnización, por “vulnerar su derecho a la no discriminación arbitraria”, además de la colocación de afiches en dependencias públicas, donde el edil reconociera que había obrado de mala forma.

Acoso sexual del “protegido”

Miguel Moraga Toro fue designado como Administrador Municipal el 12 de enero de 2016, a poco más de un mes de la llegada de la nueva administración. Cargo que ocupó hasta octubre del año pasado, cuando el Concejo Municipal convocó a una sesión especial para votar su destitución en el cargo.

—Definimos eso a propósito de denuncias por hostigamiento laboral a sus subordinados, y por malas decisiones en su administración. Yo misma vi cómo insultó a una trabajadora durante un concejo municipal—, afirma Grace Arcos.
Pero un día antes de la votación, afirma la concejala, “llegó el alcalde para anunciarnos que había trasladado a Moraga al departamento de Seguridad Pública”.

—Fue una forma de protegerlo. Miguel Moraga es el hombre de más absoluta confianza del alcalde—, complementa la concejala María Guajardo.

Pero las acusaciones contra Moraga no se detuvieron ahí. El 26 de marzo de este año, la trabajadora social Bárbara Vergara Tapia escribió una carta al alcalde –la que actualmente circula por los whatsapp de los funcionarios-, donde denunciaba a Moraga de conductas de “acoso” y “miradas morbosas” a ella, su subalterna.

“Sin descaro dirige su mirada a mis senos, cada vez que me saluda me aprieta hacia su cuerpo (…) y susurra cumplidos a mi oído (…) Cada reunión que me cita es una tortura”, reza la misiva, que sigue, “él amenaza con impedir que asuma un cargo en la planta (nunca lo he pedido) por el hecho de yo no querer acceder a sus invitaciones a lugares íntimos”.

La carta de Bárbara culmina con un pedido de ayuda al alcalde. “ya sea por acosos sexuales o maltrato laboral, el aludido de manera descarada ocupa su nombre para inculcar miedo (…) ha creado una red de terror para hacernos callar”.

Se abrió una investigación sumaria, a cargo de la asesora jurídica y persona de confianza del alcalde. La denunciante, por otro lado, pidió a Contraloría abrir un proceso paralelo, ante la duda del iniciado por el alcalde.

Como si fuera poco, el 30 de abril recién pasado, Bárbara recibió por teléfono la noticia de que tanto su contrata como la de su secretaria no habían sido renovadas. En una carta enviada a su domicilio, semanas después, se leía en apenas un párrafo: “Junto con saludarle, cumplo con informar que de acuerdo al decreto N°933, su contrata Grado 11°, Escalafón Profesional, termina el 30 de abril, por el solo ministerio de la Ley”.

—Yo no quiero volver a ese lugar, menos con ese tipo de personas—, reconoce hoy Bárbara, quien ya presentó una demanda por vulneración de derechos laborales.

“René De La Vega tiene un ego exacerbado, no acepta que las personas tengan una opinión distinta a la suya. O estás con él o eres su enemigo”, dice Bárbara. “Pienso que es una persona sin sentimientos. Nunca recibí respuesta alguna a mi carta, mucho menos tras mi despido”, finaliza.

Hasta la fecha, la investigación del alcalde no ha tomado declaración de la denunciante.

“Aquí estamos todos tiritando”

Luego de que lo destituyeran de su trabajo y lo enviaran a trabajar en un rincón de la DOM, Cristián Gaete solicitó una serie de licencias que lo dejaron en una encrucijada. No se sentía listo para volver y, tras consultarlo con su siquiatra, decidió renunciar al Municipio. “Al final, tiré a la chuña los años de antigüedad. Mi salud estaba en serio peligro”, dice hoy, acompañado de su esposa.

Las palabras escogidas por Gaete no son al azar. Muchos de sus antiguos compañeros también sufrieron episodios de estrés, que los llevaron a renunciar o a extender licencias siquiátricas durante 2017. Entre ellos estaba su jefe en la DOM, René Alfaro, quien falleció de forma repentina a finales del año pasado.

— Ni siquiera fui capaz de ir a su funeral—, se lamenta hoy Gaete. Habían trabajado juntos por 35 años. —Era un hombre bueno, honrado—, añade.

Carolina Muñoz, por otra parte, permanece en su lucha por volver a su puesto en el Municipio. Parte de su trabajo, dice, es revisar las declaraciones de impacto ambiental de empresas e inmobiliarias que pretenden instalarse en la comuna. “Si no hay asesora urbanista, las inmobiliarias tienen chipe libre”, asegura.

“No lo hago sólo por recuperar mi trabajo en la Municipalidad, sino que para recuperar mi cargo como asesora urbana. Puede vender la comuna, y puede quedar la embarrada, como en Estación Central”, afirma.

Gaete, quien ha tenido meses para recuperarse y sopesar lo vivido con De La Vega, tiene su propia teoría. “Ese gallo es malo. Y también narcisista. Si lo piensas, reúne todos los síntomas: no escucha a nadie, toma decisiones erradas y no le importa llegar hasta el final. Él ha hecho daño a muchas personas”, concluye.

Entonces, desde el living de la casa que pronto tendrá que abandonar, Carlos Gaete recuerda la última visita que hizo a la que fuera su oficina por tres décadas. A mediados del 2017, Gaete debía timbrar algunos documentos de la Mutual. “A la salida aproveché de conversar con uno de los guardias, a quien conozco hace años”, relata.
— ¿Y cómo van las cosas?—, le dijo al portero.

—Mal po’—, respondió este con tristeza. Y bajando un poco la voz, agregó: —Aquí estamos todos tiritando—.
The Clinic intentó obtener una respuesta del municipio y del propio alcalde de La Vega respecto a las denuncias aquí expuestas. Hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.