En días en que los problemas, cuidados y protecciones (o falta de) de la niñez y adolescencia ocupan parte importante de la agenda nacional, llena de reproches, merecidos, a la impericia, por lo bajo, con que se han abordado hasta ahora en todos los gobiernos y desde hace décadas, resulta oportuno dedicar unas líneas a analizar la problemática en lo que dice relación con la delincuencia y la seguridad.

Si bien la dictación de la ley de responsabilidad penal adolescente en el 2005 supuso un avance indudable en materia de reconocimiento de los derechos de la niñez en este ámbito, se pudo advertir que también desde un inicio quedó en deuda en muchos aspectos, la que no ha sido saldada aún.

Y por ello, se puede afirmar que el actual sistema ni previene ni reinserta, desperdiciando oportunidades y vidas.

La reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename), planteada desde hace lustros, no se ha concretado y subsiste aún hoy la dualidad de objetivos, entre la protección de los niños y adolescentes y la preocupación por la reinserción de los adolescentes infractores, sin que haya sido posible la convivencia equilibrada de fines, en favor de los derechos de la niñez en todas las etapas.

La vulneración grave de los derechos y garantías de los niños a temprana edad y exposición a factores de riesgo sin protecciones adecuadas, son antecedentes en la mayoría de los casos de adolescentes infractores, que los han iniciado en una vida antisocial. Y no obstante arrastrar una historia de vida que los transforma en víctimas, por los abusos, los descuidos y las deprivaciones que han experimentado, el sistema los ataca con más violencia y encierro, sin priorizar la necesidad de considerar apropiadamente su desarrollo y bienestar y trabajar en su inserción (difícil hablar de “reinserción”), otorgando finalmente oportunidades que resguarden efectivamente sus derechos, sin permitir una espiral sin fin de atropellos.

Por ello, resulta urgente y prioritaria la discusión y aprobación del Proyecto de ley, que pretende la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social de Adolescentes, como una “entidad pública especializada y altamente calificada que asuma responsabilidad directa, en coordinación con las demás agencias del Estado, por el proceso de reinserción social de cada adolescente infractor (…) a partir de la división del actual Servicio Nacional de Menores (SENAME)”, como indica su mensaje.

Este servicio es el que deberá administrar y ejecutar las medidas y sanciones de la ley de responsabilidad penal adolescente así como implementar las políticas intersectoriales y el desarrollo de programas que contribuyan de integración social de los jóvenes infractores.

Señala el proyecto que las máximas autoridades de este nuevo Servicio serán  seleccionadas y nombradas de conformidad con el Sistema de Alta Dirección Pública, lo que hace años debió haber ocurrido, evitando la politización de materias tan sensibles, entregando la gestión y dirección del mismo a quien técnicamente esté preparado para tamaño desafío.

Por otra parte, la exigencia de especialización de los operadores en justicia juvenil que es justamente uno de los déficits desde siempre advertidos y escasa o nulamente atendido, es otra de las exigencias de las modificaciones propuestas y que debe hacerse realidad.

El foco en la reinserción de nuestros jóvenes, debe considerar aquellas experiencias que han demostrado ser exitosas, como los proyectos que ponen el acento en la reinserción laboral, de los que vale la pena destacar el de la Fundación Proyecto B (1), porque son una “vuelta de tuerca” a la estrechez de mirada con la que histórica y prejuiciosamente hemos actuado.

Por su parte, la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que tendrá por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, de acuerdo a la Constitución, a los tratados y a la legislación, es también una oportunidad de dar un giro a nuestra mirada, velando integralmente por nuestros niños, niñas y adolescentes.

Se requieren cambios urgentes, coordinados, consistentes y profundos, pero el viento parece soplar a nuestro favor. O en favor de ellos y ellas, que tan desesperadamente lo requieren.

*Paula Vial es Presidenta del Directorio de la Fundación Proyecto B.

*Lucía Dammert es Académica de la Universidad de Santiago de Chile.